Bogado pide misma vara para periodista mencionado en audio

El senador Víctor Bogado reiteró que no solo debería investigar a los políticos y empresarios, sino también al periodista de Abc Carlos Benítez, mencionado en los audios por Fernández Lipmann, por supuestamente amenazar a la fiscal Nadine Portillo.

“Así como se le investiga a González Daher, Oviedo Matto, ¿por qué no se le investiga a Carlos Benítez del diario Abc, que es mencionado en todos los audios y está en todos los arreglos judiciales?”, cuestionó el senador colorado, Víctor Bogado.

Aseguró que el comunicador opera en el Ministerio Público y en la Justicia, donde “hace tráfico de influencias y es multimillonario”.

Según los audios difundidos por Cardinal y publicados por escrito en el propio diario Abc, Bení­tez amenazó a la fiscala Por­tillo y le exhortó a que impute a alguien en el caso de Enri­que García, actual con­tralor general de la Repú­blica, quien había ejercido la defensa en el caso Ivesur (encargada de la ITV) en repre­sentación de la Dirección Jurídica de la Municipali­dad de Asunción, donde él era director. El comunica­dor habría advertido a la fis­cal de que si no accedía a su “recomendación” podría ser destituida del cargo.

“¿Por qué no se lo mide con la misma vara al periodista, al político y al empresario”, insistió el senador Víctor Bogado, quien dijo que él es el más interesado en que se resuelva su caso conocido como la “Niñera de oro”.

“Acá como loco ya otra vez está Carlos Benítez, me peleé ya otra vez con él y publicó otra vez el fin de semana él. Entonces tipo me amenazó, me dijo: ‘Esto a vos te puede costar el cargo y no sé qué cuánto, esto que aquello, y todo así. Acá entre nos, le dije que yo trabajo porque demasiado me gusta trabajar, no porque necesito. Este cargo no me suma ni me resta. El fiscal general me dijo: ‘ejapopora’ (hiciste bien). Necesitamos también de él, pero esto es otra cosa”, le comentaba Nadine a Fernández Lippman.

Las grabaciones de las conversaciones ya fueron difundidas a finales del año pasado, sin embargo, es casi nulo el avance en las investigaciones de los involucrados, muchos de los cuales ni siquiera son incluidos en las carpetas.

 

'Batallón' de médicos en Diputados: quieren que "Perlita" y sus colegas atiendan a presos

Perla Leticia Paredes Acosta, hija de la exdiputada Perla de Vázquez, sigue siendo funcionaria de la Cámara de Diputados. El hecho de haber sido echada del Instituto de Previsión Social (IPS) por ser planillera no fue un impedimento para ingresar al cuerpo legislativo. Sin embargo, ahora plantean que vaya, con sus demás colegas, a la cárcel para atender a los reos.

Desde el 2013 hasta hoy, “Perlita” Acosta es funcionaria de la Cámara de Diputados. De profesión es médica cirujana y tiene un horario laboral, según los registros, de 07:30 a 15:30 y de 11:00 a 19:00.

Sin embargo, según un informe de la Dirección General de Recursos Humanos, entre los funcionarios de la Dirección de Asistencia Médica figura la hija de la diputada sampedrana, quien cumpliría un horario de 7:30 a 12:30 los lunes; de 7:30 a 13:00 los martes; y de 7:30 a 12:00 los miércoles.

“Perlita” es una de las 22 integrantes de Atención Médica de la Cámara de Diputados que fue creada pese a que los legisladores gozan de innumerables beneficios como el seguro VIP que cubre prácticamente cualquier tipo de inconveniente de salud que puedan tener ellos y sus familias.

A este caso se suma el de Sandra Stefani Ortellado, quien es la joven nutricionista de la Cámara de Diputados. Con un sueldo de 9.400.000 guaraníes (va sólo los lunes y martes) es la envidia de muchos funcionarios/as. Y es el foco de indignación de ciudadanos, que le refriegan en las redes sus millonarios viajes alrededor del mundo.

Por ello, la bancada de Patria Querida planteará ante el pleno de Diputados que los funcionarios que estén asignados a la Dirección Médica pasen a prestar servicios a penitenciarías donde realmente se necesita atención médica.

La diputada Rocío Vallejo dijo a HOY Digital que es una mejor forma de utilizar ese recurso humano teniendo en cuenta que los legisladores son beneficiarios de un seguro y que ya no se requiere una atención médica en el edificio legislativo.

En el planteamiento, sostuvo que Patria Querida solicitó que Diputados firme un convenio con el Ministerio de Justicia para poder trasladar a los funcionarios a distintas cárceles. El mismo se elaboró en base a un informe remitido a la bancada del partido donde se especifica la nómina de funcionarios con sus respectivos salarios.

“PERLITA”

Su caso adquirió notoriedad en el 2014 cuando gracias a la Ley de Información Pública los entes estatales publicaron sus respectivas nóminas de funcionarios el sueldo, gratificaciones especiales y otras remuneraciones que recibe cada uno.

Denuncias periodísticas hicieron público el caso de “Perlita” quien no asistía a su lugar de trabajo, en el Instituto de Previsión Social (IPS), y durante el juicio expuso dudosos certificados médicos. Finalmente, la hija de la exdiputada devolvió el dinero cobrado y pudo obtener una salida procesal.

