“Los seguros médicos privados son un negocio de hotelería disfrazado de hospital, los sanatorios privados ligados directamente a empresas de medicina prepaga deben ser regulados por órganos competentes ya”, expresa con disgusto una asegurada de los Servicios Médicos Migone SA.

Las últimas denuncias de asegurados contra los pésimos servicios que ofrecen los centros de salud privados abarcan desde muerte por negligencia médica, falta de insumos, cobros indebidos, incumplimiento de contrato y costos sumamente elevados.

El ente regulador que debería proteger a los asegurados ante estos casos es la Superintendencia de Salud, que según el ex superintendente Jorge Rodas, “no tiene el poder suficiente para ir contra una estructura de corrupción y amiguismo”, incluso, indicó que fue removido de su cargo por intentar clausurar un servicio de salud que no poseía los estándares para operar en el rubro, además, sostuvo que es una entidad pobre que depende del Ministerio de Salud, es decir, “significa que no se puede ir contra el patrón”.

Los usuarios, con la intención de huir de los servicios públicos que se encuentran en estado calamitoso y en total desabastecimiento, optan por aportar sumas exponenciales como una solución eficaz a la falta de salud pública, como consecuencia, hoy la salud privada tiene dueños poderosos, que realizan grandes negociados con el Estado en nombre del bienestar del pueblo.

RECLAMOS CIUDADANOS

Según datos de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en el 2018 la entidad recibió 1.324 reclamos de usuarios que utilizaban el servicio de medicina prepaga y de enero a junio de este año ya contabiliza 683 denuncias de asegurados.

Entre los reclamos se destacan los cobros indebidos sin justificación o provisión de medicamentos, mal servicio, maltrato, incumplimiento de contrato, renovación automática del contrato, irregularidades en la cancelación del contrato, negativa de renuncia, aumento del costo del servicio sin previo aviso, falta de información o publicidad engañosa y negligencia médica.

El ex superintendente de Salud sostuvo que comúnmente el consumidor asiste a las entidades que deberían proteger sus derechos tras agotar todas las instancias con el seguro correspondiente y lamentó que si bien la Superintendencia de Salud debería ser la primera en defender a los asegurados, seguida por Defensa al Consumidor y Defensoría del Pueblo, la realidad es que estas entidades no suelen intervenir porque “no se animan a entrar en conflictos con poderosos”.

CASOS DE NEGLIGENCIA

Un niño de 2 años estuvo 5 horas en sala de espera del hospital Migone, no le vio un solo médico hasta que empezó a convulsionar, cuando se dio el código rojo, acudieron los médicos, pero ya fue muy tarde. El pequeño había ingresado, caminando, con un simple cuadro gripal y un poco de fiebre. Luego, se hizo notar la falta de insumos y equipos de reanimación, no había oxígeno, tubo pediátrico, aspirador para limpiar el conducto respiratorio y tampoco adrenalina. Hoy, todo el país llora su muerte. Incluso, la presión hizo que la Superintendencia intervenga el sanatorio.

Antes de Renato, en el Migone se registraron otros casos de muerte por supuesta negligencia. En el 2011, el recién nacido Gastón Giret falleció por asfixia por broncoaspiración, ya que se encontraron partículas de leche en la tráquea y el estómago del menor. La culpa recayó en una enfermera. En el 2016, Sebastián, otro recién nacido, falleció en extrañas circunstancias. El parto fue sin incidentes y el niño gozaba de excelente estado de salud. Fue retirado por la enfermera para el baño, pero nunca volvió. Se informó a los padres que estaba en terapia intensiva y minutos después que murió por un “paro cardiorrespiratorio por broncoaspiración”.

Los servicios médicos están obligados o al menos deberían realizar controles o chequeos médicos previos antes de proceder con los pacientes y sus respectivas afecciones. Un ejemplo se dio en el Hospital Bautista, donde una mujer embarazada de 8 meses fue de urgencias hasta el centro médico por fuertes dolores de panza, al llegar “una especialista” le indicó que se recostara en la cama y ni bien lo hizo le presionó con fuerza el estómago. Ésta gritó que estaba en cinta y la respuesta de la médica fue “pensé que tenía gases”. En este caso, no hubo un chequeo previo antes de proceder.

