El informe técnico de la Dirección General de Control de Con­trataciones Públicas puso en evidencia el manejo dis­crecional de los bienes públi­cos por parte del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia Araújo. Desde la Contraloría General de la República (CGR) desnuda­ron el esquema con el que se dirige la multimillonaria lici­tación para la contratación de los servicios de limpieza.

La administración del IPS no debió de adjudicar la millonaria licita­ción de G. 109.000 millones, donde las empresas de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo de Hugo Velázquez, presentaron ofertas por G. 70.500 millo­nes y aseguraban, al menos, G. 62.000 millones debido a que monopolizaron dos de los lotes más grandes. Tras reve­laciones de irregularidades del equipo de Investigación de Nación Media, se terminó adjudicando un solo lote de G. 50.367 millones en favor de la firma Cevima SA.

La periodista Rossana Escobar, jefa de investigación de Nación Media, indicó que periodísticamente se puede afirmar, tras el informe de la Contraloría, que Bataglia se extralimitó armando licitaciones a la medida de sus amigos.

“Se vulneraran los controles y las normas de contrataciones públicas. La Contraloría es muy dura en su posición: que no se tenía que haber contratado en estas condiciones, ya que faltaban documentos fundamentales, como la declaración jurada de los directivos de las empresas. Además del direccionamiento, con la inclusión de máquinas de robots”, indicó.

La investigadora indicó que a su parecer lo más grave de todo esto es que la previsional pretenda mantener a la firma de Palumbo sin contrato alguno. “Ya son seis meses que sigue el servicio pero no hay contrato tras el escándalo de los limpiadores mau de la empresa de Palumbo en el IPS”, expuso.

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🤔 En el IPS adjudican servicios de limpieza sin prestar la documentación correspondiente.

📞 Para conocer más sobre esta nueva investigación, dialogamos con Rossana Escobar, jefa de investigación de NM.

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— GEN (@SomosGENAhora) July 20, 2022

El informe técnico de la Con­traloría General de la Repú­blica sostiene que, incluso el único lote adjudicado no se debió llevar adelante porque la firma no presentó las decla­raciones juradas de bienes y rentas de personas físicas y/o jurídicas que la Ley 6355/2019 exige a los proveedores del Estado.

“El Comité de Evalua­ción debió requerir, nota mediante, a la empresa ofe­rente la presentación de los citados documentos en un plazo oportuno y en caso de no presentar los mismos, la oferta no debió ser conside­rada”, resalta el informe téc­nico de la CGR.

Cevima SA presentó al IPS un formulario de declara­ción de miembros de la firma mencionando a cuatro perso­nas: Claudio Alberto Escobar como presidente del directo­rio y accionista; Analía Virgi­nia Caballero, vicepresidenta del directorio; Christian Catella Llano, accionista, y Lino César Oviedo Marín, accionista.

“No se ha observado constan­cia de presentación de DDJJ correspondiente a la Sra. Ana­lía Caballero y al Sr. Lino César Oviedo Marín”, remarca el informe.

César Silguero, comandante de la Policía Nacional, lamentó lo acontecido ayer en el clásico Olimpia - Cerro Porteño y detalló que hubo seis detenidos a disposición del Ministerio Público, siete aprehendidos por tenencia de armas y estupefacientes, 18 aprehendidos por alcotest positivo y 32 cuidacoches identificados.

Las unidades especializadas de la Policía Nacional continúan el análisis de los diferentes videos para identificar a los responsables de las agresiones.

El comisario Juan Aguero, director policial de Asunción, informó que no tuvieron inconveniente con el club local (Olimpia), pero sí con Cerro Porteño, cuyos buses llegaron tarde.

“Una vez llegado al lugar, el primer inconveniente fue con las entradas, algunos no tenían entrada, tenían entradas totalmente quemadas (usadas) y quisieron pasar.

De ese grupo no entraron la totalidad, los que no tenían entrada crearon disturbios”, comentó Aguero en la conferencia de prensa.

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A su turno, el Crio. Ppal. Héctor Fernández, director de Eventos Deportivos, detalló que los hinchas comenzaron a arrojar cascotazos y que , una vez en la gradería, los antimotines ingresaron sin armas, con la instrucción de contener y evitar los enfrentamientos.

“Se encontró en poder de ellos botellas conde cargan agua o u orinan en él , en la gradería se munieron de cascotes. Un personal del grupo táctico perdió el equilibrio por recibir patadas, empujones, y es agredido por varios hinchas, ya tenemos la identificación”, comentó.

En tanto, el comisario general Francisco Ávalos, jefe de Eventos Deportivos, enfatizó las instrucciones dadas a los uniformados.

“La Policía en todo momento realizó acciones defensivas, en ningún momento realizó acciones represivas, porque si eso hacían los iban a enfrascar en el vallado, los pelotones antidisturbios se agruparon y recibieron todo tipo de elementos contundentes con acciones defensivas, en ningún momento represiva”.

En la sesión ordinaria del viernes último, la Conajzar, presidida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) e integrada por representantes del Ministerio del Interior, Diben (Dirección de Beneficencia), municipios, gobernaciones, emitió la resolución número 47/2026.

La decisión del pleno fue adjudicar dos concesiones para la explotaciòn de la quiniela en todo el territorio nacional a:

Consorcio DARUMA SAM SA, CAPRONI S.A. y DATAFORGE S.A.

TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. (TDP S.A.)

Según la Conajzar, ambas cumplen con las exigencias del pliego de bases y condiciones para la explotación de la quiniela.

Los recursos provenientes de los juegos de azar son destinados al financiamiento de programas de salud pública, educación y bienestar social para los sectores más vulnerables de nuestro país.

“Si no combatimos la violencia en el deporte todos juntos, jamás podremos garantizar que los hinchas y sus familias vayan al estadio a disfrutar y regresen sanos”, escribió el presidente del Congreso, Basilio Núñez, en su cuenta de X.

Pidió que se implemente la ley sancionada y en vigencia desde el 2024, denominada De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte.

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La legislación impone prohibiciones de ingreso por hasta 10 años, multas y entradas personalizadas, sin embargo, no se cumplen.

“Voy a proponer trabajar con el presidente de la Comisión de Deportes y vamos a convocar a las partes, está la Policía, el Ministerio del Interior, todos los actores, faltan algunos detalles para implementar la ley”, dijo Núñez, en un contacto con el canal Gen.

Según el propio plan operativo de la Policía Nacional, las barras de Cerro Porteño, La Plaza y Comando Azulgrana tienen prohibido el ingreso a los estadios por 10 años. Este plazo se cumple en el 2034.

Sin embargo, 26 personas que componen el grupo denominado La Murga del Ciclón son los que pueden acceder. La Policía previó acompañamiento a este grupo, pero en realidad, la cantidad fue muy superior a 26.