Hace unos días trascendió la información de que la Receita Federal del Brasil había decidido imponer un arancel extra Mercosur a las autopartes fabricadas en Paraguay bajo el régimen de maquila.

Esta decisión trajo preocupación en el sector de las empresas autopartistas, quienes creen que esta medida podría terminar “matando el negocio” y generando pérdidas millonarias, sin contar con los miles de puestos de trabajo que se verían afectados.

El vicepresidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU), Luis Pereira, manifestó a HOY que este arancel impuesto por la Receita brasileña no tiene incidencia directa en el rubro de las importaciones de automóviles vía Chile, aunque dijo que lo que sí les afecta es la condición que ponen desde Brasil para aplicar a Paraguay sus aranceles.

A su criterio, el trasfondo de toda esta cuestión es la supuesta intención de eliminar la importación de vehículos usados, la cual estaría siendo impulsada por los importadores de vehículos 0 Km agremiados en la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM).

“Toda la vida intentaron hacer esto. Esto ya es una lucha de todo el tiempo, desde siempre CADAM intentó eliminar la importación de usados”, expresó, al tiempo de afirmar que esto podría considerarse como una abierta persecución.

El vicepresidente del CIVU comentó que esta no es la primera vez que desde CADAM están tratando de sacarlos del negocio, dado que ya habían hecho un intento similar durante los gobiernos de Fernando Lugo y Horacio Cartes al buscar un acuerdo automotriz con el Brasil para frenar la importación de vehículos usados. En aquellas oportunidades, se logró dejar en ‘stand by’ la decisión, permitiendo que sigan trabajando libremente.

“Hasta que aparezca el acuerdo no hay nada definido, por de pronto estamos en pie de guerra”, afirmó Pereira.

El mismo pide que el Gobierno Nacional busque la manera de conversar con ambas partes, tanto con los importantes de vehículos 0 Km como los de vehículos usados, a fin de llegar a un acuerdo y evitar conflictos de este tipo.

A finales de enero, se pondrá en marcha la segunda ronda del Programa de Tutorías Telefónicas para Acelerar los Aprendizajes, la cual está diseñada para reducir el rezago educativo en estudiantes de 4º, 5º y 6º grados.

Esta iniciativa, implementada por la Fundación Dequení con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planea beneficiar a 10.000 estudiantes de 15 departamentos y reforzar sus habilidades en matemáticas y comunicación.

El programa inició en junio del año pasado con resultados destacados. En su primera ronda, alcanzó a 4.865 estudiantes en matemáticas y 242 en comunicación, logrando un avance significativo en competencias básicas.

Entre los logros más destacados, un 74% de los estudiantes completaron las 8 tutorías planificadas, mientras que el 92% participó en pruebas de seguimiento, demostrando compromiso con el aprendizaje. Los resultados muestran que 3 de cada 10 estudiantes mejoraron en matemáticas, y 7,5 de cada 10 avanzaron en lectura comprensiva.

La segunda ronda, que abarcará a 155 instituciones educativas de 13 departamentos, busca duplicar el alcance y fortalecer las habilidades matemáticas de los estudiantes.

El próximo 27 de enero, los tutores comenzarán a contactar a las 7.700 familias que han firmado el acuerdo de consentimiento para participar en la nueva etapa del programa, menciona el portal Agencia IP.

La fiscal Lisa Martínez, de la Unidad Penal Especializada en Delitos Ambientales, fue asignada para impulsar la investigación en relación a los últimos incendios en el Banco San Miguel.

Más de 40 hectáreas de esta reserva ecológica, ubicada en la Bahía de Asunción, fueron consumidas por el fuego entre el sábado y el domingo, afectando a cerca de 200 familias.

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Diversas compañías de bomberos voluntarios, con apoyo de las Fuerzas Armadas y pobladores de la zona, trabajaron de manera incansable para sofocar las llamas en esta área protegida.

En el marco de esta causa penal, el Ministerio Público solicitó la colaboración de la Policía Nacional para identificar a los responsables del inicio de los focos de incendio.

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Cabe mencionar que en la tarde del sábado, una comitiva de la Fiscalía se constituyó en la zona del Banco San Miguel, a fin de constatar la situación y recabar algunos testimonios.

Para la Municipalidad de Asunción, estos incendios fueron provocados de manera intencional, presumiblemente por algunos vecinos que quemaron basuras en la zona del exvertedero ubicado en el lugar.

Una mujer en total estado de ebriedad protagonizó un incidente violento en el Hospital Distrital de Presidente Franco al agredir física y verbalmente al personal de salud que atendía a su pareja, quien había consumido una dosis significativa de clonazepam en un aparente intento de autoeliminación.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió cuando la mujer, identificada como Karen Dahiana Benítez Afara (38), llegó al hospital en un vehículo, acompañando a su pareja, María Leticia Franco.

Mientras los médicos realizaban un lavado gástrico a Franco y la conectaban a un suero, Benítez fue solicitada a abandonar el área de urgencias por el personal de seguridad.

En eso, la mujer reaccionó violentamente, empujando al guardia e hiriendo a tres personas, entre ellas una enfermera, a quien también mordió.

En medio del caos, María Leticia cayó al suelo durante el procedimiento médico y fue retirada del hospital a la fuerza por Benítez. Sin embargo, horas después, ambas regresaron al centro asistencial alegando que un anillo había sido sustraído, lo que desató una nueva confrontación.

La directora del hospital, Dra. Marta Sosa, denunció los hechos y solicitó la intervención policial. Los agentes aprehendieron a Karen Benítez frente al hospital y realizaron una prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 0,400 mg/L.

El agente fiscal a cargo, Thais García, ordenó la incautación del vehículo utilizado por la denunciada y notificó a su audiencia. Tras los procedimientos legales iniciales, Benítez fue liberada, pero los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación.