La actualización fue realizada por la Dirección del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y comunicado a los directores regionales y encargados de los vacunatorios.

Dicha actualización se da en el apartado de contraindicaciones en el marco de un conocimiento más acabado acerca de las vacunas contra COVID-19.

En ese sentido, la conclusión de los expertos es que la lactancia ya no representa una contraindicación para ninguna de las vacunas contra el COVID-19 utilizadas en nuestro país, especialmente si las madres en periodo de lactancia pertenecen a un grupo de riesgo, como ser personal sanitario o padecen alguna de las enfermedades de base.

Desde hace varias semanas, el Grupo de Madres Lactantes del Paraguay, viene solicitando al Ministerio de Salud que sean incluidas entre las personas consideradas como vulnerables y así acceder a las vacunas contra el COVID-19.

• Por Cinthia Mora

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones pena­les en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

El Ministerio Público sos­tiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arre­gui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomo­daron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.

Para llevar adelante este obje­tivo, se montó una oficina paralela que funcionaba den­tro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución reali­zando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependen­cia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investi­gación Financiera de la Sepre­lad cuyos funcionarios reci­bieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fer­nández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contri­buido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redac­tar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.

En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registra­das los metadatos (huellas digi­tales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de impu­tación se precisa que el docu­mento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawet­ter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.

El “documento secreto” era un borrador del informe de inteli­gencia relacionado al expresi­dente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de inves­tigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.

El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina para­lela dentro de Seprelad se tra­dujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiver­sada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Car­tes y a sus empresas.

La acusada por los propios fun­cionarios de la institución como “cerebro” de la operación mon­taje y filtración, la viceminis­tra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el docu­mento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utili­zado como base para el informe de inteligencia que sería remi­tido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios aje­nos a la institución.

Si bien los personajes involu­crados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando activi­dades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.

PROCESO TRABADO POR CHICANAS

Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusa­ciones y una larga lista de chi­canas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa con­tra el exmandatario.

Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, espe­cíficamente en la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Can­dia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continui­dad al proceso.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Bení­tez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario pri­vado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Las acusaciones son por reve­lación de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o per­sonas con obligación, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Entre funcionarios asistenciales, administrativos, académicos, docentes y además, pacientes y familiares, hasta la fecha se han vacunado cerca de 800 personas en el Hospital de Clínicas. Así lo informaron desde el Vacunatorio del hospital escuela.

La Dra. Laura Duarte, explicó que en conjunto con el Hospital de Calle’i, San Lorenzo, brigadas de vacunación recorren piso por piso, todas las áreas del Hospital de Clínicas.

“Iniciamos la semana pasada, nos encontramos en el Hall Central y dependiendo de la cantidad de personas que queden pendientes de vacunar, vamos a prolongar probablemente uno o dos días más. Hasta la fecha hemos puesto contra la Influenza 554 dosis y Moderna (Anti Covid) 238 dosis. Hay muy buena recepción. Aunque está dirigido especialmente a personal sanitario, también puede vacunarse el que quiera”, dijo la Dra. Duarte.

El objetivo de esta actividad es que el personal sanitario debe estar sano para poder atender a las personas y está enmarcado dentro de la campaña “Vacunarse es Poder”, temporada 2024 impulsada por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, pero, quien se acerque recibirá la vacuna.

Post Covid, Dengue o Influenza, es necesario aguardar un mes desde la recuperación o según indicación médica “Quienes tuvieron COVID, Influenza o Dengue deben esperar un mes para la vacunación. Pero, cuadros como chorreo de nariz, rinorrea, o un poco de tos, o algo que no sea febril, no contraindica la vacunación”, destacó la especialista.

Sobre las edades, la Dra. Duarte indicó. “Tanto la influenza como la moderna, que es monovalente, se colocan a partir de los seis meses de edad. Los niños pequeños se deben colocar dos dosis para asegurar la protección. Además, vacunamos a las embarazadas. Los niños pequeños tienen dentro del esquema regular. Entonces, se colocan sus otras vacunas y también le corresponde la influenza”.

Finalmente, recordó, “cuanto más nos vacunemos, más estaremos protegidos todos”.

Durante un allanamiento realizado al mediodía de ayer en una vivienda del barrio Remansito de Ciudad del Este, se concretó la detención de Roy Deyby Castillo Sánchez, de 38 años.

El hombre es sindicado como uno de los implicados en un violento asalto con derivación fatal ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Km 9 Acaray - fracción San Isidro de la capital altoparanaense.

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En aquella ocasión, Castillo y otros dos cómplices habrían ingresado a un domicilio particular con fines de robo y, a punta de arma de fuego, redujeron a los integrantes de la familia dueña de casa.

En un momento dado, María Dalina Galeano Galeano (18) y su hermano Blas Fernando Noguera (21) decidieron abalanzarse sobre los delincuentes, lo cual derivó en que uno de ellos (presuntamente Castillo) efectue dos disparos, hiriendo en la espalda a la mujer y en el muslo izquierdo a su hermano.

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Posteriormente, la joven baleada fue asistida por vecinos y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde acabó produciéndose su deceso horas después a causa del disparo recibido.

Cabe mencionar que Roy Castillo contaba con una orden de captura y también posee antecedentes por tentativa de robo, homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa. Hace apenas tres meses había abandonado la cárcel, donde estuvo preso durante 17 años, menciona el diario La Clave.