Las poblaciones del Chaco vienen enfrentando hace varios años los efectos del cambio climático, con sequías cíclicas y prolongadas y temporadas de inundaciones que afectan notablemente las condiciones y medios de vida. La falta de agua, tanto para consumo como para la producción es uno de los principales problemas que se enfrenta en el Chaco. Las comunidades indígenas se sitúan en la posición de mayor vulnerabilidad. Durante el 2020 y 2021, la organización Pro Comunidades Indígenas (PCI) implementó para el SENASA la Consultoría de identificación de comunidades indígenas y tecnologías apropiadas para el agua y el saneamiento en el Chaco. Este trabajo fue apoyado por la plataforma Chaco Integrado y articulado con las municipalidades, gobernaciones y el INDI, respetando el debido proceso de consulta previa, libre e informada consensuada que requiere el trabajo con comunidades indígenas. El resultado fue la definición precisa de las necesidades de cada comunidad con la participación de los referentes comunitarios y proyectos adecuados para la construcción de infraestructura de acceso, tratamiento (potabilización) y distribución del agua. Actualmente, SENASA se encuentra en proceso licitatorio de estas obras y se estima que las mismas arrancarían este año. Con el fin de acompañar este proceso, de enorme importancia social para las poblaciones del Chaco en situación de vulnerabilidad, el próximo jueves 3 y viernes 4 de marzo se realizará en Fuerte Olimpo el Encuentro multisectorial y multicultural por el Derecho al agua en comunidades indígenas del Alto Paraguay. Será un evento presencial que tendrá lugar en la sede de la Gobernación. Se reunirán a autoridades y funcionarios departamentales, referentes comunitarios e integrantes de consejos de agua de Puerto Casado, Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Esta iniciativa es impulsada en forma conjunta por la Gobernación de Alto Paraguay, el SENASA y PCI en marco del Proyecto Binacional ‘Gobernanza Ambiental – Producción sostenible’.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.