En entrevista con la radio 650 AM, Roque Silva comentó que ayer vacunaron a 2.000 personas en los 21 vacunatorios que se tienen en total en Central. “Sa’i la gente, ni 30 personas acuden al vacunatorio en ciudades chicas, tal como Guarambaré”, detalló.

Entre los motivos de esta baja concurrencia, aseguró que mucha gente teme vacunarse, algunas no tienen las formas para acercarse a los centros habilitados y además en esta franja etaria no hay muchas personas.

Silva afirmó que el grueso se verá cuando se habilite el grupo de los 60 años para arriba y que para ello ya están viendo las estrategias que se adoptarán para poder dar abasto a la alta demanda que se dará, como la habilitación de los vacunatorios hasta las 20:00. No obstante, adelantó que el siguiente paso será bajar la franja etaria a los 70 años y recién luego analizar cuándo alcanzará a los demás adultos.

Por otra parte comentó que tras sus posteos en contra de la vacunación de Mirta Gusinky, el propio presidente Mario Abdo le dijo que siga por ese camino. “Fue un mensaje de un amigo a otro amigo. Ese es el trato que tengo con él y con el ministro de Salud”, agregó.

En tanto que, sobre las demás vacunaciones irregulares, el entrevistado comentó que bajo su administración hay 70 casos que están siendo investigados, pero prometió que tendrá todos los documentos para que los responsables sean individualizados en el caso de haberse cometido alguna irregularidad. “Si soy destituido será por una presión política, nunca por haber tocado un solo guaraní”, dijo por último.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

Nota relacionada: Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por ANDE

Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente. Todos los datos serán utilizados para terminar de laborar un proyecto de ley de regulación de la criptominería, aunque también existe otro que plantea directamente la prohibición.

Lea también: El gran negocio de las criptomonedas, “herencia del Gobierno de Alí Babá”

Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

Noticia vinculada: Criptoshopping de los Zuccolillo: ANDE analiza cobrar los US$ 300.000 evadidos

La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

Lea también: Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por ANDE

En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

Es noticia: Peña firma el decreto que reglamenta el Arancel Cero

En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

Lea también: Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por ANDE

La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

Es noticia: Peña firma el decreto que reglamenta el Arancel Cero