Rodrigo Marín, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Sanatorios Privados, indicó que el 31 de diciembre del 2021 vencieron todos los convenios hechos con el Ministerio de Salud para que pacientes graves con Covid del sector público puedan ser trasladados al privado, de modo a descomprimir los servicios de salud.

En entrevista con canal GEN, el vocero del sector privado refirió que pese a la promesa hecha por las autoridades, los sanatorios privados siguen esperando que se cumpla con el pago de la millonaria deuda de Salud Pública por el uso de sus camas UTI.

“La deuda aún no fue honrada (en su totalidad). Recibimos un pago a finales del año pasado, pero eso no llega ni al 10% de la deuda. Todo el resto sigue pendiente. La deuda era cerca de 40 millones de dólares, de los cuales solo entre el 10 y el 20% se pagó. En mi sanatorio nosotros debemos cobrar más de 14.000 millones de guaraníes”, refirió.

Respecto al motivo del no desembolso, indicó que se debe a los procesos burocráticos, ya que se estaban haciendo los pagos, pero que el fin de año trancó todo y ya no continuaron más, por lo que la deuda quedó flotante y este año debe reprogramarse nuevamente. “Las cuestiones administrativas están trancando, porque el dinero ya está desde el momento en que se aprobó la ley para utilizar el fondo del Fonacide en esta deuda”, explicó.

Marín sostuvo que en el caso de que alguna persona acuda a un sanatorio privado y quiera acogerse a las leyes de Covid, necesariamente deberán trasladarla a un puesto de salud público para que reciba la correspondiente atención, al no estar más vigente el acuerdo con el Estado. Caso contrario, los familiares del paciente deberán costear de sus bolsillos los altos montos de la internación.

“Nosotros hace rato que venimos advirtiendo que se venía una tercera ola de Covid y pedíamos que honren la deuda para que podamos estar preparados. Nosotros tenemos áreas respiratorias pero son mínimas, no como para recibir a muchos pacientes”, agregó.

Financieramente será imposible sostener un nuevo convenio con el Ministerio de Salud, de acuerdo con el vocero. “Nosotros nos cerramos ante la posibilidad si es que nos plantean de nuevo un convenio”, agregó.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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Después de la asunción del nuevo gobierno en Argentina y sus estrictas medidas económicas muchos argentinos pasan al lado paraguayo para realizar sus compras, un hecho que en otro momento ocurría a la inversa, eran los paraguayos quienes iban hasta el vecino país a surtirse.

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Daniel Ferreira, presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Encarnación habló de lo motivados que están con el flujo de compradores que aumentó en los últimos meses.

En conversación con la radio 1020 AM refirió que hoy en día, ya no es factible que el paraguayo cruce hasta el territorio argentino para comprar ni vender.

“Hasta hoy día tienen una inflación y todos los días tienen remarque de precios. Los comercios están esperanzados por la visita de los argentinos. Tenemos productos que en Argentina no hay”, expresó Ferreira.

Indicó que hay mucha esperanza con la situación que permitirá una mayor circulante de dinero y la recuperación económica del sector comercial en ese punto del país.

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“La inundación azota fuertemente a la producción ganadera y agrícola del decimosegundo departamento; los campos están, totalmente, inundados, las familias en condición de vulnerabilidad están bajo agua”, lamentó el diputado liberal Diosnel Aguilera.

El proyecto establece que el estado de emergencia por inundación, en todo el departamento de Ñeembucú, sea por el término de 90 días.

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El documento también insta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, y de Obras Públicas y Comunicaciones, a realizar una inmediata asistencia a los afectados, a fin de garantizar la subsistencia y comunicación para evitar aislamiento.

Exhorta, igualmente, al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, la provisión, en tiempo y forma, de los recursos previstos para la gobernación y los municipios afectados.

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Además, solicita una mayor asignación de recursos, por encima del presupuesto ya asignado, por la contingencia presentada.

Finalmente, el documento recomienda a la Ande, analizar la posibilidad de exonerar el pago por consumo de energía eléctrica por el término de vigencia de la presente resolución, como forma de aliviar y mitigar el desajuste económico de las familias.