En un espacio reservado, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, expuso que el Grupo Zucolillo, buscando desviar la atención sobre el comprobado blindaje y lavado del dinero sucio de Nicolás Leoz a través del banco Atlas, desde el diario Abc Color lo persiguió mediáticamente durante siete años.

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Una auditoría forense llevada a cabo bajo su gestión demostró que una parte importante del fideicomiso de Leoz en el banco se integró con una deuda que la Inmobiliaria del Este (Idesa, también de Zuccolillo) tenía con el expresidente de la Conmebol, sin que exista documento alguno que explique cómo Leoz había adquirido los documentos loteados y vendidos por Idesa. Dicho fideicomiso fue constituido en febrero del 2016, cuando sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre el dirigente deportivo, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millo­nes. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organi­zación mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

En ese sentido, en febrero del 2021, la Conmebol presentó una denuncia por lavado de dinero ante la Fiscalía, la cual en abril de ese año allanó la sede de Atlas. Así también en julio de ese mismo año allanó la Superintendencia de Bancos del BCP ante la negativa de proveer información en esta causa. Sin embargo, pese a estos importantes pasos dados al inicio, luego ya nada se supo sobre algún avance en la investigación.

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Mientras el banco Atlas niega información a la justicia sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”, otras importantes entidades financieras del extranjero optaron por colaborar en las investigaciones en el marco del FIFA Gate. Tal es el caso del banco suizo Julius Baer, el cual acordó pagar US$ 80 millones en el marco de un arreglo por acusaciones de corrupción, Televisa accedió a pagar US$ 95 millones para resolver sobre una demanda de sobornos a la FIFA y el banco israelí Hapoalim acordó pagar US$ 30 millones por su participación en el lavado de dinero de la FIFA.

El último acuerdo citado, al cual tuvo acceso el equipo de La Caja Negra en su idioma original y traducido al español por una tra­ductora pública matricu­lada por la Corte Suprema de Justicia, fue firmado en abril del 2020 entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la División Penal, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el banco israelí.

Allí se deja constancia y se exponen detalles que la participación de la multinacional con sede en Tel Aviv y varias sucursales en todo el mundo, en el esquema de soborno de la FIFA.

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Según el documento, entre 2010 y 2015, los encargados del banco conspiraron con los argentinos Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, el venezolano Rafael Esquivel, el colombiano Luis Bedoya y otros para lavar fondos a través de cuentas en el banco en apoyo de varios esquemas de soborno relacionados con la FIFA. Durante este mismo período de tiempo, el personal del banco no investigó ni abordó adecuadamente los indicios de lavado de dinero y las señales de alerta planteadas por ciertos empleados del banco en relación con las diversas cuentas en poder de la empresa Full Play.

Esta firma operaba principalmente en Argentina, aunque con varias filiales y afiliadas como “Bayan Group SA” (con cuenta en el banco Hapoalim en su sede en Suiza), “Cross Trading SA” (con dos cuentas en el mismo banco mencionado), y “Yorkfields SA” (con una cuenta en el banco Hapoalim en Miami).

A partir de 2007, Full Play sobornó a numerosos funcionarios de fútbol afiliados a las federaciones nacionales de fútbol de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia a cambio de los derechos de transmisión de los respectivos equipos nacionales de fútbol de esas federaciones.

Muchos de los pagos de sobornos realizados en la cuenta de Yorkfields activaron las alertas internas contra el lavado de dinero del banco. Estas alertas generalmente requerían que el Gerente de Relaciones proporcionara una explicación al departamento de cumplimiento del banco para el pago en cuestión, después de lo cual se requeriría que un analista de cumplimiento del banco revisara y aprobara la explicación y eliminara la alerta antes de que se pudiera realizar el pago. A pesar de las alertas y las banderas rojas planteadas, los pagos de sobornos finalmente fueron aprobados.

ADVERTENCIA DE PERFIL DE RIESGO

Según el informe, dos altos directivos de Hapoalimm (un uruguayo y un suizo) promovieron deliberadamente los esquemas de soborno al permitir que sus clientes utilizaran cuentas en el Banco para pagar sobornos. Aproximadamente en 2010, los altos conspiradores entendieron que Hugo y Mariano Jinkis estaban pagando sobornos a funcionarios de la FIFA.

Alrededor del 30 de agosto de 2011, un Empleado de Cumplimiento del banco planteó una serie de inquietudes porque los pagos no estaban de acuerdo con el perfil de cliente y advertía que el riesgo reputacional con respecto a este cliente para el banco era sustancial. A pesar de las preocupaciones del empleado sobre los pagos de Full Play a Luis Bedoya, los altos directivos del banco continuaron ejecutando pagos a los funcionarios de fútbol.

COPA AMÉRICA Y COPA CENTENARIO

El documento también aborda el esquema de sobornos de la Copa América y la Copa América Centenario. En ese sentido expone que aproximadamente de 1987 a 2011, Traffic Sports (“Traffic”), una empresa brasileña de marketing deportivo, tuvo los derechos comerciales del torneo de fútbol Copa América de la CONMEBOL. En varias ocasiones durante ese período, Traffic acordó pagar sobornos a varios funcionarios de la CONMEBOL a cambio de su apoyo a la posición de Traffic como titular exclusivo de esos derechos.

