Cannabis medicinal: estiman que 200.000 paraguayos mejorarán su calidad de vida

El senador Patrick Kemper (Hagamos), uno de los proyectistas de la despenalización del cultivo de cannabis para uso medicinal, celebró la sanción de la normativa y aseguró que esta Ley traerá una mejor calidad de vida unos 200.000 paraguayos con diversas enfermedades y patologías tratables con cannabis medicinal.

El legislador mencionó que el aceite de cannabis es el único alivio que tienen muchas personas que padecen enfermedades o patologías neurológicas. “Conocí a varias personas que básicamente dependían del aceite de cannabis para un alivio a sus dolencias y para una mejor calidad de vida. Además, nos encontramos con otra barrera que era el costo, porque dicho producto importado estaba cerca de los dos millones de guaraníes”, dijo.

Agregó que el Estado no puede criminalizar el uso medicinal del cannabis. En cambio debe defender el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana, tal como está consagrado en la Constitución Nacional.

“Está comprobado su eficacia en varias enfermedades como esclerosis múltiple, cuadros epilépticos, mal de Parkinson y otros, lo dice la ciencia y la experiencia de paraguayos y de organizaciones con las que tuvimos la posibilidad de conocer, conversar y trabajar. Esto es un logro de ellos y de la lucha de muchas familias, como la organización Mamá Cultiva. Espero que sin pérdida de tiempo sea promulgada”, sostuvo.

Es por ello que solicitó al presidente Mario Abdo Benítez la promulgación de la Ley que despenaliza el cultivo de cannabis en las casas para uso medicinal.

“Miles de paraguayos están esperando esto hace rato y su aplicación bajo un régimen legal será un hecho histórico para el país. Actualmente entre 70.000 a 140.000 personas padecen epilepsia, según estimaciones médicas, sumados a otras enfermedades y patologías que son tratados con cannabis medicinal, estaríamos hablando mal y pronto de unas 200.000 personas que pueden ser beneficiadas”, remarcó.

 

Empresa que vendió respiradores de oro también ligó contrato para mantenimiento por Gs 5 mil millones

La empresa DYSA Healthcare SA alegó que los respiradores vendidos al Ministerio de Salud no están sobrefacturados. Argumentan que el sobrecosto se debe a diversos factores entre ellos el servicio de mantenimiento. Sin embargo, en el portal de Contrataciones Públicas aparece un contrato entre la misma empresa y el Ministerio de Salud por Gs 5 mil millones por ese mismo servicio.

A través de un espacio reservado, la firma en cuestión de vuelta negó que haya existido sobrefacturación en los respiradores proveídos al Ministerio de Salud, pese a que existe una denuncia en contra de esta llamativa adjudicación. Cada aparato en en diciembre costó G. 169.000.000 y ahora en pandemia por cada uno se pagó G. 281.800.000.

En ese sentido, la firma argumenta que “el precio final de los ventiladores incluye no solo el equipo, sino también los accesorios, consumibles y otros equipos biomédicos como: circuitos de paciente, filtros antibacterianos, sensores de oxígeno y un costoso equipo complementario llamado humidificador. Estos elementos provienen de Estados Unidos, Singapur y Nueva Zelanda, y se encontraban en escasez. Durante la situación de pandemia, han experimentado la falta de disponibilidad, lo que redunda en un aumento en sus precios, debido a la variante de costos de operativa”.

Sin embargo, la Contraloría echa por tierra ese argumento al exponer la boleta de importación de Aduanas, donde se detalla que los 31 respiradores costaron 2.400 millones de guaraníes, pero finalmente la empresa vendió a 8.115 millones de guaraníes, con una diferencia de más de 5.000 millones de guaraníes.

La empresa sostiene además que “el periodo de garantía solicitado es de dos años, y se incluye el 100% de cobertura de servicio técnico especializado, las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 730 días para la manutención de los equipos en cualquier punto del país, y el reemplazo de todas las partes o repuestos en caso de fallas, además de la capacitación de los usuarios asignados por el Ministerio en todo el país”.

