“Con el gran nivel de evasión municipal que existe actualmente, la tarea de mejorar los espacios públicos y dotar de mayor infraestructura a la Ciudad, se hace más difícil de cumplir”, escribió la Municipalidad de Asunción en su cuenta de Twitter.

La publicación va acompañada de un listado de los 100 mayores deudores, entre los que se encuentran personas, instituciones y empresas de diferentes rubros.

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A más de 7.400 millones de guaraníes asciende el pasivo más alto que figura en la nómina, mientras que el más bajo es de 1.400 millones.

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El próximo lunes 10 de agosto, a las 8:30 horas, inicia el juicio oral y público contra Hernán Rivas, ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La fiscal Patricia Sánchez lidera la investigación del caso, donde atribuye al procesado la supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso para justificar sus títulos académicos.

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El arranque del juzgamiento sufrió postergaciones debido a modificaciones en la representación jurídica del imputado. En una primera etapa, el defensor público Martín Muñoz asumió la asistencia técnica de Rivas. Posteriormente, el acusado cambió de representación y designó a la abogada Alba Zaracho al frente de su defensa.

Ante esta sustitución, el tribunal de sentencia reprogramó la fecha del debate judicial para el próximo lunes por la mañana.

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El comisario Juan Pereira, director del Departamento de Antisecuestro, confirmó que el operativo desplegado en Asunción y Luque permitió detener a los integrantes de una banda de delincuentes que prestaba dinero sin requisitos para luego secuestrar, extorsionar y torturar a las personas para exigir pagos diarios, en la modalidad “gota a gota”.

“El operativo fue exitoso con la captura del líder y el rescate de la víctima, ya bajo segura custodia”, comentó Pereira, en una conferencia de prensa en la que encargó.

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El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro, informó que la investigación comenzó el 4 de agosto, cuando un colombiano acudió ante las autoridades de Medellín para denunciar que su hermano fue secuestrado por unos “prestamistas”, quienes exigían 25 millones de pesos (G. 50 millones) por la liberación.

“Recibía mensajes de Whatsapp en los que le mostraban que esta persona estaba siendo torturada, le exigían el pago por mensajes escritos y de audio; en base a eso iniciamos el trabajo de recolección de información”, relató Cardozo.

Los arrestados son: Óscar Pallares (19), Jaider Delabos Bustamante (39), Luis Miguel Triana (27), Jaider Delahos Pallares (18) y Jheiner David Rojas Pallares. Entre los elementos incautados mencionan: prendas vinculadas al hecho, un arma de fuego, cartuchos y accesorios, documentos celulares y una tablet, dinero en efectivo y un vehículo.

La modalidad “gota a gota” es muy conocida a nivel internacional y mueve mucho dinero en Colombia. Los criminales otorgan un préstamo sin formalidades (sin firmar documentos ni establecer los requisitos). Posteriormente, comienzan a exigir pagos diarios o a llevarse electrodomésticos y objetos de valor de la casa cuando las personas no pueden pagar. El siguiente nivel es secuestrar a las víctimas y exigir altas sumas por la liberación.

“Los que no tienen cómo pagar son secuestrados y torturados hasta que se les pague lo que ellos dicen. La persona rescatada fue torturada, tiene cortes en la oreja, se le quitó la ceja, hay videos muy fuertes”, comentó el comisario.

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Entre los detenidos hay una persona que obró con el mismo modus operandi en Perú. Esta modalidad también es utilizada en Centroamérica, además de Colombia.

La Operación Nueva Alianza 56 culminó con un contundente golpe a las estructuras del narcotráfico tras diez días consecutivos de incursiones en zonas boscosas del departamento de Amambay, cercanas a Pedro Juan Caballero y Capitán Bado.

Las operaciones fueron ejecutadas por Agentes Especiales de la SENAD, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), helicópteros de la Policía Federal del Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya, bajo coordinación del Ministerio Público, representado por la fiscal Rosana Coronel.

El balance final refleja la destrucción de 24.485 kilogramos de marihuana lista, el desmantelamiento de 71 campamentos clandestinos y la erradicación de 158 hectáreas de cultivos de cannabis, equivalentes a 474.000 kilogramos de producción potencial que fueron eliminados antes de su cosecha.

En total, 498 toneladas de marihuana fueron sacadas de circulación, ocasionando un perjuicio económico superior a 73 millones de dólares a las organizaciones criminales, según la estimación basada en el valor de la droga en el mercado brasileño.