Un perjuicio patrimonial de G. 3,3 billones entre la Administración Central, la Descentralizada, los municipios y las gobernaciones es lo que concluyó la Comisión Bicameral del Congreso, con base a la denuncia de la Contraloría.

“Si quien nomina a un colaborador de en cuestión, estando enterado hace caso omiso, por acción u omisión puede terminar siendo llamado para dar explicaciones. En dólares son unos 450 millones”, advirtió el senador Dionisio Amarilla, titular de la Bicameral, y enfatizó que, Mario Abdo Benítez es responsable en cualquier de los dos casos.

Comentó que, dentro de las observaciones y sugerencias hechas, figura la instalación de una oficina de seguimientos a estos reportes de indicios de hechos punibles, para que no queden en la nada.

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Las auditorías financieras incluyen a instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de Previsión Social, entre otros entes.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aclaró que, la Contraloría no emite evidencias, sino informaciones que deben ser procesadas antes de llegar a una imputación.

“Contraloría no otorga ninguna información con grado de evidencia, sino que que lo que hace sugerir que hay irregularidad, pero la irregularidad debemos encontrar nosotros”, indicó. Añadió que, la tarea es sumamente compleja y que, no por ser tapa de diario significa que al día siguiente deba salir una imputación.

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La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

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El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.

Este lunes se declaró la nulidad del fallo que mantenía a Carlos Granada con prisión preventiva, tras ser condenado a 10 años de cárcel.

Según el Tribunal, el experiodista cumplió la pena mínima de prisión prevista para delitos de acoso y coacción, y al no contar con la sentencia firme, se le podría otorgar la libertad.

Esta determinación tomada por los camaristas José Waldir Servín, María Belén Agüero y Agustín Lovera Cañete, deberá ser estudiada por otro Tribunal que decidirá si Granada continúa o no en prisión.

El exgerente de prensa del Grupo Albavisión fue hallado culpable de coacción, coacción sexual y acoso sexual el 26 de noviembre del 2025, por el Tribunal presidido por la jueza penal Cándida Fleitas y como miembros titulares los jueces Manuel Aguirre y Sonia Beatriz Villalba.

Desde ese mes de noviembre está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.