El exbanquero uruguayo José Peirano Basso, extraditado por la justicia uruguaya, llegó ayer lunes a Asunción desde Montevideo para ser procesado por la millonaria estafa contra ahorristas hace 20 años.

El hombre de 62 años será enjuiciado por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis, a raíz del fraude de unos US$ 20 millones contra los ahorristas del desaparecido Banco Alemán.

También debe afrontar otro juicio por lesión de confianza y otros, por US$ 13 millones, relacionado con una sociedad de fondos mutuos conocida como Banalemán. Se lo acusa de haber desfondado la sociedad de ahorristas para invertir en movimientos financieros en otros países.

Su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, adelantó que pedirá medidas alternativas a la prisión preventiva (prisión domiciliaria), bajo el argumento de que su cliente fue declarado erróneamente en rebeldía por la justicia paraguaya, ya que estaba preso en Uruguay y no podía venir al Paraguay, por ende no estaba prófugo, además de eso se suma que compurgó 9 años de condena en el vecino país.

El letrado comentó a la radio Universo que se presentarán fianzas por 2 millones de dólares y un contrato de alquiler en Paraguay mientras dure el proceso aquí.

Duarte Cacavelos refirió que en el caso del fondo mutuo Banalemán existe un pedido para que se extinga la causa por la aplicación del criterio de oportunidad. Con relación a la otra causa del banco Alemán, indicó que no hay ningún requerimiento ya que aún no inició el proceso.

Además existen acuerdos de conciliación con todos los querellantes, según precisó. “Esos fondos mal prestados fueron recuperados. Se hizo una gestión interesante al respecto. Tenemos un dictamen del Banco Alemán sobre el pago total de lo adeudado”, indicó el entrevistado.

Al respecto, el abogado Óscar Tuma, cuyo padre llevaba los casos de los ahorristas estafados, confirmó que sus querellantes desistieron de la acción, al llegar a un acuerdo hace tres años con la defensa de Peirano. No obstante, mencionó que muchas víctimas no presentaron acciones en el ámbito civil y penal, por lo que quedaron sin nada y perdieron la fuerza de seguir luchando.

Su estudio jurídico representaba a 20 personas y con estas se llegó a un acuerdo con porcentajes muy por debajo a lo que perdieron realmente. “Se acordó lo que se podía ofrecer desde la defensa de Peirano y lo que estaban dispuestas a aceptar las víctimas del estudio jurídico. Recibieron una suma de dinero y se firmó el acuerdo bajo una cláusula de confidencialidad. Pero hubo víctimas representadas por otros abogados que no aceptaron. Además lastimosamente muchas personas no hicieron ninguna acción judicial, por lo que es difícil llegar a un acuerdo”, detalló.

A su vez, el abogado Raúl Breuer, querellante en el caso Grupo Velox (de los Peirano), indicó que se armó “un esquema delincuencial de maravillas”, engatusando a los miles de ahorristas, cuyos ahorros quedaron congelados en el Trade & Commerce Bank, de Islas Caimán.

A su parecer no corresponde el arresto domiciliario de José Peirano, en atención a que existe un peligro de fuga inminente de nuestro país. “Este señor nunca se sometió a la justicia e incluso estuvo prófugo en el Uruguay, peleó para no ser extraditado, y además no tiene un arraigo”, acotó.

MÁS DEL CASO

Con la llegada de Peirano al país resurge en el debate público el sonado caso del hoy desaparecido Banco Alemán, cuyo escándalo inició a mediados del 2002. La familia Peirano era la propietaria del Grupo Velox, que a su vez formaba parte del Banco Alemán.

Una de las opciones que ofrecía el banco a sus ahorristas era un atractivo fondo mutuo en las Islas Caimán, donde el grupo destinaba el dinero de sus clientes a la empresa Trade & Commerce Bank, la cual también fue liquidada al estallar el conflicto.

La caída del banco dejó a 3000 ahorristas sin sus ahorros de años. Muchos quedaron devastados ante la inmensa pérdida sufrida, algunos murieron sin conseguir recuperar su dinero, otros lograron hacer acuerdos confidenciales, y otros aún esperan que se haga justicia.

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El trabajo de la representante del Ministerio Público se desarrolló a unos 3.000 metros de la ruta que une la localidad de Cocuera con Corrales y fue guiado por lugareños que dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo.

Los primeros datos que se manejan señalan que los restos óseos están casi completos. En el sitio también se hallaron prendas de vestir y calzados que serían de la víctima.

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La fiscal interviniente dispuso que los restos encontrados sean embalados y trasladados a la Morgue Judicial para su posterior análisis por parte del equipo de antropología y odontología forense en la capital del país.

El reporte preliminar del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional sostiene que no se observaron signos de violencia visible en los restos hallados.

En la tarde de este lunes se reportó un violento asalto a mano armada en el depósito de la empresa “Gonzalito”, ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este.

Una banda conformada por tres a cuatro malvivientes llegó al lugar a bordo de un vehículo de la marca Toyota tipo Hiace de color gris para cometer este golpe.

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Primeramente, dos de los criminales simularon ser proveedores de mercaderías, convenciendo al encargado para que les pueda abrir el portón de acceso al depósito.

Fue en ese preciso instante en que los delincuentes dieron la voz de asalto y aparecieron sus demás cómplices, encañonando a los empleados que se encontraban de turno.

Luego de reducir a todo el personal, los autores ingresaron al sector donde se encontraban varias cajas de teléfonos celulares, las cuales llevaron consigo para así poder darse a la fuga nuevamente.

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Según el reporte, los asaltantes se alzaron con alrededor de 150 smartphones de alta gama, valuados en una considerable suma de dinero.

No se descarta la participación de algún exfuncionario o empleado infiel que haya brindado datos precisos para facilitar la ejecución del atraco.

Durante el control de rutina, el escáner detectó un bulto sospechoso que contenía las aves en condiciones no declaradas. El pasajero presentó un certificado veterinario emitido en el aeropuerto de origen, pero no contaba con el Certificado Veterinario Internacional (CVI), exigido para el ingreso legal de animales al país. Ante esta situación, se activaron los protocolos establecidos y se dio intervención a los organismos competentes.

La DNIT procedió a la entrega oficial de las aves al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), institución responsable de dar trámite y resguardo sanitario al caso. Asimismo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público fueron notificados, conforme a la normativa vigente.

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Si bien los canarios no pertenecen a una especie en peligro de extinción y no requieren certificado CITES, su ingreso al territorio nacional debe estar respaldado por documentación sanitaria específica, como exige la normativa nacional e internacional.

La DNIT recuerda que Paraguay está comprometido con el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el comercio de animales y productos de origen animal, en el marco de la protección de la fauna, la salud pública y la seguridad fronteriza. Estos controles forman parte de los esfuerzos coordinados del país para prevenir ilícitos y preservar el medioambiente.