Así fue el despliegue militar que logró la caída del dictador

El historiador y promotor cultural Fabián Chamorro realizó la cronología de lo ocurrido en el 2 y 3 de febrero del año 1989, de acuerdo a entrevistas con los militares Eduardo González Petit (quien participó de la gesta bajo el seudónimo Carlos 7) y Lino Cesar Oviedo (como Carlos 3), y según la recopilación del historiador militar Renato Ángulo.

A continuación transcribimos el escrito del historiador Fabián Chamorro, que fue publicado mediante un hilo (serie de tuits conectados) en su cuenta de Twitter (@fact78).

2 DE FEBRERO DE 1989:

21 horas: tropas de la “Remonta” (Areguá) llegan a la casa de Ñata Legal para apresar a Alfredo Stroessner. Son repelidos con éxito por los guardias del presidente.

Al enterarse del fracaso, Andrés Rodríguez se dirige al Regimiento de Caballería 3 para ordenar el ataque general. Lino Oviedo (Caballería) y Eduardo González Petit (Marina) fueron sorprendidos, pues estaban preparando sus tropas para movilizarse a partir de las 2 de la mañana.

21:30 horas: comienzan a salir los tanques de la Caballería. Dos van a terminar con la resistencia en la casa de Ñata y otros dos van a proteger la casa de Rodríguez.

El resto, aproximadamente 11 tanques, van directo a la Escolta Presidencial (sito Gral Santos y Mcal López).

22 horas: la infantería de marina empieza con tiros de precisión a hostigar a la Comandancia de la Policía, mientras rodea el Palacio de Gobierno, donde están agolpados 150 hombres leales al gobierno.

Las fuerzas de la Caballería, en número de 100, toman la Escuela de Educación Física, donde emplazan varios morteros y ametralladoras en la pista y el la terraza. Desde allí apoyaron a las tropas de asalto.

22:30 horas: fuerzas del Regimiento Escolta preparan varios retenes para retrasar el avance de las fuerzas de la caballería. Sacan a la calle dos armas antitanques y un tanque de guerra, que solo se movió unos metros por falta de combustible.

Llegan los primeros tanques golpistas ante la Escolta, uno se descompone por el camino, otros tres se ubican frente a la Escuela de Educación Física. Empiezan los disparos de morteros desde esa posición.

Comienza la lucha en algunos retenes, los que fueron abandonados ante la superioridad de armas de los golpistas. En las calles Río de Janeiro y la Residentas las tropas de Oviedo capturan un arma antitanque.

22:40 horas: los blindados del Regimiento de Caballería N° 2 pasan desde el Chaco a la región oriental. Cuatro fueron a la Primera División de Caballería para acoplarse al grupo que tomaría la Aviación.

Cinco tanques fueron destinados para la defensa de la Primera División de Caballería. Dos blindados fueron enviados a Calle Última y Mariscal López para frenar cualquier avance del Comando de Artillería que podría venir en auxilio desde Paraguarí.

Dos tanques fueron destinados al Palacio de López en ayuda de los infantes de marina. El resto, más de 15 blindados, fueron a tomar posiciones para atacar el regimiento Escolta. Rodearon por completo la posición.

La fuerzas de Oviedo chocan contra un importante reten en la plaza Batallón 40. Los golpistas despejan la posición con fuego de ametralladoras. Una fuerza de la Escolta intentó atacar la Escuela de Educación Física para inutilizar los morteros de los golpistas, pero fue repelido.

23 horas: Con los tanques en posición, avanzan las tropas de Oviedo. Se ordena el disparo de morteros desde la Escuela de Educación Física sobre el Regimiento Escolta a fin de cubrir nuevamente el avance de las tropas asaltantes.

Dos tanques golpistas quedan fuera de combate; uno, al fallecer su comandante el Capitán Alfredo Ramos, que murió por fuego amigo, el disparo provino accidentalmente desde la Escuela de Educación Física.

El otro blindado fue inutilizado por el fuego del arma antitanque que se encontraba frente al portón de la Escolta. A Oviedo le quedaron nueve tanques para proseguir con su ataque.

23:15 horas: los tanques llegados desde el Chaco toman posiciones. Seis llegan frente al club Olimpia y abren fuego contra las murallas de la Escolta. Otros cuatro se posicionan frente al Hospital Militar (hoy Emergencias Médicas) para disparar hacia el portón de la Escolta.

