“Como quiera que el volumen de los elementos dados en traslado por la Fiscalía Delegada para el presente caso es tan voluminoso, la defensa y su equipo aún no han terminado de analizar los mismos (…) y para la fecha de la audiencia 24/11/2022, no será posible estar listos”, dijo la defensa en la solicitud que fue acogida por Luis Machado, juez cuarto penal del circuito de conocimiento de Cartagena de Indias.

Pecci, uno de los fiscales antimafia más importantes de Paraguay, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una moto acuática cuando estaba de luna de miel en la playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a Cartagena de Indias, el 10 de mayo pasado.

La defensa de Correa explicó en un memorial dirigido al juez que este aplazamiento, el segundo que pide, no puede considerarse una “maniobra dilatoria ya que no lo es y en cambio sí una labor propia de la defensa”.

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Por su lado, el apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, dijo que la audiencia será el 20 de febrero de 2023.

La Fiscalía colombiana acusó formalmente en agosto pasado a Correa Galeano por el asesinato del fiscal Pecci y según Bernate este se declaró inocente en una audiencia previa y debe ir a juicio como presunto “responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado”.

Las autoridades detuvieron en operativos realizados en Medellín el pasado junio a Correa Galeano y otras cuatro personas por el homicidio.

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Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño aceptaron los cargos y tras llegar a un acuerdo, un juzgado de Colombia los condenó en junio pasado a más de 23 años de cárcel en una sentencia que inicialmente era de 47 años, pero fue reducida a la mitad después de que los acusados aceptaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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