En las primeras horas de este domingo, agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público allanaron una vivienda ubicada en el barrio Centro de la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.

El procedimiento estuvo encabezado por el agente fiscal Cristian Bartomeu y contó con el acompañamiento de distintos efectivos de los departamentos de Crimen Organizado, Homicidios e Investigación de Hechos Punibles.

Una persona identificada como Gustavo Genaro Gayoso (31) fue detenida durante esta intervención. El hombre aparentemente estaría implicado en el homicidio del empresario Cristóbal “Nene” Rojas, registrado esta semana en dicha localidad fronteriza.

Del lugar allanado fueron incautados una pistola marca Jericho calibre 9mm, un arma blanca, aparatos celulares así como documentos varios.

En poder del detenido se encontró la habilitación vehicular de una camioneta marca Fiat tipo Strada de color blanco, la cual había sido abandonada en la línea fronteriza por los presuntos autores del homicidio del empresario.

Se espera que las diligencias por parte de la Fiscalía prosiguen en el transcurso de las próximas horas, a fin de dar con los demás implicados en el caso.

Varios cuarteles de la capital se declararon en alerta ante una inminente crisis operativa. Exigen a la Municipalidad de Asunción la transferencia inmediata de la deuda acumulada, un fondo proveniente de los impuestos a la construcción que la ciudadanía ya pagó, pero que sigue retenido.

Según la ordenanza municipal, el 3,5 % del impuesto a la construcción que debe destinarse a los cuerpos de bomberos de la capital, sin embargo, ese fondo no está siendo liberado desde hace 5 años y a la fecha acumula más de G. 10.000 millones.

La ordenanza municipal rige desde el 2012, pero recibieron el aporte hasta el 2020, según comentó Lorena Canan, presidenta del CBVP, al canal GEN/Nación Media.

Este incumplimiento municipal afecta directamente a la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes deben cubrir mantenimiento de móviles, comprar nuevos equipos, combustible.

Ante la presión del comunicado y el malestar generalizado, el intendente capitalino convocó a una reunión con los voluntarios para hallar una solución, aunque los bomberos urgen un cronograma de pago real para garantizar su operatividad en las calles.

La normativa busca introducir mayores controles y garantías en los procesos judiciales vinculados a reclamos de deudas, estableciendo que los documentos originales deberán permanecer bajo custodia del juzgado mientras dure el litigio.

Esto significa que, cuando un acreedor presente un pagaré o cheque para demandar judicialmente el cobro de una deuda, el documento físico quedará depositado en la secretaría judicial hasta la finalización del proceso.

El diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, explicó que el objetivo es asegurar que el título de crédito permanezca plenamente identificado como objeto de un reclamo judicial.

“El título de crédito debe estar siempre custodiado, ya sea a través de su inmovilización física o de otro mecanismo que permita identificar el hecho fundamental de que el título en cuestión es objeto de reclamo judicial”, expresó.

La ley también incorpora la posibilidad de que el acreedor conserve físicamente el documento bajo la figura de “depositario judicial”. En esos casos, el juzgado realizará una anotación oficial en el pagaré o cheque dejando constancia de que se encuentra sometido a un proceso judicial.

Sin embargo, el acreedor tendrá la obligación de presentar el documento cuando sea requerido por el juzgado. El incumplimiento podrá derivar en un caso de quebrantamiento de depósito, con eventuales consecuencias penales.

Otro aspecto destacado es que el deudor tendrá derecho a recuperar el documento original una vez cancelada la deuda, una disposición ya contemplada en el Código Civil, aunque con dificultades en su aplicación práctica dentro del sistema judicial.

Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación y Codificación, señaló que el proyecto apunta a fortalecer la trazabilidad y transparencia en los juicios ejecutivos.

Asimismo, indicó que la normativa incorpora actualizaciones procesales vinculadas al uso de herramientas digitales, como notificaciones electrónicas, verificación de firmas electrónicas y reconocimiento de títulos ejecutivos digitales.

Con la sanción parlamentaria, el proyecto queda ahora pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Los mellizos, un niño y una niña, fueron rescatados inconscientes por un tío quien los derivó de inmediato al centro asistencial.

Según el reporte, los síntomas de los menores eran de intoxicación, pero marcadamente distintos debido a las diferentes sustancias que ingirieron.

El niño ingresó a la urgencia presentando un cuadro severo de agitación, midriasis, taquicardia y una sudoración profusa, efectos relacionados con el consumo de cocaína. Por su parte, la niña ingresó en un estado de sedación profunda, provocado por la ingesta de un potente ansiolítico.

Los allegados de los mellizos señalaron de forma directa al padre de los niños como el presunto responsable de haberles suministrado las sustancias. De acuerdo con los testimonios, el hombre se encuentra atravesando por un cuadro depresivo severo.

El comisario Francisco López, subjefe de la Cría. 4ta. de Capitán Bado, comentó a la radio Universo 970/Nación Media que el padre acudió a la escuela para retirar a los pequeños. pero nunca los llevó a casa. La madre acudió a la comisaría para radicar la denuncia por desaparición.

El hombre había trasladado a los niños hasta una vivienda rural y posteriormente, se adentró con ellos en una zona boscosa donde los dejó abandonados e inconscientes.

Fue detenido horas más tarde y puesto a disposición del Ministerio Público.