• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Una nota del 2 de agosto del 2012, remitida por Buzar­quis al entonces ministro de Hacienda Manuel Ferreira, revela que el liberal estaba apurando una ayuda finan­ciera de US$ 800 mil por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa de Reha­bilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 Dr. Carlos Antonio López”.

“Solicito que la insti­tución a su digno cargo impulse las gestiones pertinentes ante la CAF a fin de lograr la Coope­ración Técnica No Reem­bolsable para financiar una consultoría que realice la elaboración del mencionado programa”, dice Buzarquis a Ferreira en su nota de agosto del 2012. Mientras apuraba la financiación no reembolsa­ble, el ex ministro liberal iba firmando convenios marco y específicos para zonas que afectan a la misma Ruta 9 y otros estudios viales en el departamento de Ñeembucú.

En agosto del 2012 apuraba dili­gencias con Hacienda para la cooperación no reembolsable de la CAF. El 24 de setiembre, es decir, un mes y medio después, Buzarquis estaba firmando en Roma un convenio con la compañía italiana ANAS para estudios de prefactibilidad que afectan a las mismas zonas del Chaco, además de Ñeembucú.

Por un lado gestionaba el pago para trabajos que pudieron salir gratis al Estado, mediante coope­ración no reembolsable, pero insólitamente voló para Italia a comprometer al Estado con US$ 600 mil, de los cuales US$ 100 mil incluían aporte de la Enti­dad Binacional Yacyretá.

“No hubo lesión”, “no se hizo el pago”, son frases que repite el senador Buzarquis a los medios de comuni­cación. Sin embargo, se desentiende de explicar sobre su firma en un convenio que obliga a un pago al Estado paraguayo, teniendo otras alternativas de financia­ción que en ese momento esta­ban en plena gestión, según las pruebas documentales que obran en carpeta fiscal.

Además, un tema fundamen­tal que alega la fiscala del caso, Victoria Acuña, es que el convenio firmado en Italia no prevé forma de culminación y como se rubricó en el exterior obviamente cualquier even­tualidad se regirá por normas ajenas a las nuestras.

Los técnicos extranjeros vinieron a trabajar al país, cinco misiones de profesio­nales arribaron y cumplie­ron con lo convenido. Es decir, los italianos honraron la obligación, lo que fue dicho por los propios profesionales del MOPC durante el juicio oral, por lo que se vuelve sen­sible la situación del Estado ante el compromiso asu­mido mediante el convenio firmado por Buzarquis.

DENUNCIA POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS DUERME EN FISCALÍA

Hace dos meses un grupo de ciudadanos, encabezado por la señora María Fausta Ramírez, formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del senador libe­ral Enrique Salyn Buzarquis por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias. Hasta ahora desde el Ministerio Público no responden que trámites dieron a la demanda.

No se sabe de fiscal asignado ni de diligencias del caso. La denuncia había sido presentada luego de que salieran a la luz los nombres de parientes y operadores políticos del legislador que se cuelgan del salario público, coincidente­mente después de que el liberal llegara a una banca en Dipu­tados en el 2008.

Entre familiares y fanáticos, unos G. 4.000 millones cuestan al Estado paraguayo el clan Buzarquis que vive del aporte de los contribuyentes. Entre los últimos casos más sonados se encuentran las esposas de los tres hermanos, Víctor Abdel, Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis, también con sueldo público. Fiorella Forestieri, esposa del senador Salyn, se ubicó con sueldo de G. 15 millones en la Justicia Electoral, gracias a un pedido del Partido Liberal.

Griselda María Maidana Sosa, esposa de Víctor Abdel, percibe unos G. 20 millones al mes entre sus ingresos en el Ministerio de la Defensa Pública y su rubro de “profesora

asistente” en la Universidad Nacional de Caaguazú. Mientras que la segunda pareja del diputado Enrique Antonio, de nombre Fátima Lird, accedió a un cargo administrativo dentro del consejo directivo del IPS y percibe G. 12 millones al mes.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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