 

Fiscalía pide continuar pesquisas contra Cuevas y en la Contraloría "pierden" expediente

Un tribunal de Apelación de Paraguarí debe decidir si continúa o no una investigación contra el actual titular de Diputados, Miguel Cuevas, por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de la gobernación de dicho departamento.

La fiscal Sonia Pereira indicó a la radio 650 AM que pidió que se revoque el pedido que la misma había realizado para desestimar una causa contra el actual titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. Añadió que este cambio se debe a que tuvo conocimiento de la existencia de mayores datos que permitirían seguir la investigación.

En ese sentido explicó que desde mediados de mayo fue designada a la unidad en Paraguarí y que, al hacer el inventario de las causas, encontró allí la denuncia realizada contra Miguel Cuevas, cuando se desempeñaba como gobernador de dicho departamento, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, entre otros. Los denunciantes son el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres y el abogado Marcos Estigarribia.

Resaltó que la carpeta fiscal tenía menos de 30 fojas y que allí se dejaba constancia de que la exfiscal de la causa había pedido informes tanto a la Junta Departamental y la Contraloría General de la República, pero que no había respuestas por parte de estas instituciones.

Preocupada porque Cuevas iba a asumir el 30 de junio como diputado, según contó, decidió urgir a ambos entes que remitan los informes solicitados por su antecesora, pero de vuelta ninguna de las dos respondió. Entonces tuvo que hacer reiteraciones con emplazamientos. Luego de mucho insistir, recibió el documento de la Junta.

Contó que el 28 de junio se constituyó en la Contraloría, donde conversó con el jefe de gabinete. “Me dijo que no encontraban el expediente. Entonces le mostré una foto que tenía en el celular de la nota que remití y que era una reiteración con emplazamiento”, recordó.

Pereira sostuvo que tras esperar varias horas, apareció finalmente el primer pedido de informe de la anterior fiscal, pero no así los que ella había remitido. Entonces procedió a realizar el acta y pidió que el Contralor le permitiera realizar el registro de los documentos, pero este le indicó -a través del jefe de gabinete- que no podía y que recién al día siguiente iba a estar por la Contraloría.

La fiscal refirió que ante esta situación manifestó al encargado que iba a ir al juzgado de Paraguarí para obtener un orden de allanamiento y que al día siguiente volvería para hacer la inspección. La jornada siguiente, a las 07:00 horas, un funcionario de la Contraloría le llevó el informe que necesitaba, por lo que no hubo necesidad de hacer el pedido para allanar la sede contralora. El informe en cuestión también fue publicado en el portal de la Contraloría, según acotó.

Es así que basándose en esos informes y la declaración testimonial del concejal Ezequiel Cáceres, quien no hizo mención a la presentación de unas 125 fojas en el expediente, presentó el pedido de desestimación de la causa contra el legislador colorado abdista. A esto se suma que el abogado Marcos Estigarribia no se presentó a brindar su testimonio, de acuerdo a la fiscala.

Sonia Pereira resaltó que tras esto, ambos denunciantes apelaron su decisión y argumentaron que existían 125 fojas en la denuncia. Ella aseguró, en cambio, que recién en ese momento de la apelación tuvo conocimiento, ya que solo tuvo a su alcance las 30 fojas iniciales.

Ante esta situación, contó que optó por pedir al Tribunal de Apelaciones de Paraguarí que revoque el pedido que había hecho respecto a la desestimación de la causa, de modo a retomar así la investigación. Adelantó que, si los magistrados deciden que la indagación continúe, intimará al denunciante Marcos Estigarribia a que presente las 125 fojas que hace mención.

 

Operadoras accederán a lista de teléfonos robados a nivel mundial

Nuestro país tendrá acceso a la base global de datos IMEI, para saber si un teléfono figura como robado en alguna parte del mundo. La lista es proveída por el organismo internacional GSMA Latinoamérica.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó su adhesión la base de datos IMEI del organismo GSMA Latinoamérica, que permitirá no solo identificar a los teléfonos, sino saber si fueron declarados como robados o extraviados, para así proceder al bloqueo.

“El robo de teléfonos móviles es un delito que ha crecido fuertemente en América Latina en los últimos años. Para combatirlo, es clave que todos los actores involucrados trabajen de manera integral y efectiva: usuarios, operadores, gobiernos y fabricantes de dispositivo”, señaló el director de Políticas Públicas del GSMA, Luca Gallitto.

A partir de ahora, las operadoras Claro, Tigo, Vox y Personal podrán ver la lista global y saber si el teléfono fue robado en algún rincón del mundo para así evitar que alguien lo use.

Si bien en nuestro país ya existe esta base de datos, el alcance es solo a nivel nacional, por lo que ahora la cobertura se ampliará a todo el globo.

Hasta junio de este año, las conexiones móviles en Paraguay alcanzan los 7,7 millones, de los cuales, 4 millones son a través de smartphones. Según las previsiones, la cifra llegará a 4,7 en el 2020.

GSMA es el organismo que lanza la campaña “Nos importa”, mediante la cual intercambia información con las operadoras, sobre los equipos robados.

A nivel mundial, 122 empresas de telefonía de 44 países comparten a diario los datos que luego pasan a la “lista negra” del GSMA.