Así era la modesta casita que tenía el ahora potentado Cuevas

Cuando arrancó en 1996 como inten­dente municipal de Sapucai, Miguel Cue­vas estaba lejos de ser el potentado político colo­rado que es hoy. Ya en los primeros 10 años de ingre­sar a la función pública, su vida y la de su familia cam­biaron totalmente y hoy día es un poten­tado. La pequeña vivienda que tenía en la zona céntrica de Sapu­cai en los 90 se convirtió en una lujosa mansión con piscinas, murallas alrede­dor y un estacionamiento importante, acorde a la flota de vehículos en los que se desplaza el clan.

En Sapucai mucha gente recuerda al Cuevas “zapa­tero de barrio”. Era cono­cido así, pero ya mostraba a finales de los 80 ganas de ingresar a la política local. Sus primeros pasos le sir­vieron para alzarse con la intendencia de Sapucai en 1996 y desde entonces no ocupó ninguna otra función laboral importante que no sea la pública. Hoy día, don Miguel Cuevas disfruta sus días con su familia lejos de la angustia económica.

Cuevas es amigo de Nica­nor Duarte Frutos y muchos vecinos recuerdan cuando el entonces candidato y pos­terior presidente de la Repú­blica lo visitaba en Sapucai. De hecho el ex mandatario fue el que le premió con un cargo de “oro” en Puertos.

Tras dejar la intendencia en el 2000, un tiempo des­pués Cuevas consiguió ser subadministrador y luego adminis­trador de la Administra­ción de Puer­tos de Para­naguá, un lugar con­siderado clave para “recaudar”.

En efecto, según la propia declaración jurada de Cue­vas que figura en la Contra­loría General de la Repú­blica, hasta antes del 2005 Cuevas solamente tenía un inmueble a su nombre que había adquirido en 1987 en Sapucai donde estaba la humilde vivienda, hoy convertida en una man­sión para lo que representa la zona. Después del 2005 y ya estando en la función pública, específicamente en Paranaguá y con un sueldo mensual de G. 4.600.000, es que empieza a crecer su patrimonio.

Desde dicho año y hasta el 2006, es decir en un período de 12 meses, Cuevas adqui­rió 5 propiedades más, todas ubicadas en Sapucai, depar­tamento de Paraguarí. El valor de estos inmuebles alcanzó la suma de G. 2.731 millones, monto que no incluye la cotización de su residencia.

En el 2010, Cuevas volvió a ser elegido intendente de Sapucai. Sin embargo, este período ya no completó porque peleó para gober­nador de Paraguarí, cargo al que accedió en el 2013. Como gobernador, Cuevas ya dejó de ser aquel zapa­tero de barrio. Se movili­zaba en camionetas lujo­sas y su gestión empezaba a tener denuncias de diversas índoles, pero su patrimonio seguía aumentando.

En su declaración jurada del 2014, el patrimonio neto que figura en los documentos llega a los G. 9.727 millones. Además de los seis inmue­bles, se le sumaron tres vehículos y Cuevas tam­bién apostó por el negocio ganadero; ya tenía cabezas de ganado de la raza bran­gus. Solamente en la acti­vidad agropecuaria, el valor de sus animales llega a los G. 1.675 millones, según el documento de marras.

Varios de los inmuebles hizo desaparecer Cuevas de su última declaración jurada luego de que le entablaran demandas por no pagar sus deudas. El ex gobernador estaba acogotado de deudas entre el 2013/2014; junto con su mujer Nancy Florentín fueron inhabilitados para fir­mar cheques y tenían cuenta cancelada. Según registros comerciales, el ahora dipu­tado era moroso hasta en el pago del servicio de telefonía.

Para el 2016, Cuevas sumó tres inmuebles a su patri­monio por valor de G. 954 millones.

La gobernación también le sirvió para nombrar a su hijo Enzo como “coordinador de la entrega de merienda esco­lar” del 2016.

Además de este cargo, Enzo logró que su suegra se quede con un buen negocio con la Gobernación de Paraguarí. En el 2016, la firma Albicar SRL, propiedad de Marina Cañete de Montiel, mamá de Alba Montiel Cañete, esposa de Enzo Miguel Cuevas, se quedó con dos licitaciones de la gobernación por valor de G. 283 millones.

A estos casos se suman otras situaciones como el sistema de engaño que utilizaron en la gobernación a través de facturas falsas para justi­ficar gastos. La compra de combustible por G. 1.300 millones para tractores y camiones que ya estaban inutilizados. Las denuncias de creación de comisiones u organizaciones vecina­les fantasma para justificar gasto, entre otras denuncias.

