Los directivos del banco Atlas podrían ser impu­tados por lavado de dinero y se expondrían a una pena carcelaria de hasta 10 años, por presuntamente no haber aplicado una debida dili­gencia para otorgar un prés­tamo hipotecario de US$ 6,5 millones a un tractorista que era el testaferro del poderoso narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

Una causa fiscal fue abierta en febrero del año pasado contra varios bancos, entre ellos Atlas, de la familia Zuccolillo, por sus aparentes vínculos con Luis Carlos da Rocha, quien estaba siendo investigado en un caso anterior por narcotráfico. El Ministerio Público pudo deter­minar que dentro de la inves­tigación al mafioso aparecen indicios de faltas de diligencias de parte de algunas entidades para el otorgamiento de crédi­tos y por ende se decidió abrir otra causa puntual por el hecho punible de lavado de dinero.

Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente de banco Atlas y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco.

Un reglamento de la Sepre­lad, referente a la prevención de lavado de dinero y finan­ciamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superin­tendencia de Bancos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero del 2014. Sus disposi­ciones son sumamente claras y se aplican al caso de Atlas, porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre del 2015.

Entre los mandatos de la reso­lución figura la política de debida diligencia a ser apli­cada para el cliente, como la obligatoriedad de la identifi­cación y actualización de las documentaciones. En ese sen­tido expresa que “al inicio de la relación comercial, la enti­dad está obligada a identificar por medios fehacientes a sus clientes y beneficiarios fina­les”. Para ello, el banco “debe establecer procedimientos de identificación de sus clientes y beneficiarios finales, pudiendo delegar dicho proceso a terce­ros. La responsabilidad en el cumplimiento de esta obliga­ción corresponde exclusiva­mente a la entidad”.

Directorio del Banco Atlas.

Este reglamento también prevé un monitoreo de las transacciones, el cual debe contemplar medidas y contro­les que permitan a la entidad bancaria cerciorarse de que todas las operaciones y tran­sacciones realizadas por sus clientes y beneficiarios finales, durante la relación comercial, sean compatibles con su per­fil, su capacidad económica-fi­nanciera y su límite operativo autorizado, además de deter­minar que las transacciones realizadas concuerden con la actividad y capacidad econó­mica del cliente; con el propó­sito y naturaleza de la relación comercial y con el volumen de operaciones esperado.

Así también, la entidad debe hacer llenar un formulario al cliente, con todos sus datos. Para las personas físicas, debe constar de la descrip­ción de la actividad econó­mica principal (de servicio, comercial, industrial, ocupa­ción, profesión, oficio u otro). Mientras que para las perso­nas jurídicas, debe figurar la identificación del negocio o de las actividades principales del cliente, con la declaración jurada de impuestos.

Los bancos, tal como debió hacer Atlas, están obligados a aplicar medidas de debida dili­gencia ampliada a los clientes clasificados como de “riesgo alto”. Para eso, deben obtener información adicional, como su ocupación y su volumen patri­monial, sobre las razones de las transacciones que efectúa, corroborar in situ la existencia y actividad del cliente, y moni­torear constantemente el desa­rrollo de la relación comercial.

Para evaluar el riesgo del cliente, el banco debe tener en cuenta una serie de factores. En el caso de Atlas, al parecer se habría obviado, por ejemplo, la de adoptar criterios por la zona identificada de cultivo o tráfico de drogas. También debe con­siderar los datos oficiales que vayan surgiendo para ir cam­biando el perfil del cliente.

Era responsabilidad del banco Atlas conocer a su cliente que resultó ser un tractorista, que actuaba de testaferro del narco “Cabeza Branca”, y que ofre­ció como hipoteca una estan­cia que en realidad pertene­cía al mafioso criminal. Ante esta aparente mala diligencia, sus directivos se exponen hoy a fuertes sanciones adminis­trativas y penales, en el caso de corroborarse la presunción que tiene la Fiscalía.

¿A QUÉ SE EXPONE EL BANCO ATLAS?
La Ley Nº 1015, que previene y reprime los actos ilícitos des­tinados a la legitimación de dinero o bienes, establece una sanción penal para el delito de lavado de dinero, con un castigo de pena penitenciaria de dos a diez años. Se hace la salvedad que el juez podrá dejar de apli­car la pena al coautor o partí­cipe si este colabora espontánea y efectivamente con las autori­dades para el descubrimiento del ilícito, para la individualiza­ción de los autores principales o para la ubicación de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito.

La normativa establece además agravantes para los empleados, funcionarios, directores, pro­pietarios u otros representan­tes autorizados de los sujetos obligados que tengan participa­ción en el delito de lavado.

Para las personas jurídicas se establece una sanción adminis­trativa, que va desde una nota de apercibimiento, amonesta­ción pública, multas de entre el 50% y 100% de la opera­ción infractora, hasta una sus­pensión temporal de treinta a ciento ochenta días.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.