Avión carguero hizo 3 intentos de aterrizar en CDE sin autorización

La Dinac recibió tres veces el pedido de un avión carguero de Angola, de aterrizar en el aeropuerto Guaraní sin autorización de la autoridad aeronáutica de su país. El tercer intento fue con una nota de urgencia con una insólita excusa. Pese a todo, la aerolínea fue rechazada.

El titular de Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica), Félix Kanazawa, contó que la semana pasada ingresó una solicitud oficial de Líneas Aéreas de Angola, a fin de aterrizar en el aeropuerto Guaraní para el transporte de cargas.

Ante este pedido, la Dinac consultó a la empresa si contaba con seguro y con autorización de la autoridad aeronáutica de su país para hacer este vuelo, a lo que la aerolínea contestó que no cumplía ninguno de estos dos requisitos.

Días después volvieron a comunicarse por el mismo pedido, alegando que habían conseguido el seguro, pero no la autorización de la autoridad aeronáutica, a lo que la Dinac volvió a denegar el permiso de aterrizaje.

Líneas Aéreas Angola se llamó a silencio hasta que el lunes 19 de julio remitió una nota de urgencia firmada por la Dirección de Aeronáutica de Angola, con el fin de que el avión proveniente de Costa Rica aterrice en Ciudad del Este para posteriormente tomar vuelo rumbo a Lisboa, Portugal. Esto llamó la atención de Kanazawa, pues no le encontró al sentido a venir desde Costa Rica hasta Paraguay sin ningún fin para luego ir a Portugal.

“Ahí desistieron de venir, yo inmediatamente ordené que desde el espacio de control local envíen un mensaje urgente a todas las rutas donde iba a circular, denegando el ingreso al territorio paraguayo, entonces cada uno de estos centros envió un mensaje al centro de control de Costa Rica avisando que tiene prohibición de llegar a Paraguay”, explicó Kanazawa en comunicación con la 730 AM.

La única excepción mediante la cual el avión hubiera podido ingresar, hubiera sido el caso hipotético en el que se estuviera quedando sin combustible.

Previendo este escenario, la Dinac activó la alarma en la Comisión Nacional de Seguridad, integrada por la Aviación Civil, Ministerio del Interior, Aduanas y Migraciones. Las autoridades estuvieron presentes en el aeropuerto Guaraní ante la eventualidad de que este avión solicitara aterrizar de emergencia por falta de combustible.

Consultado sobre qué carga traía el avión, el ingeniero Kanazawa aseguró que desconoce el dato, pero que la nota señalaba que ninguna carga bajará ni subirá en Paraguay.

 

Presidente de la Corte pide seguridad para juez y su familia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel se solidarizó con el juez de Pedro Juan Caballero Luis Alberto Benítez, quien sufrió un atentado anoche y dijo que pedirá a las autoridades mayor seguridad para el magistrado y su familia.

"Este hecho llama la atención y es un problema serio de seguridad para los magistrados, nuestra solidaridad con él” dijo el presidente de la Corte.

También apuntó que va a hacerle un llamado al ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y el comandante de la Policía, para que se refuerce la seguridad del juez Benítez en el plano laboral y también en el familiar.

A propuesta del ministro Eugenio Jiménez Rolón, se decidió expresar institucionalmente el repudio a este lamentable hecho, secundando la moción del presidente Diesel de iniciar acciones para brindar mayor seguridad a los jueces que ejercen funciones en la Circunscripción Judicial de Amambay.

Anoche personas que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra la casa del juez Luis Alberto Benítez, ubicada en El Barrio Virgen de Caacupé, de Pedro Juan Caballero.

Las balas dieron contra la pared de la vivienda y el portón, pero felizmente no hubo heridos. No se tienen mayores datos sobre los hombres que cometieron el hecho y tampoco se sabe el móvil de suceso.

 

Exceso de mortalidad en Paraguay: más de 30.000 muertes en los últimos 5 años

La Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que en los últimos cinco años se registraron más de 30.000 defunciones por todas las causas a nivel país. El 2020 presentó un exceso de mortalidad del 13,9%.

Primeramente se debe entender que el exceso de mortalidad se refiere a la cantidad de muertes por todas las causas que se producen por encima de lo normal esperado en una población o territorio durante un periodo de tiempo. Esta cantidad se compara con la línea de base establecida por los promedios históricos.

En ese contexto, Vigilancia de la Salud detalla en su informe que a diferencia de las muertes por COVID-19, la estimación de mortalidad por todas las causas identifica de manera más apropiada el impacto real de la pandemia en la población.

En el siguiente gráfico, se muestra los valores históricos de mortalidad por semana del quinquenio (2015 al 2019), en una curva gris amplia que corresponde sus valores a los intervalos de confianza mayor y menor o variabilidad de ese promedio. Sobre esos valores se muestra la línea roja que marca la cantidad de muertes que se observó durante cada semana del 2020.

