Federico Mora, coordinador general de Becal, recordó que solo un total de 973 pos­tulantes lograron obtener el puntaje requerido en el exa­men de Lengua Castellana y Matemática para pasar a la etapa de evaluación socioe­conómica, por lo que consi­derando el contexto actual de pandemia, sumado a la situa­ción social y económica del país, se tomó esta decisión.

Explicó que podrán postu­lar a las becas de la convoca­toria 2021 los estudiantes de las promociones 2020, 2019 y 2018; en el caso de esta última se considerarán a aquellos jóvenes que hayan postulado a la convocatoria 2020 y supe­rado la etapa documental.

Asimismo, Mora puntualizó que todo el proceso selectivo para la concesión de becas se ajustará a las medidas sani­tarias del Ministerio de Salud y se prevén realizar alianzas estratégicas con municipios, gobernaciones y la Secreta­ría Nacional de la Juventud.

“También vamos a poner a disposición en la página web de Itaipú y Becal los exáme­nes de años anteriores, para que los jóvenes tengan una guía de cómo se formula la evaluación”, acotó.

Karen Rivas, de la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú, significó que para tomar esta determinación se tuvo en cuenta el gran desa­fío que representó el año 2020 para los postulantes a las becas.

A su turno, Aldo Valdez, de la Unidad de Becas de la enti­dad, exhortó a los jóvenes que han quedado fuera del pro­ceso anterior que sigan estu­diando para presentarse a esta nueva convocatoria.

En total fueron selecciona­dos 764 becarios de entre los que se presentaron en la con­vocatoria 2020, tras superar las etapas del proceso que fueron: revisión documen­tal, donde se exigió un pro­medio igual o superior a 4,00 en el colegio; examen de com­petencias básicas (Matemá­tica y Lengua Castellana); y evaluación de las condiciones socioeconómicas del postu­lante. Actualmente se desa­rrolla la etapa de revisión y reclamos de los resultados de la última etapa, que concluye este miércoles 17 de febrero, y está a cargo de la Fundación Paraguaya.

La investigación de la muerte de los militares que arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el pasado 2 de noviembre, está prácticamente varada por errores de la propia justicia, según denuncian familiares de la Fuerza Pública.

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Durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media, la representante de los familiares, Nelly Cortesí, lamentó que hasta el momento no hay ningún castigo a los supuestos responsables de la desaparición de los sargentos.

El próximo 2 de mayo se cumplen 6 meses que los sargentos Alexis Sosa y Domingo Ríos, quienes circulaban en una camioneta rumbo al domicilio de un general, fueron arrastrados por el raudal. El vehículo terminó en el arroyo Lambaré, debido a que, la desembocadura no contaba con una valla de protección.

Ese hecho fue motivo para que, en diciembre, el jefe comunal sea imputado por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre.

Cortesí explicó que desde ese diciembre, la justicia envió 4 notificaciones para avanzar con la imputación del intendente, pero todas fueron comunicadas con “error”, las cuales frenaron el proceso.

“Notificar mal en cuatro ocasiones ya está de más, me parece que es una falta de respeto a la memoria de los militares fallecidos. No hay avances en la investigación, lastimosamente la justicia no está actuando como debería”, expresó Cortesí.

La imputada está identificada como Érika Melgarejo González (28), quien se encuentra privada de libertad y enfrenta cargos por los delitos de producción de riesgos comunes y amenaza de hecho punible.

El hecho ocurrió en una residencia donde funciona un consultorio odontológico ubicado en el kilómetro 5,5 del referido barrio de la capital del Alto Paraná, propiedad de la Dra. Myrian Vanesa Cabral González.

Según la investigación, la presunta autora llegó al lugar con un recipiente en mano que contenía combustible, tras cerciorarse de que nadie estaba dentro del local, derramó el líquido inflamable y le prendió fuego. Todo el movimiento de la sospechosa quedó registrado en la filmación del circuito cerrado del local.

La dueña del lugar, quien pudo observar a través de las grabaciones lo que estaba ocurriendo, acudió rápidamente hasta el sitio, donde fue agredida por la atacante, quien además la amenazó. La afectada alertó a los agentes policiales de la jurisdicción, quienes fueron al sitio y procedieron a la aprehensión de Melgarejo.

El asunto tendría como trasfondo una venganza contra los padres de la doctora Cabral, quienes tiempo atrás le habían alquilado una habitación a Melgarejo -que funciona al costado de la clínica odontológica- y luego la desalojaron por algunos problemas.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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