El hecho ocurrió anoche cuando Johan Sebastián Mereles Bobadilla, chofer de moto-Bolt, recibió una solicitud de viaje desde el barrio Ricardo Brugada.

Al llegar al punto marcado, los “pasajeros” lo asaltaron y le exigieron que entregue el celular. Allí se produjo un forcejeo durante el cual, la víctima recibió un disparo de arma de fuego.

Puede interesarle: Ministro argentino culpa a los armadores paraguayos del conflicto en la hidrovía

El proyectil impactó en la rodilla, afortunadamente con orificio de salida. El hombre fue trasladado al Hospital del Trauma, donde informaron que se encuentra fuera de peligro.

El Crio. Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 5ª, explicó que se iniciaron los primeros rastrillajes en busca de los autores.

También detalló que siempre recomiendan a los conductores de plataforma solicitar acompañamiento policial cuando van a ingresar a la Chacarita, pero que, nadie les hace caso.

Lea también: Peña reitera postura firme de Paraguay en la hidrovía

El Estado paraguayo, a través de la Procuraduría, presentó una demanda contra el Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), conformado por las empresas Cerro Lorito S.A. y la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Aceros del Paraguay Ltda.

En el marco de esta acción, recurrió a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) para la conformación de un tribunal arbitral, a fin de analizar el caso que involucra a la otrora empresa estatal Acepar, que en la década de los ‘90 fue entrega a Cosipar para su administración.

Te puede interesar: Mujeres detenidas tras intento de ingresar municiones a la penitenciaría de CDE

Según explicó el procurador Marco Aurelio González, este arbitraje fue solicitado hace mucho tiempo, ante la falta de resolución del caso en instancias judiciales. “Se olvidaron de cumplir ciertos requisitos y por eso el Estado ha demandado en arbitraje”, indicó en entrevista con la 730 AM.

La solicitud puntual es que se anule la cesión al mencionado consorcio y que las acciones de Acepar vuelvan a pertenecer al Estado paraguayo, además del pago de una indemnización.

“En el compromiso de venta, había muchas obligaciones que estaban a cargo de los que compraron Acepar, como inversiones, ciertos cuidados, el deber de mantener unas pólizas e informes”, añadió el procurador.

Leé también: Fallecidos en pensiones: Registro Civil aboga por modernización tecnológica y legislativa

El mismo sostuvo que las expectativas de ganar el arbitraje “son altas”, en vista a todas las pruebas que certifican el incumplimiento del compromiso asumido años atrás con el Estado.

En la actualidad, Acepar se encuentra declarada “en bancarrota” y bajo administración judicial, mientras se resuelva la cuestión del arbitraje.

El director del Registro Civil, Roberto Zarza, se refirió al problema de la inclusión de personas fallecidas en las listas de beneficiarios de la pensión para adultos mayores, una situación que, según explicó, tiene raíces profundas en las deficiencias estructurales del sistema y la legislación vigente.

Zarza subrayó que la ley que regula el Registro Civil, la Ley 1.266 del año 1987, es la base de muchas de las dificultades actuales. “Es una legislación de 37 años que ya no responde a las necesidades del siglo XXI”, afirmó al canal GEN.

Según la normativa, los familiares de una persona fallecida tienen solo 24 horas para registrar la defunción, un plazo que resulta poco práctico, especialmente en áreas rurales o durante momentos de duelo. “En esas circunstancias, es improbable que las familias cumplan con este requisito, lo que provoca que muchos casos queden sin registrar”, agregó.

Por otro lado, Zarza destacó que solo el 50% de la base de datos del Registro Civil está informatizado, lo que complica aún más la posibilidad de cruzar información con otras instituciones, como Identificaciones o el Ministerio de Salud. Esto ha llevado a que las denuncias ciudadanas sean la principal vía para detectar errores en las listas de beneficiarios.

Para abordar estos problemas, Zarza propuso dos pilares fundamentales:

1. Actualización legislativa: Reformar la normativa del Registro Civil para adaptarla a los tiempos actuales y eliminar la carga excesiva sobre los ciudadanos.

2. Modernización tecnológica: Implementar sistemas interoperables que permitan el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como el Registro Civil, Identificaciones y el Ministerio de Salud.

“El Registro Civil debe ocupar un lugar prioritario en la estructura institucional del país. La nación se construye con identidad, y con ella fortalecemos la ciudadanía y la democracia”, manifestó Zarza.

Aunque reconoció avances en áreas como la implementación del expediente electrónico y la bancarización de servicios, Zarza insistió en que estas medidas no son suficientes sin una inversión integral en tecnología y una reforma legislativa. “Actualmente, trabajamos con bases de datos heredadas que ya no funcionan. Es hora de tomar en serio este tema”, remarcó.

La agente fiscal Thais García imputó a un hombre de 41 años por abuso sexual en personas indefensas. El procesado se encuentra privado de libertad y con pedido de prisión preventiva. El imputado habría sometido sexualmente a su hijastra, mayor de edad, pero que sufre de problemas de salud.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre pasado, aproximadamente a las 20:00 horas, en una vivienda del barrio Sagrado Corazón de Jesús de ciudad Presidente Franco. La víctima es una mujer de 38 años que sufre de problemas neurológicos, según refiere el acta de imputación

La madre de la víctima, pareja del presunto agresor, sospechaba sobre el abuso y decidió esconderse detrás de la puerta para sorprender al hombre. Allí, vio al presunto agresor acercarse a la afectada, que se encontraba viendo televisión, y comenzó a manosearla en los pechos. En ese momento, encaró al sujeto, quien quiso negar el hecho.

Sin embargo, después de indagar a su hija, ésta le confirmó que en varias oportunidades fue abusada por el padrastro, incluido el coito, pero que por miedo no le había contado. Tras la denuncia, el presunto agresor fue aprehendido y finalmente procesado.

La fiscal García solicitó su prisión preventiva considerando la gravedad del caso, la posibilidad de amedrentar a la víctima y potenciales testigos, además del peligro de fuga latente.