Escrachadores exigen imputación

Desde el pasado martes y al menos durante toda esta semana, los ciuda­danos autoconvocados se instalarán frente a la Fiscalía de Delitos Eco­nómicos del Ministe­rio Público para exigir la imputación del inves­tigado por enriqueci­miento ilícito y decla­ración jurada falsa, el diputado Miguel Cuevas.

Los “escrachadores” soli­citaron hablar con los nue­vos fiscales de la causa, René Fernández y Liliana Alcaraz, quienes asumie­ron de manera interina en reemplazo de Irma Llano en un momento clave de la investigación, pero no fue­ron recibidos.

“Desde el martes nos movi­lizamos con el objetivo de interiorizarnos sobre los trabajos que lleva adelante la Fiscalía, pero hasta ahora no tenemos retorno de René Fernández ni Liliana Alca­raz, es por eso que decidi­mos que las movilizaciones continuarán durante toda la semana”, expresó Aide Vera, una de las manifes­tantes.

La denuncia contra Miguel Cuevas, y que ahora pone bajo la lupa a toda su fami­lia, se presentó en los pri­meros días de setiembre del año pasado por el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáce­res. Varios elementos con­tundentes que van desde las 14 fincas, la mansión y cuentas a cobrar que no son reales saltaron hasta ahora, pero la Fiscalía no avanza en su imputación.

Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar

Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa,
representantes de proveedora de alimento escolarMaría Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la ContraloríaAccionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar


Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

Zuccolillo, las ‘ubres’ del Estado y apriete: con 60 contratos y US$ 20 millones, mimó a Abdo

Colgado del Estado paraguayo, el Grupo Zuccolillo logró facturar más de 20 millones de dólares al ligar jugosos contratos durante la administración de Mario Abdo Benítez. El monto duplica la cantidad que consiguió el clan empresarial en un lapso de siete años antes de la gestión abdista.

A través de sus cinco empresas, el grupo empresarial Zuccolillo recibió al menos 60 licitaciones del Estado paraguayo, en los últimos años, por un valor de más de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511 al cambio actual).

De acuerdo con los datos públicos que figuran en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la familia Zuccolillo -propietaria del diario ABC Color- consiguió importantes facturaciones en sus empresas dedicadas a diversos rubros al hacerse de las licitaciones entre los años 2018 y 2023.

Durante ese periodo, la imprenta Mercurio SA consiguió adjudicarse 14 contratos por valor de 120.068.661.078 guaraníes, llevando la delantera de las empresas del grupo que más facturaron con el Estado. Esta firma, históricamente, se dedicó a proveer los materiales para los kits escolares del Ministerio de Educación, mediante lo cual consiguió amasar una importante cantidad de dinero.

En el segundo lugar de la tabla de licitaciones aparece el Consorcio Abc con 16.434.495.000 guaraníes, gracias al millonario contrato obtenido para la filmación y divulgación de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Llamativamente fue la única empresa oferente y premiada con la licitación que develó los beneficios que conllevaba ser prensa oficialista en ese entonces.

Sigue la lista con Núcleo SA con 25 adjudicaciones por valor de 14.997.082.237 guaraníes; Editorial Azeta SA con 19 licitaciones por 800.870.000 guaraníes, y Zusa SACI con un contrato por 100.371.520 guaraníes.

La sumatoria arroja un importante histórico en los cinco años del gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando las licitaciones del grupo Zuccolillo se dispararon de una manera exponencial.

Desde el año 2010 hasta la fecha, las empresas de los Zuccolillo consiguieron 289 licitaciones por G. 229.368.055.603 (US$ 31.574.691). Del 2010 al 2017, en siete años, las distintas firmas del grupo empresarial se adjudicaron por valor de G. 76.966.573.768 (US$ 10.595.180), cifra que llega solo a la mitad del impresionante monto que lograron recaudar en los siguientes cinco años, durante la era de Mario Abdo Benítez, que fue de G. 152.401.481.835 (US$ 20.979.511).

De acuerdo con los datos oficiales, desde el 2010, las distintas empresas de Zuccolillo fueron beneficiadas con 165 contrataciones directas, 52 concursos de ofertas, 47 licitaciones públicas y 25 contrataciones por vía de la excepción.

Estos beneficios fueron otorgados al Grupo Zuccolillo mientras el ABC Color callaba las irregularidades que cometía el equipo de Mario Abdo Benítez.

Leé más: Calé acusa al Grupo Zuccolillo: “Su especialidad es falsificar cajetillas de cigarrillos”

Pettengill ya cobró fortuna por defectuosa obra de la Transchaco

Baches, fisuras y otros defectos encontrados en la nueva ruta todavía sin entrega definitiva, mientras consorcio contratista aguarda completar multimillonaria facturación. Desde el MOPC continúan fiscalizaciones, los usuarios lamentan la mala calidad del asfalto y el Estado susceptible de quedarse con otro clavo.


