Emanuele Ottolenghi, politólogo y miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, habló con la radio Monumental sobre el perfil de Gholamreza Ghasemi Abbas, el piloto iraní del avión retenido en Ezeiza, Argentina, por supuestos vínculos con grupos terroristas.

Hace un mes estuvo en Paraguay con el mismo avión para trasladar un cargamento de cigarrillos de Tabesa a Aruba. Fue contratado por la empresa que adquirió los productos, por lo que la firma local nada tiene que ver con este avión.

“Estamos hablando de un exmiembro de la Guardia Revolucionaria Iraní, es un piloto calificado, pero sigue manejando los negocios de la organización”, dijo al respecto el entrevistado.

El experto dejó en claro que en esta situación no se pone en duda la carga transportada (de la firma Tabesa), sino más bien que en ese avión iban 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes sospechados de formar parte de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“La carga que el avión lleva de una ciudad a otra, no es lo que debemos investigar, pero llama la atención los tripulantes, porque responde a dos regímenes políticos”, advirtió Ottolenghi. “Por lo general en horas un carguero cumple su función, acá llama la atención que fueron a CDE y estuvieron 3 días, qué hicieron allá, a dónde fueron”, se preguntó. El carguero, con matrícula YV3531, llegó el 13 de mayo a Paraguay y, salió el 16 de mayo.

Durante la entrevista arguyó que las evidencias muestran que se trata de una operación política y no comercial.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, grupo conformado por numerosos afectados por esta mega estafa, realizó este martes una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Con pancartas y carteles, las víctimas —entre las que se encuentran docentes, funcionarios públicos, enfermeros y jubilados, entre otros— exigen a las autoridades judiciales alguna solución a sus reclamos.

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Aprovecharon la ocasión para solicitar vía nota una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir un canal de diálogo y plantearles una serie de inquietudes y pedidos de manera formal.

Los manifestantes representan a las miles de víctimas de esta rosca mafiosa, que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y hasta casas de créditos y empresas de cobranza, quienes utilizaron pagarés sin retirar para ejecutar embargos salariales.

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Exigen una respuesta inmediata a sus reclamos, sobre todo para frenar los descuentos compulsivos que sufren mes a mes, además de un severo castigo a los responsables y una investigación transparente. A la par, plantean la creación de un tribunal especializado para atender sus casos.

La Coordinadora de Víctimas convocó a una nueva manifestación para el 21 de julio, teniendo nuevamente como punto de convocatoria la sede del Poder Judicial.

En la tarde de este martes se reportó un atentado con arma de fuego en la Colonia Yvy Morotî de la ciudad de Nueva Toledo.

Los datos preliminares señalan que se trató de un intento de feminicidio, el cual tuvo como blanco a Sany Paola Cabrera Cabrera, de 24 años, siendo el autor su expareja, Derlis Alfredo Báez Iglesias, de 36 años.

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Según relató a Universo 970 AM el Crio. Juan Medina, esta mujer se encontraba vendiendo ropas en la comunidad indígena, en compañía de su hermana menor y una amiga, cuando fueron interceptadas por Báez, quien llegó a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabras, este sujeto abrió fuego contra las tres mujeres, quienes recibieron varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo.

El hecho dejó como víctima colateral a Mirna Soledad Caballero Pereira, de 17 años, hermana de Sany Cabrera, quien falleció de un disparo en la cabeza. Por su parte, María del Rosario Brítez Duarte, de 58 años, quedó en grave estado.

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Cabrera también quedó gravemente herida y fue trasladada junto a su amiga al Hospital Distrital de Yhû para recibir atención médica. En estos momentos, ambas se encuentran entre la vida y la muerte.

Luego del ataque, Báez decidió darse a la fuga y refugiarse en su lugar de trabajo, un establecimiento ganadero de la zona, donde finalmente se autoeliminó de un balazo, según confirmó el agente policial.

La iniciativa, que tiene como denominación oficial “Que establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas”, propone obligar a las empresas telefónicas a proporcionar información de geolocalización de manera inmediata.

El diputado Saúl González (ANR-Central), proyectista del documento, dijo que uno de los principales obstáculos en las investigaciones de personas desaparecidas son las demoras de las compañías telefónicas para entregar información crucial.

“Los familiares de desaparecidos, frecuentemente, reciben de las autoridades la respuesta de que las compañías telefónicas demoran en dar la información requerida sobre la geolocalización y triangulación de antenas celulares”, expresó.

La exposición de motivos del documento sostiene que esta situación genera frustración en los denunciantes que perciben que la Policía Nacional, la Fiscalía General y los juzgados de garantías no actúan con la urgencia necesaria en estos casos críticos.

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DATOS EN TIEMPO REAL

El proyecto establece que las empresas públicas y privadas de telefonía celular deberán proveer datos de geolocalización y triangulación de antenas “en forma inmediata, es decir en tiempo real y en su defecto, en un plazo no mayor a dos (02) horas a partir de su solicitud”.

El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la entidad principal encargada de estas investigaciones. Sin embargo, también otorga facultades a la Fiscalía General de la República a solicitar, directamente, a los juzgados de garantías cuando la Policía Nacional no active el protocolo de inmediato.

Los oficios serán tramitados mediante la figura del “anticipo jurisdiccional de pruebas”, garantizando un marco legal sólido para las solicitudes de información, según la propuesta.

Una de las disposiciones más exigentes del proyecto es la que obliga a las empresas telefónicas a “adecuar sus instalaciones técnicas e infraestructura de manera a dar la respuesta requerida en el tiempo establecido”.

Tras la media sanción, se dispuso que el proyecto sea remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.