El procedimiento se llevó a cabo ayer en la colonia indígena Yakaira, de María Auxiliadora, Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, donde aprehendieron a a Leonarda Benítez Valiente (32) y Salvador Sosa Gómez (33).

Los nativos pertenecen a la parcialidad Aba Guaraní y son sindicados de haber asesinado al suboficial segundo Ovidio Franco Albert.

El fiscal Óscar Samuel Valdez dispuso que los nativos permanezcan en la División de Investigación de Delitos y Homicidios.

Los antecedentes indican que ambos indígenas llegaron al citado puesto policial, donde fueron recibidos por el suboficial Ovidio Franco, a quien le reclamaron la inacción para atrapar a los responsables de la muerte de su hija.

En ese momento inició una acalorada discusión en la que Salvador Sosa se abalanzó sobre abalanzó sobre el uniformado y se inició un forcejeo en el cual el nativo le arrebató su arma al suboficial y los disparó a quemarropa.

La víctima falleció de manera casi instantánea y los autores del homicidio decidieron huir raudamente e internarse en un bosque para refugiarse. Ahora serán imputados por el Ministerio Público.

El informe del Hospital de Clínicas indica que ambos pacientes realizaban su tratamiento de hemodiálisis y a través de este gesto altruista de donación de órganos tienen una nueva oportunidad de mejorar su salud y la calidad de vida.

Cabe resaltar que uno de los pacientes tiene 64 años del sexo masculino, oriundo de la ciudad de Capiatá, el mismo recibió el riñón donado por una persona de 61 años de edad, fallecida en el Hospital de Clínicas por ACV hemorrágico.

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En tanto el otro paciente que recibió el trasplante es un hombre de 37 años, proveniente de la ciudad de CDE, quien fue trasplantado con un riñón de una donante de 47 años, quien falleció en el Hospital de Trauma por un trauma craneal.

Ambos pacientes llevaban años siguiendo su tratamiento de hemodiálisis, respectivamente fueron 4 años para uno y 2 años para el otro.

UNA NUEVA ETAPA COMIENZA

Los familiares de los pacientes trasplantados expresaron su agradecimiento y alegría por este nuevo comienzo para sus seres queridos, ya que a través de esta acción podrán volver a llevar la vida que tenían antes y gozando de buena salud.

Agradecieron enormemente a todo el staff de médicos, enfermeros y personal en general que trabajaron en todo este proceso y con los cuidados específicos que deben tener.

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Cabe resaltar que el Hospital Escuela cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para la realización de este tipo de intervenciones quirúrgicas complejas. Teniendo en cuenta también que el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, cumple con otros Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social (IPS), abriendo así un camino de esperanza a los compatriotas que tienen el derecho de ser trasplantados en su país.

Una larga lista de medicamentos aparecen como comercializados y Dinavisa llegó hasta el supuesto laboratorio donde constataron que no estaba habilitado y no cumplía con las normas mínimas.

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El titular de Dinavisa, Dr. César Cristaldo, indicó a la radio 650 AM que todos los medicamentos fueron retirados y el laboratorio clausurado. La situación fue comunicada al Ministerio Público.

Recordó que hay riesgos graves si se adquieren o utilizan productos no registrados ante la autoridad sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, en condiciones que no cumplen con las normativas vigentes

Los medicamentos adquiridos deben contar el número de registro sanitario, expedido por Dinavisa, dato del lote de fabricación, vencimiento, responsable técnico, reacciones adversas, indicaciones, advertencias, posología.

La denuncia refiere que Andrés Gubetich firmó contratos de compraventa sobre 4 inmuebles comprometiéndose a transferirlos libre de gravámenes al denunciante, Eustacio Rojas.

Sin embargo, uno de los inmuebles estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro ya estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero.

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El abogado José Fernández Zacur, explicó a Universo 970 AM de Nación Media, que en todos los casos recibió entregas dinerarias y pagarés o cheques que descontó dejando al comprador con las deudas.

Al respecto de la participación de su esposa, María Rosa Araujo, el abogado explicó que los bienes eran gananciales al momento de las “ventas” y la mujer omitió suscribir los contratos frustrando cualquier reclamación civil por cumplimiento contractual.

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Asimismo, el abogado enfatizó que el matrimonio Gubetich - Araujo utilizó al sistema financiero para descontar varios de los títulos de crédito provenientes de la estafa. El perjuicio asciende a cerca de U$s. 2.400.000.