El fiscal Alcides Giménez lleva adelante la investigación en contra de Rafael Esquivel, por un hecho de coacción grave y robo que data del 12 de octubre del 2019.

El caso inició con una invasión a la propiedad de una familia en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, según explicó el corresponsal de Gen en Alto Paraná, Gustavo Galeano.

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El juicio debe llevarse a cabo esta mañana en el Tribunal Penal de Ciudad del Este, ante los jueces Vitaria Duarte, Serafín González y Fabio Aguilar. Sin embargo, ante la falta de comparecencia de otros acusados, podría suspenderse, aunque la querella espera que la diligencia se realice de todas maneras, con tres de los cinco.

Durante estas elecciones, Rafael Esquivel realizó campaña desde su lugar de reclusión, en el penal de Ciudad del Este. Esto le bastó para ingresar como segundo en la lista de cinco senadores de Cruzada Nacional.

Esquivel está imputado por abuso sexual infantil, homicidio doloso en grado de tentativa, coacción grave, estupro, lesión grave, toma de rehenes, robo agravado, amenaza de hechos punibles, asociación criminal, entre otros.

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Personal de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este anoche tomó intervención ante un episodio de lesión con arma blanca registrado sobre las calles Abay esq. Adrián Jara de la capital departamental.

La víctima fue identificada como Ángel Rodrigo Díaz López, de 33 años, encargado del edificio Guaraní, quien sufrió un corte en la mano derecha.

El presunto autor de este ataque es Liao Hung Chung, de 49 años, de nacionalidad china, quien fue arrestado por los efectivos policiales tras recepcionar la denuncia.

Al momento de su detención, este extranjero no contaba con documentos de identidad, según detalla el informe.

En su poder incautaron un cuchillo de mesa de la marca Tramontina, con mango de color lila, que sería el arma utilizada en la agresión.

El caso fue comunicado a la agente fiscal Julia González, quien dispuso que el sospechoso permanezca a disposición del Ministerio Público.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.

Representantes de la Asesoría Jurídica del IPS en el transcurso de esta tarde se presentaron en la sede de Fiscalía Barrial Nº 7, a fin de formalizar una denuncia penal contra ”personas innominadas”.

La misma se relaciona con el robo de más de 100 metros de costosos cables de alta tensión que debían encontrarse en los depósitos del Hospital Central y que, llamativamente, desaparecieron.

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Este hallazgo se concretó semanas atrás luego de una verificación ‘in situ’ por parte del presidente del IPS, Isaías Fretes, quien detectó una serie de irregularidades durante su recorrido por las instalaciones.

El daño patrimonial ascendería a una suma aproximada de USD 15.000, detalló a los medios el asesor jurídico de la previsional, Pablo Morínigo, quien fue el encargado de presentar la denuncia. “No podemos dejar pasar esto”.

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El mismo aseguró que “no se dejarán presionar” por ningún sector, destacando el trabajo realizado desde la asunción de Fretes para destapar diversas irregularidades, al tiempo de afirmar: “Esto es solo la punta del iceberg”.

El profesional no descartó que nuevos hallazgos surjan a partir de próximas auditorías en el ente, lo cual a su vez derivaría en la presentación de otras denuncias penales y eventuales sumarios contra funcionarios.