En la nota, a la que tuvo acceso La Nación, se menciona que el órgano de control contará con la cooperación de técnicos de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para el tra­bajo de revisión.

Los auditores designados para llevar a cabo el análisis son Atilio Gaona Alcaraz, Marta Adela Ramírez, como jefa de equipo; y Héctor Daniel Godoy, como supervisor.

“(…) se solicita la provisión y remisión de todas las docu­mentaciones que serán suje­tas a estudio de la Auditoría General del Poder Ejecutivo; y la designación, por escrito, de un nexo entre el Ministerio del Interior y el equipo de audito­res”, dice parte de la nota que tuvo entrada ayer en la citada cartera de Estado.

Los primeros resultados de la investigación llevarán dos semanas aproximadamente, confirmaron desde la (AGPE).

Además de esta auditoría especial, la Dirección Nacio­nal de Contrataciones Públicas (DNCP) paralelamente inició otra investigación.

La Auditoría del Ejecutivo y Senac se concentran en la lici­tación que derivó en la adqui­sición, en abril pasado, de tres contenedores adaptados para comisarías móviles, a precios bastante elevados.

En tanto que la DNCP, ade­más de analizar el proceso de adquisición de estas tres comisarías móviles, inves­tiga la compra, en diciembre del 2018, de otros tres tráile­res para la Policía por parte del Ministerio del Interior.

A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millo­nes cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totalizando G. 1.479 millones. Así, Villama­yor adquirió cada tráiler de 14,8 m2, equivalente al precio de mercado de un dúplex de 100 m2 a estrenar en el Área Metropolitana, que actual­mente se oferta desde G. 360 millones.

En total, las seis comisarías móviles costaron al Ministe­rio del Interior G. 3.189 millo­nes. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo insta­ladas están preparadas para dos uniformados por cada contenedor.

Las compras que desataron mayor indignación en las redes sociales fueron los escritorios que cuestan G. 435 mil en el mercado, mientras Villama­yor, como firmante de con­trato, compró a G. 7 millo­nes cada uno. Así también, el ministro del Interior adqui­rió armarios de dos puer­tas que cuestan G. 900 mil a G. 7.350.000 y frigobar a G. 5.450.000, cuyo valor real de mercado es de G. 1 millón.

INTENTAN JUSTIFICAR, PERO SE EMBARRAN MÁS

Fernando Álvarez, director general de Gabinete, y Javier Fernán­dez, coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas (UEP) del Ministerio del Interior, se pasearon el fin de semana por canales televisivos para defender lo indefendible.

“Hay servicios conexos que no están de alguna manera descriptos en esos ítems, como ser, durante el tiempo de ejecución de contrato que es un año, tiene que mover, instalar y hacer la funcionalización de estas tres comisarías móviles por la cantidad de veces que nosotros vayamos a requerir”, expresó Álvarez en el programa “La Lupa” de Telefu­turo. Pero lo que dijo no está estipulado en el contrato, por lo que las supuestas obligaciones son básicamente fantasmas.

Pero el ridículo de la administración no solo se resume al intento de justificar lo ilógico, ya que al tiempo de defender la costosa compra, el ministro abrió una auditoría al verse sacudido por críti­cas en redes sociales.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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En la jornada de ayer, una comitiva fiscal y policial encabezó una serie de allanamientos en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Dichas diligencias se llevaron a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia de explotación a menores de edad por parte de supuestas monjas pertenecientes a la que denominan como Congregación “Hijas de la Virgen de Caacupé”.

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Las autoridades están tras los pasos de una falsa religiosa imputada por trata de personas, identificada como Rufina Salinas Acuña (54), quien permanece en calidad de prófuga.

Los allanamientos, a cargo de los fiscales Vivian Coronel, Luis Trinidad y Diana Gómez, resultaron infructuosos, puesto que no lograron hallar a la mujer en ninguna de las viviendas visitadas.

Pese a ello, encontraron algunas evidencias que hacen suponer que Salinas estuvo en uno de estos lugares el día anterior, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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En uno de los domicilios intervenidos, constataron la presencia de un adolescente en estado de abandono y con una enfermedad, quien es hijo de la propietaria. La misma será investigada igualmente por la Fiscalía en otra causa penal.

Rufina Salinas Acuña fue imputada junto con Olga Bogado Cubas (quienes se presentaban como religiosas) luego de haber sido denunciadas por una adolescente de 14 años, quien las acusó de someterla a trabajos forzosos, además de maltratos físicos y psicológicos.