Villalba fue condenado en febrero por su supuesta participación en la retención de un vehículo de la Fiscalía que en 2008 investigaba la denuncia de los propietarios de una finca dedicada al cultivo de soja en colonia Pindó.

En esta propiedad, los campesinos protestaban aduciendo que los dueños estaban fumigando sin las mínimas medidas de seguridad.

El labriego fue condenado a 7 años de prisión por los delitos de “privación ilegítima de libertad, coacción y coacción grave” por su supuesta intervención en el conocido como “caso Pindó”.

La sentencia fue apelada esta semana debido a que se presentaron “irregularidades” durante el proceso, según Noguera.

Argumentó que los delitos imputados a Villalba ya han prescrito, debido a que desde la fecha del presunto hecho punible, en 2008, ya transcurrieron más de seis años, el doble de tiempo que la duración de la pena mínima exigible.

Además, Noguera afirmó que el juzgado sólo prestó atención a los testimonios presentados por la Fiscalía, y desdeñó a los testigos aportados por la defensa.

Criticó además que las únicas pruebas presentadas por la acusación fueran esos mismos testigos, “sin aportar pruebas científicas, peritaje de armas, fotografías del vehículo retenido o exámenes médicos de las personas que fueron retenidas”.

El conocido como “caso Pindó” fue reabierto el pasado mes de abril, cuando Villalba, que se encontraba en prisión preventiva por su presunta implicación en la masacre de Curuguaty, iba a ser beneficiado con una medida de arresto domiciliario.

Las autoridades revocaron la medida al encontrar que Villalba estaba implicado en una causa de 2008, y solicitaron su reingreso en Tacumbú, donde el campesino había pasado 58 días en huelga de hambre para solicitar su libertad. Desde entonces, Villalba se mantiene en prisión preventiva por esta causa.

En total, y tras su arresto en septiembre de 2012 por la masacre de Curuguaty, Villalba acumula 29 meses en prisión preventiva y tres huelgas de hambre, según su defensa.

La matanza en Curuguaty de once campesinos y seis policías ocurrió en un enfrentamiento durante un desalojo irregular de campesinos que habían ocupado una finca que querían que formara parte de la reforma agraria.

Los sucesos llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del presidente Lugo, tras un controvertido juicio político.

Los trece campesinos acusados de los sucesos se enfrentan a cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once campesinos.

La denuncia refiere que Andrés Gubetich firmó contratos de compraventa sobre 4 inmuebles comprometiéndose a transferirlos libre de gravámenes al denunciante, Eustacio Rojas.

Sin embargo, uno de los inmuebles estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro ya estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero.

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El abogado José Fernández Zacur, explicó a Universo 970 AM de Nación Media, que en todos los casos recibió entregas dinerarias y pagarés o cheques que descontó dejando al comprador con las deudas.

Al respecto de la participación de su esposa, María Rosa Araujo, el abogado explicó que los bienes eran gananciales al momento de las “ventas” y la mujer omitió suscribir los contratos frustrando cualquier reclamación civil por cumplimiento contractual.

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Asimismo, el abogado enfatizó que el matrimonio Gubetich - Araujo utilizó al sistema financiero para descontar varios de los títulos de crédito provenientes de la estafa. El perjuicio asciende a cerca de U$s. 2.400.000.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, con la creación de esta cuenta, los recursos estarán disponibles y blindados durante todo el 2024.

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Para este año, ya se depositó en la misma 14,7 millones de dólares pertenecientes al saldo actual. Cada año se realizarán los depósitos correspondientes.

“Esta medida asegura que las universidades públicas contarán con los recursos necesarios de manera inmediata y garantizada en la cuenta mencionada, para la ejecución total del Arancel cero, beneficiando a estudiantes y familias de todo el país”, expresa parte del comunicado del MEF.

El lunes pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el documento que reglamenta la gratuidad universitaria y prometió que el Arancel Cero no se verá afectado durante su gobierno.

El Gobierno ya había anunciado que el programa estaba completamente garantizado con la ley modificada en la Cámara de Diputados y promulgada por el Ejecutivo. Ahora, aseguran que el blindaje se refuerza todavía más al crear una cuenta única y exclusiva para el dinero del Arancel Cero.

Esto ocurre al mismo tiempo que representantes del Gobierno y autoridades de las universidades públicas convocan a una mesa de diálogo con los estudiantes en paro para este viernes. Buscan disipar dudas y hablar sobre el aseguramiento del arancel cero y proyectos previamente financiados por el Fonacide.

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La doctora Norma Arévalos, coordinadora del Departamento de Trasplante Renal, señaló que la mujer estuvo recibiendo tratamiento de hemodiálisis por 2 años y medio, tres veces por semana en sesiones de cuatro horas cada una, a causa de una enfermedad renal crónica de etiología no filiada. El trasplante le permitirá dejar de depender de la máquina con lo cual no solo mejora su calidad de vida sino también tendrá más tiempo para dedicarse a su pasión que es la artesanía y con el cual se gana la vida.

Gracias a su ángel donante procedente del Hospital del Trauma, con 31 años de edad, dejará de depender de una máquina y tendrá calidad de vida.

Por su parte el doctor Agustín Saldívar comentó que contaron con el apoyo de la INAT y que no solamente los médicos especialistas están involucrados con cada trasplante sino todo un equipo multidisciplinario que abarca a licenciadas, circulantes, instrumentadoras quirúrgicas, además de médicos en formación.

Por otro lado, manifestó que los médicos están preocupados por el financiamiento de la ley Anita, porque con ella se tenía garantía de que los pacientes no tenían que pagar el alto costo de los insumos y medicamentos. Añadió que quisieran que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta que dentro del paquete que afecta al Arancel 0 también está esta normativa.

Participó del procedimiento un equipo multidisciplinario integrado por nefrólogos, urólogos, cirujanos vasculares, anestesiólogos, terapistas. Igualmente, residentes en formación de cada especialidad, equipo de enfermería, Banco de Sangre, Laboratorio, Farmacia, y asistentes, entre otros.