Unidad de Investigación, Nación Media

Pese a las denuncias por los desperfectos hallados en la obra de habilitación y mantenimiento de la ruta PY09, el consorcio Avanza Chaco, del que forma parte Ocho A SA, constructora del clan del senador Luis Pettengill Vacca, ya cobró G. 508.798 millones por el lote 3 que está a su cargo.

La obra de habilitación y mantenimiento de la ruta PY09 abarca la construcción de 558 kilómetros desde el kilómetro 50 hasta el kilómetro 525 y fue adjudicada en 8 lotes durante la pandemia por G. 3,8 billones mediante financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), más contrapartida local.

El consorcio integrado por la constructora del clan Pettengill fue contratado para la ejecución del tramo que comprende entre el kilómetro 173 y el kilómetro 250 de la ruta por un total de G. 593.061 millones, incluyendo adendas de ampliación, y se espera que la obra sea entregada en marzo de este año. Sin embargo, a escasos meses de que se cumpla el plazo de entrega, la pista que debería estar en perfectas condiciones y ultimando detalles presenta zonas clausuradas, bacheados, recapados con desnivel, falta de pintura de señalizaciones, fisuras en el asfalto, entre otros desperfectos.

Que la nueva ruta Transchaco ya presente fallas en su construcción dos meses antes de la fecha prevista para su inauguración es una señal de alerta, ya que de concretarse los pagos faltantes podría convertirse en otro clavo para el Estado.

Desde Nación Media contactamos con el viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniero José Espinosa, para consultarle si corresponde que se siga pagando a las contratistas encargadas de la ruta a pesar de los remiendos, a lo que contestó que “no; obviamente, los pagos están suspendidos hasta que eso se repare (refiriéndose a los baches, fisuras, entre otros)”.

El viceministro de Administración y Finanzas de la misma cartera de Estado, Marco Elizeche, sostuvo que “en general, para todos los pagos en cualquier obra se hacen sobre certificados aprobados”, y agregó que si posteriormente la obra presenta daños, se deberán aplicar las penalidades correspondientes, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones como puede ser la fijación de una fecha límite para la reparación de los defectos, la subcontratación de otra firma para que realice las reparaciones necesarias a cuenta de la contratista o incluso la devolución del monto desembolsado en concepto de la sección dañada.

Por su parte, la ingeniera Adriana Noldin, directora de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC, señaló que si bien se vienen haciendo regularmente las verificaciones de la obra, aún no cuentan con un informe de las mismas y que recién se elaborará uno al culminarse los ensayos sobre la calidad de los materiales que están realizando en cada sección de la obra.

Quedan apenas dos meses para que se cumpla el plazo de entrega de la millonaria obra por la que aún falta desembolsar G. 484.397 millones a ser distribuidos entre las 8 contratistas: el consorcio Avanza Chaco (Lote 3), Heisecke SA (Lote 1), consorcio Ruta 9 Transchaco (Lote 2), TOCSA SA (Lote 4), Concret Mix SA (Lote 5), consorcio Boquerón (Lote 6), consorcio Constructora Asunción SA y Asociados (Lote 7), y Rovella Carranza SA (Lote 8).

VARIAS DENUNCIAS DE RUTAS DEFECTUOSAS HABILITADAS DURANTE LA ERA ABDO

Si bien la nueva ruta Transchaco presenta fallas desde antes de su inauguración, no es la única que presenta defectos de manera prematura, ya que según publicaciones periodísticas otras rutas del interior del país, habilitadas durante los últimos 5 años, también se encuentran en un estado lamentable.

Tal es el caso de la ruta departamental D087, del departamento de Canindeyú, que cuenta con 40 kilómetros de extensión, costó G. 67.368 millones y une las localidades de Ybyraribaná, Laurel y Nueva Esperanza; la ruta fue inaugurada en 2022. Según manifestaron los productores de la zona a medios de prensa, la ruta ya presentaba fallas desde el momento de su habilitación como son la capa asfáltica fina, falta de señalización en las curvas y falta de banquina.

Otro ejemplo es la ruta PY22, que cuenta con 160 kilómetros y une a Concepción con Vallemí. En junio del año pasado, los lugareños se unieron en una protesta en frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas exigiendo la reparación de la ruta. “La ruta se habilitó en el 2018, pero después tuvimos dos años de pandemia y no se usó la ruta. Este ministro es un irresponsable, la gente le está pidiendo hace un año una audiencia”, algunos comentarios en redes y medios.

Luis Pettengill Vacca, senador nacionalLuis Pettengill Vacca, senador nacional