El informe técnico de la Dirección General de Control de Con­trataciones Públicas puso en evidencia el manejo dis­crecional de los bienes públi­cos por parte del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia Araújo. Desde la Contraloría General de la República (CGR) desnuda­ron el esquema con el que se dirige la multimillonaria lici­tación para la contratación de los servicios de limpieza.

La administración del IPS no debió de adjudicar la millonaria licita­ción de G. 109.000 millones, donde las empresas de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo de Hugo Velázquez, presentaron ofertas por G. 70.500 millo­nes y aseguraban, al menos, G. 62.000 millones debido a que monopolizaron dos de los lotes más grandes. Tras reve­laciones de irregularidades del equipo de Investigación de Nación Media, se terminó adjudicando un solo lote de G. 50.367 millones en favor de la firma Cevima SA.

La periodista Rossana Escobar, jefa de investigación de Nación Media, indicó que periodísticamente se puede afirmar, tras el informe de la Contraloría, que Bataglia se extralimitó armando licitaciones a la medida de sus amigos.

“Se vulneraran los controles y las normas de contrataciones públicas. La Contraloría es muy dura en su posición: que no se tenía que haber contratado en estas condiciones, ya que faltaban documentos fundamentales, como la declaración jurada de los directivos de las empresas. Además del direccionamiento, con la inclusión de máquinas de robots”, indicó.

La investigadora indicó que a su parecer lo más grave de todo esto es que la previsional pretenda mantener a la firma de Palumbo sin contrato alguno. “Ya son seis meses que sigue el servicio pero no hay contrato tras el escándalo de los limpiadores mau de la empresa de Palumbo en el IPS”, expuso.

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🤔 En el IPS adjudican servicios de limpieza sin prestar la documentación correspondiente.

📞 Para conocer más sobre esta nueva investigación, dialogamos con Rossana Escobar, jefa de investigación de NM.

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— GEN (@SomosGENAhora) July 20, 2022

El informe técnico de la Con­traloría General de la Repú­blica sostiene que, incluso el único lote adjudicado no se debió llevar adelante porque la firma no presentó las decla­raciones juradas de bienes y rentas de personas físicas y/o jurídicas que la Ley 6355/2019 exige a los proveedores del Estado.

“El Comité de Evalua­ción debió requerir, nota mediante, a la empresa ofe­rente la presentación de los citados documentos en un plazo oportuno y en caso de no presentar los mismos, la oferta no debió ser conside­rada”, resalta el informe téc­nico de la CGR.

Cevima SA presentó al IPS un formulario de declara­ción de miembros de la firma mencionando a cuatro perso­nas: Claudio Alberto Escobar como presidente del directo­rio y accionista; Analía Virgi­nia Caballero, vicepresidenta del directorio; Christian Catella Llano, accionista, y Lino César Oviedo Marín, accionista.

“No se ha observado constan­cia de presentación de DDJJ correspondiente a la Sra. Ana­lía Caballero y al Sr. Lino César Oviedo Marín”, remarca el informe.

La cartera sanitaria informó que ante esta situación de irregularidad, se tomaron varias medidas. La primera es la de una investigación preliminar y sumario administrativo a tres funcionarios de oncología, electromedicina y patrimonio por presuntas faltas graves.

Asimismo, se procedió a una inspección técnica de la empresa Jack Fack S.R.L., representante de los equipos VARIAN, que recomendó reemplazar el equipo por completo debido a riesgos técnicos y altos costos.

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Salud decidió presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, actualmente en manos de la Fiscalía de Capiatá, ya que se detectó la pérdida de piezas clave como la consola de control, UPS, cableado, switches de emergencia y aplicadores, sin documentación ni inventario.

Por otra parte, Salud Pública anunció que se avanzará en la adquisición de un nuevo equipo con garantía, el fortalecimiento de protocolos de gestión técnica y patrimonial, y la capacitación del personal.

La iniciativa legislativa, que lleva como título “Que establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la Ley Nº 7354/2024”, propone retornar al sistema de doble horario que estuvo en vigencia durante años en el país.

En la exposición de motivos, el diputado Olmedo detalla los múltiples problemas que generó la implementación del horario permanente de verano desde su entrada en vigencia en 2024.

En este sentido, el proponente asegura que el ámbito educativo presenta uno de los mayores desafíos, con un incremento notable en las ausencias escolares y la impuntualidad, especialmente en zonas rurales.

Por otro lado, expone que los centros asistenciales reportan una mayor demanda de atención médica, especialmente, por enfermedades respiratorias agravadas por las bajas temperaturas matutinas del otoño e invierno. “Esta situación satura los servicios de salud y pone en riesgo a poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores”, sentencia la exposición de motivos.

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Agrega que la oscuridad, en las primeras horas del día, facilita la ocurrencia de hechos delictivos y accidentes viales, comprometiendo la integridad de miles de personas que deben trasladarse a sus lugares de estudios, trabajo u otros destinos en condiciones de escasa visibilidad.

Por otro lado, menciona que el sector agropecuario ha manifestado su preocupación por el impacto negativo en la organización de las tareas rurales, donde la luz natural es un factor clave para el inicio de actividades, afectando la productividad y la logística.

En el ámbito de la construcción, el documento señala que trabajadores y empleadores enfrentan serias dificultades operativas, ya que muchas tareas, especialmente, las que se realizan en altura, requieren condiciones óptimas de visibilidad y luz solar por razones de seguridad laboral y eficiencia técnica.

La implementación se realizaría de la siguiente manera: El primer domingo de octubre de cada año se adelantaría en 60 minutos la hora oficial, adoptando la zona horaria UTC-3 para el horario de verano.

El cuarto domingo de marzo de cada año se atrasaría en 60 minutos la hora oficial, adoptando la zona horaria UTC-4 para el horario de invierno.

Personal de la División de Operaciones de Interpol esta mañana llevó a cabo un procedimiento cerca de la Avda. Carlos Antonio López de Nanawa, en el departamento de Presidente Hayes.

Durante dicho operativo, se concretó la aprehensión de Vicente Ignacio Caballero (20), de nacionalidad argentina, acusado de transporte de estupefacientes.

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El joven fue sorprendido en la vía pública frente a un gimnasio, luego de tareas de inteligencia y vigilancia desplegadas por los agentes policiales.

Según los antecedentes, Caballero se habría encargado del envío de un cargamento de 500 ampollas de fentanilo y casi 5 kg de cocaína a través de encomiendas.

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La captura del acusado se produjo en cumplimiento a una orden judicial dictada por el juez Mirko Valinotti. A esto se le suma un pedido de detención con fines de extradición, solicitado por el Juzgado N° 2 de Formosa, a raíz de un proceso vinculado al mismo hecho.

El joven extranjero quedó a disposición del Ministerio Público, a fin de efectuar los trámites de extradición requeridos.