Sobre este punto, en el portal de la Dirección de Contrataciones Pública existe un contrato plurianual 2019-2020 a favor de esta misma firma para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ventiladores pulmonares de la marca Carefusion. Esta licitación se adjudicó en enero del año pasado, es un contrato plurianual por un valor total de ₲ 4.779.120.120

Así también la empresa alega que “el enfoque de la cobertura de postventa, en una situación de pandemia, influye en el precio de venta, ya que se debe invertir en indumentarias de protección personal para los recursos humanos, elementos de desinfección para el servicio técnico, móviles y todas las herramientas e instrumentos especializados”

En ese sentido, vale resaltar que otras empresas estaban en condiciones de proveer los mismos equipos por un precio menor. Además el propio Ministerio de Salud podía comprar directamente los equipos por 2.400 millones de guaraníes y no tener que pagar los 8.100 millones de guaraníes.

Dysa sostiene además que realizó la entrega de la totalidad de los equipos el 19 de abril en el Depósito de la Dirección Biomédica, dependiente de la Dirección De Insumos Estratégico del Ministerio de Salud. Los equipos se repartieron entre el Hospital Nacional de Itagua (3); Hospital Regional de CDE (04); Hospital Regional CDE (04); Hospital Regional de Caaguazú (4); Hospital Regional de Coronel Oviedo (4); Hospital Pediátrico (02); INERAM (10). “En todos estos lugares hemos realizado la instalación, puesta en marcha y capacitación de usuarios”.

Sin embargo, lo llamativo al respecto es que si bien se entregaron los equipos, el Ministerio de Salud tardó en mandar a instalarlos, deslegitimándose así el argumento inicial de que esta compra era de carácter urgente.

 

Salud podrá reforzarse con solo 40 camas más en terapia intensiva

En todo el país solo existen 200 terapistas y unas 509 camas de cuidados intensivos. El sistema de salud pública solo podrá reforzarse con un máximo de 40 unidades más porque no hay suficientes profesionales. Autoridades reconocen que todavía no analizan contratar extranjeros.

El viceministro de Salud Pública, Julio Borba, reconoció que en un mundo ideal, el 10 % de todas las camas que se disponen deberían ser de cuidados intensivos. Sin embargo, de las 5.700 camas que tiene el país, solo 509 son de UTI, ya que en todo el territorio solo existen 200 terapistas, indispensables para el funcionamiento de este servicio.

“¿Cuánto más vamos a crecer? Entre 30 a 40 camas en estas tres semanas y siendo realistas, más de eso no creo que podamos ir, considerando que para eso necesitamos terapistas y médicos especialistas”, explicó el viceministro Borba a la 730 AM.

En este periodo se potenciará el IPS de Ingavi, que tiene una capacidad para 32 camas y Encarnación y Ciudad del Este donde se llegaría a 8 más.

Posteriormente se prevé un refuerzo en el área de urgencias, donde se encuentran en pleno proceso de colocar ventiladores y monitores para mantener a los pacientes hasta trasladarlos a terapia intensiva.

En cuanto a los reactivos para testeos, lo que ya se compró y lo que está en proceso de compra totaliza 56.000 millones de guaraníes y los que vienen en camino se irán distribuyendo en todo el país.

“Tenemos la intención de llegar a 5.000 o 6.000 testeos por día entre el Laboratorio Central y todos los demás”, indicó el doctor. En el nuevo laboratorio de CDE se espera alcanzar los 500 a 700 testeos diarios.

 

Respiradores de oro: reconocen vínculo de alto funcionario con empresa proveedora

La empresa DYSA Healthcare SA, que proveyó los respiradores sobrefacturados al Ministerio de Salud, reconoció los vínculos que tiene con altos funcionarios del Gobierno. Se ven salpicados en este escándalo Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete de la Presidencia, y Sergio Coscia, procurador General de la República.

