En línea con los diálogos anteriores, en la ocasión participaron importantes referentes del sector de agua y saneamiento, tanto del sector público como de organismos de cooperación y la sociedad civil. “Queremos evidenciar un problema que ha sido postergado por muchísimo tiempo, toda una historia de falta de toma de decisiones, falta de priorización del tema, falta de definición de una política de Estado y de políticas públicas sectoriales claras y suficientemente eficientes para abordar mejor la problemática”, indicó Carla Torreani, de la Fundación Moisés Bertoni y representante del OCASH, en la apertura del diálogo.

Por su parte, Claudia Zappatini, también del OCASH, mencionó el desafío de jerarquizar la institucionalidad pública en la gestión del agua y saneamiento. Por su parte, Gustavo Rojas, especialista de la materia de UNICEF Paraguay, presentó los resultados de un trabajo realizado en el que identificaron 4 amenazas al agua, saneamiento e higiene en Paraguay: sequías, intrusión salina, inundaciones y enfermedades.

El viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Adilio Insfrán, presentó una síntesis de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030), aprobado en 2014. “El avance de estos indicadores va a ser exponencial en la medida que mejoremos la gobernanza, los aspectos técnicos y económicos, y también los desafíos de gestión”.

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La gestión del agua y saneamiento es compartida por varias instancias del ámbito público, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales e incluso entidades autárquicas. Y además, la mayor parte de la provisión de agua en el interior del país se produce con gestión comunitaria, es decir, organizaciones vecinales. El titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Hugo Ruíz, señaló como desafío la necesidad de fortalecer esta gobernanza sectorial para avanzar en el acceso universal y de calidad. “Hemos reiterado en varios foros la necesidad imperiosa de que este tema sea asumido principalmente por la clase política y decisoria del país, en cuanto al aporte de los recursos necesarios para su desarrollo y fortalecimiento”. En tanto a la función reguladora del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), su presidente Jorge Ojeda comentó que es necesario la revisión profunda de los datos en materia de cobertura. “Respecto a la información real del sector tenemos que empezar desde cero. Ya que el 90% de los prestadores, aproximadamente unos 6.000, no superan 200 usuarios”.

José Silvero, director de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), recordó que este ministerio es la autoridad de aplicación de la Ley 3.239/07, de Recursos Hídricos del Paraguay, y anunció avances en su reglamentación. “Por primera vez después de 15 años de vigencia de ley, en esta administración se dio la importancia de sacar un decreto reglamentario y cuando tengamos el conjunto de reglamentaciones iniciaremos un proceso de comunicación e intercambio de pareceres e ideas”.

Gustavo Gonnelli, Especialista en Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo una radiografía del sector regulador. “Hemos visto la complejidad del sector en Paraguay: hay demasiados organismos que tienen que ver con el tema. Hay duplicidad de responsabilidades y eso hace que no sean eficientes. Desde la perspectiva del Banco también es complejo desarrollar programas de inversión porque es difícil coordinar a todos los actores que están involucrados. Creo que pretender hacer una nueva estructura o algo de cero es impracticable. Lo que hay que hacer es fortalecer la estructura actual. Hay que jerarquizarla”.

Para Claudia Crosa, exdirectora de DAPSAN, “el gran pero es la estandarización del sistema, no es que cada uno hace los sistemas con las especificaciones que se les ocurra y también, sobre todo, una priorización que pueda decir dónde es más necesario. Por ejemplo, Itaipú y Yacyretá invierten en agua y saneamiento, pero invierten como quieren, por la necesidad política del momento. ¿Qué pasaría si hay un director de orquesta realmente fortalecido y que tenga decisión?”.

Juanita Ayala, especialista en Agua y Clima participó de este diálogo desde la sede del Instituto Internacional del Agua, en Estocolmo. Para ella, en este contexto mundial de cambio climático, hoy más que nunca debe promoverse la resiliencia del sector y un factor clave es el fortalecimiento y buena gobernanza de las instituciones. “Cuando estamos frente a riesgos tan grandes como las pandemias, los conflictos, el cambio climático y demás, debemos alejarnos de la forma usual de hacer las cosas”.

A partir de ahora, la campaña “El Agua es un Derecho” entra en una etapa de acercamiento a diferentes candidaturas de cara a las elecciones generales de abril 2023 de manera a incluir  la temática del tema agua y saneamiento en el debate electoral.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.