Otros dos blindados llegan a “Mundo Aparte” y disparan contra la parte de atrás del Regimiento Escolta. La oscuridad es total, los proyectiles hicieron pedazos algunos transformadores de la zona.

Las columnas de Oviedo se detienen ante la cantidad de proyectiles que caen sobre ellas. Es inutilizado el tanque del Escolta que se quedó sin combustible, por los disparos de los blindados posicionados frente al club Olimpia.

23.30 horas: los golpistas informan a Rodriguez que Stroessner no se encuentra en el Escolta Presidencial sino en el Estado Mayor, el edificio que se encuentra en frente. Oviedo solicita permiso para abrir fuego sobre ese lugar.

23.35 horas: los oficiales leales a Stroessner solicitan hablar con el comandante de las fuerzas atacantes.

Oviedo se acerca al patio del Estado Mayor. A partir de ahí se inician negociaciones entre los generales leales a Stroessner y el general Rodríguez.

Rodríguez ordena a Oviedo que el general Alejandro Fretes Dávalos (leal a Stroessner) sea trasladado a la Comandancia de la Primera División de Caballería. La intención de Fretes era ganar tiempo para obtener refuerzos.

Mientras, las tropas de la Comandancia de la Policía se rinden ante los infantes de marina. Los policías quedaron atrapados en su cuartel sin poder desplegarse en la zona para combatir.

23:50 horas: las fuerzas golpistas inician el ataque al edificio del Estado Mayor, utilizando ametralladoras y morteros contra las ventanas. El despacho donde se encontraba Stroessner fue alcanzado sin causar bajas.

Mientras, infantes de marina toman el temido Departamento de Investigaciones y capturan a su jefe, Pastor Coronel, quien es trasladado a una unidad de la armada.

A la medianoche, un helicóptero artillado de la armada sobrevuela la Escolta. Los coroneles que dirigían el ataque desde el terreno solicitan al vicealmirante González Petit que ordene el ataque sobre Edificio de Estado Mayor, con cohetes.

El comandante del helicóptero, por razones de humanidad, se limitó a decir que no tenía visibilidad y evitó lo que hubiese sido la mayor mortandad de los sucesos del golpe.

3 DE FEBRERO DE 1989

00:30 horas: un avión Xavante pasa por encima de las instalaciones del Regimiento Escolta y del Estado Mayor causando gran conmoción dentro del edificio. Fretes Dávalos, desde la Caballería, le pide a Gustavo Stroessner que se rindan.

00:40 horas: cesa el fuego. Enseguida se acercó Oviedo hasta el portón del Estado Mayor para conversar con Stroessner.

Oviedo le comunica que tenía ordenes de llevarlo a la Caballería. Stroessner se entrega, siendo trasladado con sus familiares escoltado por tres tanques.

01:15 horas: llega Oviedo a la Primera División de Caballería, presentándose ante Rodríguez para informar que la misión estaba cumplida. Se escucharon aplausos y felicitaciones.

Convencido por su amigo Dionisio González Torres, Alfredo Stroessner acepta firmar su renuncia.

 

¿De mal en peor?: Quinta de Cucho es administrada por grupo de dudoso antecedente

La Senabico no da nombre del empresario y solo aparece un abogado como administrador. La Municipalidad de Juan E. O'Leary autorizó la explotación del lugar en forma temporal, solo por sesenta días.


Fuente: La Nación

La Quinta Nápoles fue habilitada al público desde este viernes 1 de febrero, con ofertas de playa y actividades de ocio, por un precio promocional de 20.000 guaraníes. La Municipalidad de Juan E. O’Leary autorizó la apertura al público de manera temporal. La propiedad, ubicada en la costa del lago Yguazú, en la comunidad de Tacuaró, distrito de Juan E. O’Leary, pertenece al procesado por narcotráfico Reinaldo “Cucho” Cabaña, pero fue incautada en setiembre del año pasado cuando fiscales y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron dicha quinta.

La estructura llamó la atención por su gran envergadura y por sus características edilicias, similares a la Hacienda Nápoles del conocido narcotraficante colombiano, ya fallecido, Pablo Escobar.

La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) alquiló la quinta a particulares. La titular, Karina Gómez, informó que el contrato se realizó en forma privada y no se rige por la Dirección de Contrataciones Públicas porque es un bien que todavía pertenece al supuesto narcotraficante, procesado y privado de su libertad.

La Municipalidad de Juan E. O’Leary autorizó la explotación del lugar en forma temporal, solo por sesenta días, pero el contrato de alquiler es de tres años, según confirmó Karina Gómez.

