El decreto número 1145 de fecha 18 de enero de 2019, firmado por el presidente de la República, reglamenta la ley de presupuesto para este año. En su articulo 170 autoriza la excepción para contratar funcionarios públicos sin concurso público de oposición.

Este decreto dispone que las máximas autoridades de las instituciones públicas deberán solicitar la contratación sin concurso a la Secretaria de la Función Pública.

Ésta secretaría podrá autorizar la excepción al concurso de méritos para contrataciones hasta un plazo máximo de 6 meses prorrogable hasta por el mismo periodo.

En la resolución 45 de este año, que reglamenta este decreto, la Ministra de la Función Pública Cristina Bogado, justifica la aplicación de esta excepción con las supuestas “urgencias y prioridades” de recursos humanos en varias instituciones del Estado.

Además, argumenta la necesidad de varios ministerios de contar con cargos de confianza y califica a estas contracciones como de carácter “indispensable” para las máximas autoridades de los ministerios.

Finalmente asegura que existe “urgencia y prioridades” de recursos humanos de los Organismos y Entidades del Estado para las nuevas contrataciones del personal a fin de que no se vea afectada la ejecución de programas y proyectos de “trascendencia gubernamental”.

El reglamento establecido por la Secretaria de la Función Pública no establece límites específicos a este tipo de contrataciones vía excepción, simplemente deja a criterio de la cada ministro o secretario de estado establecer límites en el marco de una criterio de “racionalidad”.

Otro aspecto cuestionable es que la reglamentación no establece mecanismos de control adecuadas para cada institución. Se limita a responsabilizar al administrador de turno de la “veracidad” y “franqueza” de su solicitud. Además, en la solicitud que haga cada institución para contratar funcionarios sin concursos solo tendrá que arrimar las documentaciones ”estrictamente pertinentes”.

Bien sabemos que los límites, la franqueza y la racionalidad no son parámetros habituales en la administración pública. En la mayoría de los casos los contratos y aumentos salariales se dan con criterios netamente prebendarios.

En el gobierno de la gente, ¿hay arco libre para contratar?

¿SIN CONCURSOS EN EL GOBIERNO DE LA GENTE?

El Portal Único del Empleo Público “Paraguay Concursa” fue dejado de lado por el actual Gobierno, pese a ser un mecanismo para transparentar el acceso y promoción en la función pública.

En diciembre pasado se reanudó el portal en cuestión luego de estar fuera de servicio, sin embargo, actualmente no figura un solo concurso vigente.

Lo último que figura en la página web es el concurso de méritos para personas con discapacidad para el ingreso a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Este proceso tuvo cierre de postulación el 27 de diciembre y actualmente está en etapa de evaluación.

Paraguay Concursa, que nació para el ingreso a la administración pública y la promoción por concurso de oposición, forma parte del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (Sicca). El desarrollo de esta plataforma fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El portal fue establecido por Decreto Presidencial Nº 1212/2014, pero el sistema de concurso se reglamentó en el año 2015, por Decreto Nº 3857 para que los Organismos y Entidades del Estado publiquen sus llamados.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Medina, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

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“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.

El tema volvió al tapete tras el anuncio en Colombia que señala el interés del Departamento de Estado de EEUU, de extraditar a tres sicarios del exjefe antimafia paraguayo.

Si Ramón Emilio y Felipe Pérez Hoyos y Margareth Chacón son pasibles de ser extraditados, la presunción es que en el gobierno estadounidense existen elementos en contra de los mismos, y por extensión de evidencias, que podrían revelar la autoría moral del magnicidio.

Medios colombianos comenzaron a abrir debate en torno a si es o no factible que la DEA negocie con los sicarios de Pecci sobre la base de la recompensa que ofrece el gobierno estadounidense para develar al autor moral del crimen.

El sistema judicial norteamericano también contempla la figura del principio de oportunidad, que no es otra cosa que lograr que miembros de un complot criminal revelen al principal autor, a cambio de reducción de penas y compensación económica.

El Estado colombiano ha resuelto el cien por ciento de responsabilidades de la autoría material del asesinato. Y logró las condenas, en consecuencia. Sin embargo, la Fiscalía de ese país, expresó que la pesquisa no desveló al autor moral, y que esa parte corresponde a la justicia paraguaya, a partir de la convicción de que la orden de eliminar a Pecci, no surgió en Colombia, sino en Paraguay.

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