Durante las elecciones, el proceso electoral culmina con el día de la votación y con el escrutinio público y fiscalizado, que consiste en que, el presidente de mesa muestra el boletín que se utilizó, lo pasa por la urna y en la urna aparece el voto que está impreso en el boletín, ahí tenemos el primer mecanismo del control

Luego, se imprimen las actas de escrutinio, los certificados de resultados que se entregan a los apoderados e interesados en general, se cierran los sobres, se lacran, se envían al TSJE

“Supongamos que en la mesa uno de un colegio, la candidata A tuvo 200 votos y el candidato B 100 votos. ¿Hubo reclamo en mesa? No, porque todos coincidimos que esos son los resultados de la mesa, pero cuando vamos a la JE encontramos que B tuvo 300 y A 0. Algo no está bien o el acta es falsa o se adulteró de alguna forma, esa es una de las denuncias”, dijo Careaga, a modo de ejemplo.

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En un caso así, la manera correcta de impugnar es mediante la presentación del certificado de resultado, contrastándolo con el acta en manos del TSJE.

En tal sentido, se puede solicitar la apertura del Sobre 4, pero, en el marco de una impugnación por falsificación de acta de escrutinio.

“El cómputo provisorio, el juzgamiento de acta definitiva y la proclamación son un procedimiento reglado, tenemos que ser serios con las impugnaciones, no es que la doctora Polo ni Laura en América deciden, no puedo pedir que se abra aleatoriamente el Sobre 4, porque la ley me dice que se hace en cada etapa, porque no está permitido el recuento, es una cachafacería”, afirmó.

Insistió en que no corresponde abrir aleatoriamente el Sobre 4 en el 10 % de las mesas, porque lo que dice la ley es que, la apertura se hace sobre el juzgamiento de actas, por lo tanto, si no existe impugnación, no tiene sentido abrir el sobre.

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El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y salariales de los asistentes fiscales; y fue aprobado con modificaciones, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

El documento, inicialmente, proponía que los asistentes fiscales reciban un salario mensual equivalente al 65 % del correspondiente a los fiscales, más las bonificaciones asociadas al cargo.

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La titular de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, sugirió una modificación en la propuesta y reducir la tasa de equivalencia al 60 % del sueldo básico mensual que tienen los agentes fiscales.

Según coincidieron varios legisladores, los asistentes fiscales desempeñan un papel crucial en el sistema de justicia, pues actúan como intermediarios entre los abogados y los fiscales; e impulsan la tramitación de denuncias penales.

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En ese mismo sentido, indicaron que a pesar de la importancia de la labor, hoy en día, la remuneración de los asistentes fiscales no refleja la complejidad de sus responsabilidades.

El plenario aprobó la iniciativa con la sugerencia señalada y la misma será remitida a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional.

El agente fiscal de San Juan Bautista, Eduardo Alegre, imputó a Mario Hugo Villagra Galeano, Carla Paola Fernández, Blas Emmanuel Amarilla Bresanovick y Ada Luz Aceval Mazacote por la presunta estafa a un agricultor de Misiones.

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Los mismos son sospechosos de apropiarse de G. 170 millones que la Ande otorgó a don Eliseo Quiroz en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la utilización de parte de su terreno donde cruza la línea de 500 kV.

La denuncia fue presentada por Quiroz luego de que se diera a conocer el caso de las dos familias estafadas en Caaguazú también con indemnización de la ANDE.

Mencionó que no recibió ningún monto, mientras que en las planillas de la ANDE figura que percibió la citada suma a través de sus supuestos representantes, quienes están imputados en la causa.

Ada Luz Aceval Mazacote, escribana de San Juan, fue imputada por presunta producción de documento público de contenido falso. Supuestamente, ella otorgó el poder especial a Mario Hugo Villagra. Ambos están procesados.

Por otra parte, la abogada Carla Paola Fernández fue imputada bajo la figura de instigadora debido a que la misma lleva varios casos de demanda contra la ANDE, y Blas Emmanuel Amarilla Bresanovick, directivo de una universidad privada de San Juan Bautista, quien es funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias, está imputado en carácter de cómplice.

El sector afectado es el Pabellón C Alta, que será refaccionado y mientras eso ocurra las reos que ocupaban el área serán reubicadas en otros pabellones.

Cabe mencionar que, hoy operarios de la Gobernación del Alto Paraná y la población penitenciaria continuaban con los trabajos de limpieza tras el incendio.

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El trabajo de verificación fue realizado por el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez Salinas, quien se dirigió al sitio del siniestro apenas se tomó conocimiento del hecho.

El viceministro Benítez estuvo acompañado de la directora de Obras, del Ministerio de Justicia, Arq. Stella Azuaga, hicieron la verificación in situ de la zona afectada, la valoración de daños y ya elevaron al ministro Rodrigo Nicora las acciones propuestas para las refacciones.