Fabiola Martínez, tía de la madre del bebé fallecido, puso en entredicho las afirmaciones de la directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, respecto a este caso. “Quiero que se sepa la verdad, es totalmente falso lo que dijeron“, indicó a NPY.

La mujer sostuvo que su sobrina siguió todos los controles prenatales antes del parto, negando lo manifestado en diversos medios por Yolanda González al momento de informar sobre el deceso del recién nacido por chikunguña.

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“Le llevé con mi hermana y la mamá y ellos en ningún momento nos hicieron caso, tuve que decirle que mi paciente estaba mal“, expresó Martínez.

Así también, cuestionó a una de las enfermeras que, pese a la insistencia, no hizo una rápida revisión a su sobrina embarazada que se encontraba con un cuadro febril al momento de ingresar al hospital.

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La denunciante también aclaró que su sobrina fue sometida a un parto por cesárea y no a un parto natural como se había dicho en un principio. “En ningún momento le hicieron la prueba de chikunguña“, añadió.

En otro momento, repudió la negligencia médica por parte de los profesionales del Hospital Nacional de Itauguá, quienes les brindaron un informe médico de forma tardía sobre el recién nacido y tampoco realizaron la anotación sobre el cuadro febril de su madre cuando llegaron al nosocomio.

La detención se registró en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, donde se montó un control preventivo para detener al sindicado como uno de los supuestos autores del homicidio de Ángel Enrique Lemos, ocurrido en el barrio Barcequillo de San Lorenzo.

El hecho se produjo en horas de la madrugada del domingo, cuando los autores se desplazaban a bordo de un automóvil (presuntamente, un Kia tipo Picanto).

Otros dos jóvenes que acompañaban a la víctima también resultaron heridos de bala. Se trata de Kevin Orlando Fernández Rodas (21) y Ronaldo Ariel Cartaman Torres (20), quienes fueron internados en el Hospital de Trauma.

Unas cuatro personas fueron identificadas como presuntos autores de este homicidio: Elías Fabián Paredes Insfrán, Alexis David Mongelós Mendoza, Junior Alejandro Escurra Orué, y un cuarto hombre reconocido preliminarmente como “Albert Freddy”.

el trasfondo del crimen sería un robo de una bandera (o “trapo”, como se lo denomina en la jerga futbolística) en el último Superclásico, siendo acusado por este hecho “Kike”. Los atacantes forman parte de la barra brava de Cerro Porteño.

Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana en Mburuvicha Róga, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, destacó los números alcanzados en cuanto a entrega de títulos de propiedad.

En tal sentido, resaltó que, en lo que va de la actual administración, están cerca de llegar a los 9.000 títulos entregados por intermedio de este ente estatal.

“Hemos alcanzado números increíbles, aproximándonos a los 9.000 títulos, lo cual significa que es una de las mayores inversiones sociales del Gobierno”, afirmó tras la reunión con el presidente Santiago Peña.

Esto representa una inversión cercana a los USD 500 millones, precisó, siendo uno de los logros más resaltantes en el Indert en los últimos años.

Por otro lado, Ruiz Díaz informó que en las primeras dos semanas de marzo ya se entregaron 500 títulos de propiedad y se prevé concretar otros 500 más en lo que resta del mes.

Familiares de Celsa de Medina se muestran preocupados por el llamativo comportamiento que la misma empezó a manifestar desde hace cierto tiempo.

Según el informe del diario La Jornada, la mujer, residente de la localidad de Minga Guazú, demuestra una actitud agresiva y errática, utilizando malas palabras e identificándose como “Lucifer” o “Dragón”.

Su esposo, Abel Medina, confirmó que todo empezó con el inicio de la pandemia, cuando su cónyuge tuvo las primeras manifestaciones y cambios de conducta. La situación fue agravándose aún más en los últimos días.

Al entrar en el “trance”, Celsa también sufre un notorio cambio de voz, haciéndose más grave, y adopta una fuerza mayor a la convencional, afirmó.

Cuando tiene sus ataques, Medina debe sostenerla con fuerza para evitar que se autolesione o en todo caso que haga daño a terceras personas, incluyendo a sus hijos pequeños.

La pareja de la mujer ahora recurre a la ciudadanía para solicitar ayuda profesional, ya sea de un psicólogo o algún sacerdote o asesor espiritual, esto ante la duda de si se trata de un trastorno clínico o una posesión real.