María Luisa Vera, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA), en entrevista con Radio Uno recordó que hasta hace poco se contaba con un solo acelerador lineal pero, debido a su continuo uso, el mismo quedó fuera de funcionamiento.

A raíz de esta situación y de la falta de reparación, varios pacientes oncológicos que acuden para seguir su tratamiento de radioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) quedaron en lista de espera, aguardando a que les toque un turno para ser tratados.

En vista a esta necesidad, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) autorizó hace unas semanas la adquisición de dos aceleradores lineales. Según Vera, esta compra primeramente debe ser autorizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La cartera de salud ya habría aplazado en tres ocasiones la apertura de sobres de las empresas que participaron del llamado a licitación -mencionó-, hecho que sigue dilatando esta compra de equipos de radioterapia.

“Como nosotros somos pacientes oncológicos, no podemos esperar mucho. Son más de 200 pacientes los que están en la espera de su tratamiento”, expresó a la 650 AM, resaltando la urgencia de la cuestión.

Según mencionó, la cantidad de sesiones de radioterapia varía dependiendo del cuadro de cada paciente, aunque como mínimo se suelen realizar unas 25 en promedio. En algunos casos, estas sesiones se llevan a cabo de forma diaria.

Desde APACFA piden que el MSPyBS continúe con el proceso, de manera a agilizar la compra de los aceleradores médicos lineales. Asimismo, exigen que se pueda firmar un convenio con instituciones del sector privado que poseen equipos de radioterapia (como el Centro Médico La Costa o el Instituto Codas Thompson), a fin de que los pacientes con cáncer puedan ser derivados allí para continuar con sus respectivos tratamientos.

“Apelo a la solidaridad y la sensibilidad de la gente del Ministerio de Salud para que se pongan las pilas y vean una solución inmediata, que no tarden otra vez. Estamos haciendo todo lo posible para ver cómo hacemos para solucionar el problema”, puntualizó Vera.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.