Mediante las promociones que serán lanzadas próximamente, las empresas proveedoras del billetaje electrónico, buscarán generar un incentivo en la ciudadanía en cuanto a la adquisición de las tarjetas y el uso del sistema electrónico de pago, además de evitar la práctica de las reventas por parte de los vendedores ambulantes, según manifestó el viceministro.

Por su parte, la gerente de Marketing de la empresa Más, Laura Amarilla explicó que las promociones de las tarjetas serán implementadas desde el martes de la próxima semana.

Comentó que dichos incentivos serán retribuciones en premios por las recargas de las tarjetas con el objetivo de mantener la continuidad de este medio de pago electrónico. Añadió que los detalles de los premios serán comunicados a través de las redes sociales.

Desde la implementación del billetaje electrónico, el pasado 31 de octubre, se vendieron más de 530.000 tarjetas, de las cuales, más de 440.000 son utilizadas diariamente, 92.000 siguen inactivas, según la estadística.

El pasado 7 de noviembre, el viceministro de Transporte, Pedro Britos anunció la suspensión del pago exclusivo del pasaje de transporte público mediante las tarjetas electrónicas.

El usuario del transporte público puede pagar su pasaje tanto con las tarjetas electrónicas como con dinero en efectivo.

Dicha suspensión del uso obligatorio de la nueva modalidad de pago se extiende hasta el 31 de diciembre, tiempo en que el Viceministerio de Transporte desplegará nuevas estrategias para que todos puedan acceder a las tarjetas.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.