El poderoso jefe narco Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca” inyectó muchísimo capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico. El criminal, detenido en Brasil, era considerado un “barón de la droga”; sobre sus hombros llevaba más de 50 años de condena y 24 órdenes de captura por parte de la Justicia Federal del Brasil.

En una entrevista concedida a radio UNO, en enero del 2021, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la lucha contra el Narcotráfico, había señalado que el caso Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, es el más grande en cuanto a activos inyectados en el sistema financiero que se maneja y el más relevante que tiene el país.

Junto con sus hijos, Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde diciembre 2017 por lavado de dinero, en el que están incluidas además otras 20 personas por las inyecciones de capital con dinero sucio que el narco metía en innumerables empresas y en el sistema financiero paraguayo, a través de sus testaferros.

El criminal, que tenía un gran poder en el mundo de las drogas, empezó su actividad delictiva hace 20 años y siempre fue el objetivo de Paraguay y Brasil. Aquí no pudo ser detenido porque gozaba de mucha habilidad y logística. De acuerdo con la agente fiscal, también influía mucho la naturaleza, ya que era muy difícil llegar a su estancia porque antes de alcanzar el lugar había que pasar cinco portones, y cuando se llegaba, él ya huía por el río.

Este es el pagaré firmado al Banco Atlas por el tractorista de “Cabeza Branca” por valor de US$ 6,5 millones.

Tras permanecer 30 años prófugo de la Justicia, Da Rocha finalmente fue capturado en el interior de la panadería del municipio de Sorriso, del Estado de Mato Grosso, Brasil, a 390 kilómetros de Salto del Guairá y a 520 kilómetros de Ciudad del Este, el 1 de julio de 2017.

En Paraguay, la investigación contra “Cabeza Branca” es una de las más grandes y más antiguas en cuanto a la identificación de activos. La cantidad de bienes es inmensa, de acuerdo con Ledesma. “Era muy importante y peligroso en el mundo de tráfico de drogas”, acotó.

Aquí, el narco no solamente tenía 20 estancias, con supuesto movimiento de ganado, sino que además varias empresas en diferentes modalidades. También se identificaron 98 inmuebles en el área Central y casi 100 vehículos que la Policía Nacional tenía orden de incautación.

Ahora salta que entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco hizo turbios negocios con Atlas, de la familia Zuccolillo, a través de un aparente testaferro. El banco Atlas otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombres.

Este es el contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria y acta de desembolso entre el Banco Atlas y la firma Biobras S.A., cuyo principal accionista es Gilberto Suárez, tractorista de una de las estancias de “Cabeza Branca”.

Cronología de la operación lavado del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, en banco Atlas:

En el año 2015, el Banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha.

Gilberto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombres del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia para rematar el inmueble y recuperar su dinero.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.

Este año, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las conexiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activamente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.

Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero y otros delitos conexos (del Congreso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.