EX ADMINISTRADOR DE CENTU CUÉ

El administrador de la quinta es el abogado Freddy González, quien informó que el complejo no funcionará como un balneario, pero sí como un complejo turístico con playa, hospedajes, parques infantiles y actividades de aventura en la vegetación del entorno. “Iremos habilitando por etapa, por ahora estará disponible la playa, pero las habitaciones todavía no están listas porque encontramos la estructura muy deteriorada y debemos poner en condiciones para tener las piezas disponibles”, dijo el administrador.

Consultado el abogado sobre quién es el adjudicado con la concesión, mencionó que se trata de otra persona, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato. Agregó que junto al citado empresario llegaron a explotar otro complejo, el parador turístico Centu Cué de Villa Florida, Misiones.

La titular de Senabico, Karina Gómez, no dio a conocer la identidad de la persona que alquiló el inmueble. La quinta es una de las doce propiedades en manos de la Senabico tras haber sido allanadas el año pasado durante la Operación Berilo, que desbarató una red de tráfico y lavado que habría estado dirigida por Reinaldo Cabaña. Más de treinta personas están procesadas en la causa, incluyendo al diputado Ulises Quintana.

 

Lento avance de investigaciones en casos de millonarios desfalcos

El jueves pasado, durante una conferencia de prensa, referentes del movimiento Honor Colorado, encabezados por el senador Enrique Riera, pidieron una Justicia imparcial e igualitaria para todos los ciudadanos, independientemente al partido o movimiento al que pertenezcan.


Fuente: La Nación

Si bien en los últimos meses el Poder Judicial ha puesto mano dura contra la corrupción, la mayoría de los investigados casualmente pertenece a movimientos partidarios disidentes, mientras que las denuncias contra políticos oficialistas simplemente no avanzan y hasta la fecha varios de ellos continúan impunes.

Desde la Fiscalía no dan datos concretos al respecto, simplemente se limitan a decir que están recopilando informaciones y que en su momento van a definir si amerita o no una imputación por el delito del que se los acusa.

Ante las declaraciones de los senadores y diputados de Honor Colorado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, desmintió que haya persecución por parte del Gobierno hacia los parlamentarios opositores. Pero entonces, ¿cuál es el motivo por el que las denuncias de corrupción contra referentes del movimiento Colorado Añetete no han tenido resultado?

Son varias las causas denunciadas en los últimos meses y que tomaron estado público porque los protagonistas son nada más y nada menos que los nuevos miembros del gabinete de Mario Abdo Benítez y sus allegados más cercanos.

Entre los que podemos nombrar se encuentra el senador Rodolfo Friedmann, ex gobernador de Guiará; la titular de Petropar, Patricia Samudio, quien incluso estaría queriendo desviar la acusación en su contra denunciando supuestas irregularidades halladas en la anterior administración, y, además, también conforma la lista el ex gobernador de Paraguarí y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.

MÚLTIPLES DELITOS EN GUAIRÁ

El 1 de noviembre del 2018, ciudadanos autoconvocados de la ciudad de Villarrica llegaron hasta Asunción para formular una denuncia penal contra el senador Rodolfo Friedmann. Los delitos por los que se le acusa son lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, apropiación y otros, que, según los denunciantes, los habría cometido durante su administración como gobernador del departamento de Guairá.

Según investigaciones del diario La Nación, se pudo descubrir y se puso en evidencia un informe de auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR) que fue cajoneado por más de un año. El mismo revela una gran cantidad de malversaciones hechas con fondos de la gobernación. Aparentemente, según fuentes confidenciales, el ahora senador habría movido todas sus influencias en el poder para evitar que dicho informe saliera a la luz.

Entre las anomalías se detectó el pago de G. 2.295 millones en concepto de 203 mil raciones de almuerzo escolar que debían ser distribuidas en las instituciones educativas, pero jamás fueron entregadas, sucedió en el 2016. La adjudicación para la distribución de los alimentos fue otorgada a Éver Aricio Noguera, amigo íntimo del senador y conocido en la localidad como el “Rey de las licitaciones”.

Otro hecho trascendente ocultado por la Contraloría son las irregularidades en las cargas de combustible que habría hecho el tío de Friedmann, Rodolfo Alfaro, quien hizo figurar una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, registró además otra de 11.530 litros en tan solo 7 minutos. Estos suministros jamás existieron, solo fue una maniobra para efectivizar el cupo de combustibles que tenía en su poder.