En su descargo publicado en un espacio reservado, la empresa Dysa Healthcare SA asegura que existen “acusaciones infundadas” al exponerse la injerencia del abogado Sergio Coscia en las licitaciones donde pujaba esta firma. No obstante, reconoce que “Coscia prestó servicios laborales entre febrero 2015 y febrero 2017, fecha desde la cual no se ha vuelto a mantener ninguna relación de servicios profesionales con el mismo”.

Mientras que sobre Juan Ernesto Villamayor asegura que nunca se tuvo relación de servicio profesional con el mismo. Sobre el punto, la empresa omite mencionar que Coscia pertenece al estudio jurídico de Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de Gabinete de la Presidencia de la República.

Así también, Dysa niega vínculos o relación de parentesco de uno de los directivos de la firma con Walter Insfrán, quien se desempeña como jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública.

LA COMPRA DE LOS RESPIRADORES DE ORO

El Ministerio de Salud Pública en abril llamó a licitación para la compra de ventiladores pulmonares. El proceso duró apenas unas 15 horas y se adquirieron 31 equipos por los que se pagaron G. 8.115.800.000.

La Contraloría General de la República analizó esta compra y encontró serias anomalías y la más resaltante fue que la compra tuvo un precio sobrefacturado en un 243% con relación a iguales equipos adquiridos en otra licitación.

Al tomar conocimiento del informe de la Contraloría los diputados Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Kattya González, Norma Camacho, Jorge Britez y Celeste Amariila presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal contra personas innominadas por la sospechosa licitación realizada para la compra de estos respiradores y señalan existe una alta probabilidad de que se hayan cometidos hechos punibles en esta compra y piden que se identifique a los responsables.

El informe de la Contraloría empieza señalando que el pliego de bases y condiciones de la licitación estaba plagadao de irregularidades, que también fueron comprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El Ministerio de Salud hizo la licitación por la vía de la excepción alegando que los equipos debían ser adquiridos de forma urgente, la empresa que ganó esta millonaria licitación es Dysa Healthcare SA y que tenía que proveer los 31 equipos y lo hizo el 19 de abril pasado.

La Contraloría verificó el 28 de abril los ventiladores pulmonares adquiridos y constató que solo tres estaban instalados y funcionando, por lo que el órgano contralor se pregunta, ¿no era que se necesitaba de las máquinas de forma urgente?

Pero esta es la menor de las irregularidades detectadas en este caso, ya que se pudo constatar que se llama a la licitación con carácter de urgencia impostergable y el 1 de abril vía mail a las 19.00 se envía el pliego de bases y condiciones a las 5 empresas, el 2 de abril a las 12.00 ya se adjudicó a DYSA HELTHCARE SA, con solo 5 horas hábiles para preparar la oferta.

Además la empresa ganadora vende los 31 ventiladores pulmonares a un precio unitario de G. 261.800.000 Gs., totalizando el monto del contrato la suma de Gs 8.115.800.000 (guaraníes ocho mil ciento quince millones ochocientos mil).

Cuando en diciembre de 2019 la misma empresa vendió estos mismos equipos por un valor de G. 169.000.000 cada uno y no existe un documento que expliqué el por qué de la diferencia de precio y la Contraloría aclara que esa explicación debe estar agregada para demostrar que no existió sobrefacturación.

También una cuestión que llamó la atención de la Contraloría fue que solo se dio horas para que las empresas hagan sus ofertas y apunta; “si bien el proceso es por urgencia impostergable, y que la necesidad del equipo es de provisión inmediata, ello no implica que se establezcan plazos insuficientes para la preparación de ofertas” lo que quiere decir que si las otras empresas no pudieron hacer sus ofertas, se debió dar igual oportunidad a todas y no apresurar los plazos para beneficiar a una sola firma, tal como parece que se dio en el caso de DYSA HELTHCARE SA.

También llama la atención que no se encuentran los acuses de recibos de las ofertas de las otras cuatro empresas, por lo que todo hace suponer que la licitación pudo haber sido digitada.