Esto mismo suele pasar al momento de aplicar ciertos medicamentos, ya que algunos pueden causar reacciones alérgicas que, incluso, pueden llegar a ser mortales. Rodas agregó los casos de las clínicas privadas que realizan procedimientos quirúrgicos o estéticos. En los últimos tiempos, estas empezaron a hacer todo tipo de prácticas médicas de mediana y alta complejidad, sin estar preparadas para ello. El hecho sigue pasando desapercibido para la opinión pública. Como antecedente, ya son varios los casos de muerte tras cirugías estéticas.

COSTOS SIN REGULACIÓN

Un problema grave y que recibe constantes denuncias es el costo que conlleva cada procedimiento médico y que no está estipulado en el contrato, es decir, si un paciente se realiza una operación que en un principio tendría que costar G. 2.500.000, pero luego del procedimiento le informan que deberá pagar G. 15.000.000 ¿Cómo se explica?

Este caso fue real y corroborado por el propio ex superintendente. Primeramente, se debe entender que no existe una ley que pueda regular los montos, cada institución presenta sus aranceles. Los sanatorios poseen normativas para regular el costo de servicios, pero existen médicos que no se adaptan a las mismas y proponen aranceles propios, como consecuencia, el paciente debe adaptarse a este si desea ser atendido por el especialista. Al final, lo que paga el asegurado está supeditado a las aseguradoras y médicos.

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COBROS INDEBIDOS

“Se dan mucho las quejas de usuarios por cobros indebidos, la explicación de la administración de estas instituciones ante el excesivo aumento del precio de los servicios al momento del pago muchas veces se resume en que los seguros poseen una lista de utensilios a ser utilizados para cada procedimiento y dan por sentado que todos los utensilios de la lista fueron utilizados, sin corroborar su uso”, dijo el ex superintendente de Salud.

Además, agregó que las personas muchas veces no comprenden lo que se les está cargando a su cuenta, no conocen los términos que se utilizan en medicina y por consiguiente la probabilidad de que reclamen un cobro indebido disminuye.

“Aun así, existe una gran cantidad de denuncias por cobros indebidos que llegaron hasta la Superintendencia de Salud, son cobros sutiles porque no se puede corroborar lo que se utilizó en el procedimiento”, lamentó.

Asismed SA continúa recibiendo críticas en este punto, pacientes indican que la institución no es clara a la hora de hacer presupuestos y que terminan cobrando a los asegurados montos excesivos que no estaban estipulados con anterioridad.

En una oportunidad, una paciente que fue tratada en La Costa notó que la cuenta era mucho más elevada de lo que se había presupuestado con anterioridad. La misma se había realizado una cirugía estética y tras unos días volvió al sanatorio diagnosticada con neumonía. Al recibir el alta, en la cuenta le consignaron atenciones por su neumonía como si fuera por una intervención estética (que el seguro no cubre), tras ir a reclamar y demostrar el error cometido por la institución, se libró de pagar casi G. 20 millones.

ASEGURADOS PRIVADOS

Según un estudio de mercado de Servicios de Salud en Paraguay, realizado por ProChile-Paraguay, en el 2015 el sector privado a nivel país contaba con un total de 835.005 asegurados, de los cuales 306.523 personas (37% del total) pertenecen a los grupos Protección Médica SA (Promed), Asismed SA, Santa Clara SA, Servicios Médicos Migone SA y Centro Médico Bautista, que cuentan con más de un sanatorio y/o empresas a su cargo, conforme a datos proporcionados por la Superintendencia de Salud y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Estos seguros poseen una clasificación de nivel tres (3), que significa que son hospitales de referencia o altamente especializados, poseen equipos de complejidad y tienen gran número de especialistas. Esta clasificación no explica las fallas en el proceder en algunos casos con y sin derivación fatal.

