En comunicación con Universo 970 AM, la fiscala Liliana Alcaraz detalló que el daño patrimonial ocasionado a Petropar durante la administración de Patricia Samudio supera los G. 300 millones con las sobrefacturaciones en la compra en el marco de la pandemia del coronavirus.

“No solamente pudimos constatar que el agua tónica ingresó en un precio sobrefacturado, y también las mascarillas, sino también los otros ítems del contrato que habría suscripto Petropar con Solumedic. Entonces, eso hace que el perjuicio patrimonial aumente a más de 300 millones de guaraníes, de lo que habíamos formulado en la imputación al principio”, señaló.

Mencionó que antes de los trámites administrativos, el esposo de Samudio, José Manuel Costa Perdomo, actuó como intermediario y contactó con la empresa Solumedic para montar el esquema y simular los contratos. Sin ahondar en detalles, confirmó que se creó una cuenta bancaria para transferir allí el dinero tras la adjudicación. Agregó que los empresarios adjudicados decidieron colaborar con la Fiscalía y “contaron toda la verdad”, versión que ahora está siendo corroborada mediante las pesquisas.

#Tempranísimo

Fiscal Liliana Alcaraz, sobre ampliación de denuncia en el caso Petropar: “El daño patriomonial asciende a más de G. 300 millones con los nuevos elementos”

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Según la ampliación de la imputación, toda la operativa de compra pública, que tuvo la participación de la empresa proveedora Solumedic S.A, habría sido un montaje con el fin de justificar y legitimar el desembolso de dinero del ente, a fin de que los ahora procesados obtengan beneficios patrimoniales indebidos en complicidad con los propietarios de la empresa adjudicada con el contrato, quienes conscientes de los verdaderos propósitos prestaron su firma y toda su estructura para lograr el resultado que se buscaba, ocasionar un perjuicio patrimonial a Petropar.

La acción contra Costa Perdomo es en calidad de cómplice en lesión de confianza. Mañana se debe presentar su esposa Patricia Samudio para su audiencia de imposición de medidas ante el juez Julián López.

Petropar maneja un presupuesto de unos 1.000 millones de dólares anuales y la Fiscalía investigará si el esquema delictivo se repitió en otros procesos licitatorios.

En esta causa, además de la exmandataria, están imputados en el caso en calidad de cómplices Felix Marcelo Chávez, director de la Dirección Operativa de Contrataciones; Roberto Luis Cabrera Narváez, Gerente de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Petropar; Miguel Darío Cáceres, Asesor Jurídico de la Presidencia de Petropar; Freddy Agustin Careaga Arias, Jefe Interino de la Sección, Recepción y Entrega de Bienes de Petropar; Oscar Adrián Gómez Rodríguez, Jefe Interino de la Sección de Egresos de Petropar; Rodolfo Benítez Sandoval, Jefe del Dpto. De Tesorería de Petropar; Eduardo Miguel Ángel Sánchez López, Director Financiero de Petropar; Plácido Guerrero Rodríguez, Auditor Interno de Petropar; Liz Adolfina Chamorro Ferreira, empresaria, Representante Legal y socia de la empresa Solumedic S.A; Victor Ramón Cabañas Fernández, socio de la empresa Solumedic S.A; Lorenzo David Silvero Cantero; Edgar Raúl Villalba; Walter Osmar Mendoza Giménez, representante legal y socio de la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial S.A; Adams Javier Ávalos, socio de la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial S.A; José Manuel Costa Perdomo, pareja de Patricia Samudio; y Justino Ramón Aveiro.

La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Las mismas están identificadas como Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54), quienes enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

La primera se encuentra detenida con orden de prisión preventiva, mientras que la segunda está prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra y requerimiento de rebeldía.

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Según la investigación fiscal, Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada “Nuestra Señora de Caacupé” para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa.

Inicialmente, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el a otro sitio llamado “Casa de la Reina de la Paz”, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de la ciudad de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa.

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Sin embargo, en lugar de eso, la menor fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente. Presumiblemente le abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La fiscal Vivian Coronel solicitó además una reserva expresa para ampliar la imputación en caso de identificar nuevos participantes o cómplices.

Los técnicos verificaron aspectos financieros y bancabilidad del proyecto para ajustar el proceso de licitación a los lineamientos del nuevo Decreto Reglamentario N.º 1467/2024 “de la Ley de Participación Pública Privada (PPP)”.

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El análisis cuenta con el apoyo del consultor español Andrés Rebollo, reconocido experto en proyectos de Participación Público Privada con experiencia de más de 20 años en este campo, que también aportó sus ideas durante el encuentro.

El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta la ciudad de Quiindy.

Hasta el momento, cinco consorcios viales ya precalificaron para participar de la licitación: Desarrollo Vial al Sur (Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.); Rutas del Mercosur (Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A.); AG – Tocsa (AG Construções e Serviços S.A. y Tocsa S.A.); Rutas del Sur (Cointer Concesiones S.L., Azvi S.A.U. y Constructora Heiseke S.A.); y Rutas del Sur (Acciona Concesiones S.L., Rovella Carranza S.A. y Concret Mix S.A.), involucrando así a un total de 14 firmas, entre ellas de Brasil y España.

El informe de la Presidencia de la República indica que primeramente el mandatario presenciará algunas de las disertaciones previstas en el marco del Foro, y luego asistirá a una recepción ofrecida por los organizadores.

La agenda contempla además una presentación sobre las oportunidades de inversión que ofrece Paraguay.

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Peña explicará las ventajas comparativas del Paraguay frente a otros países, así como las principales acciones que está llevando adelante el Gobierno del Paraguay, para el desarrollo económico y social.

La comitiva oficial además del mandatario está integrada por: la primera dama, Leticia Ocampos; el canciller nacional, Rubén Ramírez; la jefa de Gabinete, Lea Giménez, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

FORO LLAO LLAO

El Foro Llao Llao es un espacio de encuentro para líderes empresariales de diversos sectores, desde tecnología hasta industrias tradicionales, para intercambiar conocimientos, experiencias y construir relaciones, para lograr oportunidades de nuevos negocios.

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En cada una de las ediciones, participan en promedio entre 70 y 100 empresarios, y la mayoría de los líderes de negocios vuelven a verse cada año durante los tres días que dura el evento.

Este año, las discusiones se enfocarán en el impacto de eventos internacionales como la invasión rusa a Ucrania y los recientes ataques en Medio Oriente.