Además, hubo otros casos como la adjudicación de millonarios contratos a familiares cercanos y la adecuación de los montos de pago de acuerdo a sus conveniencias.

Luego de la presión ciudadana, finalmente se designó a la fiscala Liliana Alcaraz para que investigue el caso, pero hasta la fecha no hay importantes novedades. Consultada sobre el avance del proceso, la profesional señaló que está recopilando informaciones.

LOS “FAVORES” EN PETROPAR

En octubre del 2018, los operadores de Petróleos Paraguayos (Petropar) denunciaron a su titular, Patricia Samudio, quien hacía apenas dos meses había asumido el cargo, por tráfico de influencias, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y revelación de secretos de servicio. Aparentemente, Samudio habría ordenado la transferencia de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, violando abiertamente las leyes vigentes. Esta transacción favoreció mayoritariamente al banco GNB PGY, donde su marido posee una deuda de G. 2.000 millones.

También habría adquirido 4.000 toneladas de gas licuado por valor de US$ 3,5 millones de un emblema nacional (su competencia directa) a US$ 100 más de lo que habitualmente paga por tonelada. Como si lo expuesto no bastara, aprobó la venta de 7,5 toneladas de combustible a la firma Monte Alegre SA a un precio irrisorio. Esta firma estaría muy ligada a uno de los hombres de confianza del presidente de la República. Pese a la denuncia, Samudio sigue como titular del ente y la acción tomada por las autoridades actuales al respecto hace suponer que la causa finalmente quedará en la nada.

CUEVAS Y SU REPENTINO “ENRIQUECIMIENTO”

Miguel Cuevas está siendo investigado desde setiembre del año pasado por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Recientemente presentó recusación contra la fiscala Josefina Aghemo con el argumento de que supuestamente no tenía acceso a la carpeta fiscal, hecho que fue desmentido por la representante del Ministerio Público.

Se le cuestiona su repentino enriquecimiento porque antes de ingresar al ámbito político se dedicaba nada más que a la compostura de calzados, pero su nivel económico dio un repentino giro desde 1996, cuando se proclamó intendente municipal del distrito de Sapucai. Luego subió como administrador de la Administración de Puertos de Paranaguá. Ya al asumir la Gobernación de Paraguarí en el 2013 declaró un patrimonio de G. 9.000 millones.

De la repentina “riqueza” también salieron favorecidos sus dos hijos, Enzo y Raúl, quienes sin contar con ninguna experiencia laboral se convirtieron en importantes terratenientes y ganaderos de la zona.

En medio de sus declaraciones, Cuevas trató de minimizar la situación diciendo: “Tengo 100 o 120 hectáreas, poquito. Una casa que no tiene nada, un saloncito abajo y tres piezas arriba. Es una casa que construí hace más de 30 años. Mis hijos apenas están, ni trabajan”.

 

Futuro de Ciudad del Este, en manos del Congreso

La intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este, finalizó este sábado al cumplirse 60 días de ese proceso, ordenado por el poder Ejecutivo después de que se abriera una investigación contra la intendenta, Sandra McLeod, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.


Fuente: EFE

La interventora de la ciudad, la exjueza Carolina Llanes, entregó su informe al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien a su vez lo remitirá a la Presidencia, según declaró a los medios.

Tras ese paso, el informe será enviado a la Comisión Permanente del Congreso, que será la encargada de estudiarlo y decidir qué medidas tomar.

Llanes, por su parte, declaró, tras reunirse con Villamayor, que el informe corrobora las irregularidades denunciadas en esa Municipalidad, si bien no quiso dar más detalles al respecto.

En caso de que de ese documento se desprenda la existencia de irregularidades en la gestión de McLeod, la Cámara Baja deberá decidir por mayoría absoluta si destituye definitivamente a la intendenta.

La información facilitada por el equipo interventor propició el pasado martes que la Fiscalía imputara a McLeod y otras 8 personas "por lesión de confianza", por haber realizado, presuntamente, pagos desde la Municipalidad a una empresa de publicidad que no prestó los servicios contratados.

Ese mismo día abrió otra imputación contra McLeod y su esposo, el senador del gobernante Partido Colorado Javier Zacarías, por "declaración falsa" de sus cuentas y bienes ante la Contraloría General de la República.

Esas imputaciones se suman a la investigación abierta en septiembre del pasado año contra el matrimonio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

Esa investigación provocó que en octubre la Junta Municipal de Ciudad del Este pidiera al Ejecutivo la intervención en la intendencia, que luego fue aprobada por la Cámara Baja.