Nuestro medio intentó conseguir datos actualizados de la cantidad de asegurados a la fecha, pero la Superintendencia de Salud se negó a facilitar la cifra, expresando que son datos confidenciales. Pero, conforme a lo manifestado por los asegurados, la cifra es cada vez más alta, ya que los “hospitales VIP están igual de colapsados que los hospitales públicos”.

“La cantidad de asegurados de estas empresas y los montos que cobran deben ser directamente proporcional a la capacidad de atención, infraestructura, calidad de sus profesionales, cantidad de camas, disponibilidad de equipos e insumos hospitalarios”, expresaba una asegurada, pero sin embargo en muchos casos están muy lejos de serlo.

Los pacientes de seguros de salud privada, que pueden llegar a pagar más de G. 700.000 mensuales, se preguntan en manos de quienes ponen lo más preciado que tienen: la vida. Al final, algunos centros ni siquiera cuentan con personal médico, medicamentos o equipos para realizar estudios médicos, e incluso, los despachan sin atención y hasta con sus hijos muertos en brazos.

Una larga lista de medicamentos aparecen como comercializados y Dinavisa llegó hasta el supuesto laboratorio donde constataron que no estaba habilitado y no cumplía con las normas mínimas.

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El titular de Dinavisa, Dr. César Cristaldo, indicó a la radio 650 AM que todos los medicamentos fueron retirados y el laboratorio clausurado. La situación fue comunicada al Ministerio Público.

Recordó que hay riesgos graves si se adquieren o utilizan productos no registrados ante la autoridad sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, en condiciones que no cumplen con las normativas vigentes

Los medicamentos adquiridos deben contar el número de registro sanitario, expedido por Dinavisa, dato del lote de fabricación, vencimiento, responsable técnico, reacciones adversas, indicaciones, advertencias, posología.

La denuncia refiere que Andrés Gubetich firmó contratos de compraventa sobre 4 inmuebles comprometiéndose a transferirlos libre de gravámenes al denunciante, Eustacio Rojas.

Sin embargo, uno de los inmuebles estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro ya estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero.

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El abogado José Fernández Zacur, explicó a Universo 970 AM de Nación Media, que en todos los casos recibió entregas dinerarias y pagarés o cheques que descontó dejando al comprador con las deudas.

Al respecto de la participación de su esposa, María Rosa Araujo, el abogado explicó que los bienes eran gananciales al momento de las “ventas” y la mujer omitió suscribir los contratos frustrando cualquier reclamación civil por cumplimiento contractual.

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Asimismo, el abogado enfatizó que el matrimonio Gubetich - Araujo utilizó al sistema financiero para descontar varios de los títulos de crédito provenientes de la estafa. El perjuicio asciende a cerca de U$s. 2.400.000.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, con la creación de esta cuenta, los recursos estarán disponibles y blindados durante todo el 2024.

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Para este año, ya se depositó en la misma 14,7 millones de dólares pertenecientes al saldo actual. Cada año se realizarán los depósitos correspondientes.

“Esta medida asegura que las universidades públicas contarán con los recursos necesarios de manera inmediata y garantizada en la cuenta mencionada, para la ejecución total del Arancel cero, beneficiando a estudiantes y familias de todo el país”, expresa parte del comunicado del MEF.

El lunes pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el documento que reglamenta la gratuidad universitaria y prometió que el Arancel Cero no se verá afectado durante su gobierno.

El Gobierno ya había anunciado que el programa estaba completamente garantizado con la ley modificada en la Cámara de Diputados y promulgada por el Ejecutivo. Ahora, aseguran que el blindaje se refuerza todavía más al crear una cuenta única y exclusiva para el dinero del Arancel Cero.

Esto ocurre al mismo tiempo que representantes del Gobierno y autoridades de las universidades públicas convocan a una mesa de diálogo con los estudiantes en paro para este viernes. Buscan disipar dudas y hablar sobre el aseguramiento del arancel cero y proyectos previamente financiados por el Fonacide.

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