Se considera “exceso de mortalidad” cuando estos valores de la línea roja, superan el límite superior del intervalo de confianza del promedio 2015-2019.

El resultado principal es que el año pasado presentó un exceso de mortalidad del 13,9%, observándose la mayor parte de este exceso a partir de la semana 33 (finales de agosto) del 2020.

Para acceder al informe detallado por regiones del país y a la metodología utilizada, puede ingresar al siguiente enlace: http://dgvs.mspbs.gov.py.

 

Evaluación Gafilat: lo que implica la falta de cooperación de Superintendencia de Bancos

Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las instituciones, y en tal sentido recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información a la Fiscalía en el caso Atlas-Leoz por supuesto lavado de dinero.

Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, fue consultada por la radio 650 AM cómo podría repercutir esta falta de cooperación de un organismo del Banco Central del Paraguay (BCP) con el Ministerio Público en vista a que dentro de poco Paraguay será objeto de escrutinio de los evaluadores de Gafilat.

Si bien la funcionaria no quiso emitir valoraciones sobre el caso en particular, alegó que dicha situación negativa podría tomarse del lado positivo, es decir, verse desde el punto del marco del ordenamiento jurídico, el cual funcionó al dar vía libre a la Fiscalía a recolectar la información.

“Estamos al tanto de todas las investigaciones que tienen que ver con nuestra competencia, estamos trabajando en forma coordinada. En este caso particular, efectivamente hemos mencionado que las alertas funcionaron, en el tránsito que debe seguir para la causa judicial. Lamento no poder hacer una valoración de la situación particular. En todos los casos, cuando el sistema reacciona ante un caso de involucramiento de lavado de dinero, está realizando sus acciones pertinentes en el marco de sus ordenamientos jurídicos. Eso es bueno. Una negativa a buenas a primera representa una mirada negativa, pero hay que resaltar la acción de los órganos jurisdiccionales, es una buena perspectiva”, argumentó.

Pese a haber existido una falta de cooperación entre las instituciones, la entrevistada consideró que no creería que se lleve al extremo la evaluación de Gafilat solo por esa actuación, sino más bien cree que el examen se abocará a indagar sobre si eso se dio de manera repetitiva o no cinco años atrás, periodo en que será evaluado nuestro país.

Destacó además que Paraguay mostró avances en el ordenamiento jurídico y en especial en la evolución del secreto bancario, ya que antes era difícil obtener información de ese sector por las leyes que estaban vigentes, pero que con la modificación hecha en el año 2019 se avanzó mucho y se lograron mejoras significativas.

Consultada sobre si podría jugar en contra de Paraguay este caso, respondió que no se pueden dejar de lado todas las acciones que van saliendo a la luz pública y pueden ser observadas por los evaluadores incluso mediante la prensa. No obstante, reiteró que es importante mencionar que hay muchos otros puntos positivos que pueden ayudar a mantener un buen promedio a Paraguay.

Con relación a qué medidas se tomarán tras este escándalo, precisó que desconoce cuáles serán las acciones concretas, pero garantizó que regularmente las máximas autoridades de las instituciones se reúnen a charlar para ir mejorando las dificultades y vulnerabilidades, tanto con miras a la evaluación como así también el propio desenvolvimiento correcto de las instituciones.

LA VISITA

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará una visita de evaluación a Paraguay, para que el país defienda los avances en materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se espera a los evaluadores entre los meses de agosto y septiembre. Durante esa etapa un grupo de expertos vendrá a Paraguay y otro hará el seguimiento desde sus países vía medios telemáticos. Los visitadores tienen previsto realizar entrevistas durante 15 días en el país, para recolectar toda la información a ser analizada. Recién en julio del año que viene se tendrá la conclusión y calificación, de acuerdo con Carmen Pereira.

¿QUÉ ES GAFILAT?

Según describe su página web, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

La organización regional está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay.

¿QUÉ REALIZA?

GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de sus 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, y las evaluaciones mutuas.

A este estudio será sometido nuestro país y consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada miembro del grupo para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El proceso de evaluación conlleva el estudio y análisis del cumplimiento de las 40 Recomendaciones y la efectividad de sus resultados. Esto le permite al país analizado integrarse a la red global de Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF y recibir una calificación de aval.

¿QUÉ PASARÁ SI PARAGUAY NO APRUEBA?

Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó a La Nación Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

COOPERACIÓN

En el compendio de las 40 Recomendaciones que serán evaluadas por GAFILAT figura la cooperación y coordinación nacional. En ese sentido los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto debe incluir cooperación y coordinación entre las autoridades relevantes para garantizar la compatibilidad de los requisitos ALA//CFT/CFP con las normas de Protección de Datos y Privacidad y otras disposiciones similares.

Esto no se cumplió en nuestro país en el pedido hecho por la Fiscalía a la Superintendencia de Bancos en el marco del caso Atlas-Leoz.