Alrededor del 2009, un grupo de seis presidentes de las asociaciones miembros de la CONMEBOL formaron un bloque para obtener un mayor control sobre las decisiones relacionadas con el gobierno y la venta de las propiedades comerciales de la CONMEBOL, decisiones que anteriormente habían estado dominadas por los representantes de las potencias del fútbol Argentina y Brasil. A partir de 2009, los miembros del “Grupo de los Seis”, como se conocía a los miembros del bloque, exigieron que ellos también recibieran sobornos anuales a cambio de su apoyo para la adjudicación de los derechos de transmisión.

En 2010, la CONMEBOL terminó su relación de larga data con Traffic y firmó un acuerdo con Full Play, otorgando a esta empresa los derechos exclusivos de medios y marketing para las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la Copa América, entre otros torneos. Para ganar ese contrato, los directores de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, acordaron pagar sobornos a varios funcionarios de la CONMEBOL.

EL RECONOCIMIENTO DEL BANCO

En el informe, el banco admite, acepta y reconoce que, según las leyes de los Estados Unidos, es responsable de los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes, ya que desde el 10 de diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2015, algunos de sus gerentes de relaciones conspiraron con ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios de fútbol para ejecutar al menos $20.733.322 en pagos de sobornos en apoyo de un esquema en el que las compañías de marketing deportivo sobornaron a funcionarios de fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol.

Al conspirar para ejecutar esos pagos, los gerentes de relaciones tenían la intención de promover el fraude electrónico de servicios honestos. Estos altos directivos conspiraron para ocultar y disfrazar el producto del soborno. Al ejecutar los pagos y mantener las relaciones, los gestores de relaciones también pretendían, al menos en parte, beneficiar al Banco, que de hecho realizaba comisiones y beneficios de las cuentas en cuestión. Un empleado de cumplimiento del banco cuestionó y reportó algunos de los pagos, pero la entidad no adoptó las medidas adecuadas.

Es por ello que el banco se comprometió a un programa anti-lavado de dinero y aceptó pagar una multa de 9.329.995 dólares, y 20.733.322 dólares de decomiso por los fondos involucrados en transacciones o intentos de transacciones de sus cuentas para promover sobornos.

Tres ciudadanos de nacionalidad china, de 54, 29 y 28 años de edad, en las últimas horas fueron expulsados del territorio nacional.

La salida de estos extranjeros se dio a raíz de su ingreso y permanencia irregular en suelo paraguayo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 6984/22.

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Estas tres personas formaban parte del grupo hallado tras el asalto a una granja de criptominería ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

Otro ciudadano chino, junto con un venezolano, también fueron notificados para regularizar su situación migratoria, dado que sí contaban con registro de ingreso al país.

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El intento de asalto acabó siendo frustrado gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, que fue alertada sobre el hecho por uno de los empleados.

Los miembros de la banda criminal lograron escapar del sitio sin lograr su cometido, para lo cual huyeron en varios vehículos.

Mediante un trabajo de investigación policial, en las últimas horas se concretó la detención de Augusto Suárez Ortiz, de 60 años, en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo.

El mismo posee frondosos antecedentes penales por robo agravado y hurto agravado, además de contar con cuatro órdenes de captura pendientes.

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Este sujeto es acusado por las autoridades de liderar una banda delictiva que el pasado mes de abril perpetró un intento de asalto en la ciudad de Villeta.

Según los antecedentes, Suárez y sus cómplices ingresaron a un puerto privado con el propósito de apoderarse de una importante cantidad de fertilizantes, pertenecientes a una empresa privada.

El atraco acabó siendo frustrado gracias a la intervención de las fuerzas del orden, lográndose la captura de más de 10 integrantes de este grupo criminal.

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Durante todo este tiempo, Suárez permaneció prófugo de la justicia, hasta que finalmente se pudo dar con su paradero. En su poder incautaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos sin percutir.

Con su captura, la Policía presume que la banda fue completamente desbaratada, sin que falte ningún eslabón por detener.

Personal del Departamento de Lucha contra el Abigeato en la jornada de ayer logró la detención de cuatro personas en la jurisdicción de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Se trata de Aldo Asunción Espínola, Román del Rosario Recalde, Anastacio Francisco de la Cruz y Orlando Catalino Ibarra de la Cruz, quienes viajaban a bordo de un camión de la marca Isuzu modelo NKR55L, con chapa ADR 834.

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Estos sujetos se encuentran sospechados de dedicarse al robo de ejemplares vacunos, razón por la que la Policía procedió a su captura.

En su poder hallaron un total de cinco animales vacunos, de los cuales dos eran novillos de pelaje negro y los tres restantes vacas de pelaje blanco, todos con pinta de marca.

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El detalle que llamó la atención es que ninguno de los ejemplares contaba con alguna documentación que respalde su origen, por lo que son considerados de dudosa procedencia.

Luego del procedimiento, los cuatro sujetos fueron trasladados hasta la sede de la Comisaria 3ª de Arroyos y Esteros, quedando a disposición del fiscal Bernardo Elisaur.