El sospechoso principal, Vicente Ramírez, indicó a la prensa que presenció el crimen de Alcibiades Desiderio Ayala Coronel (71), Francisca Nidia Núñez Romero (71) y sus nietos de 10 y 7 años, pero que no fue él quien los mató, pese a que en su poder fue encontrada la supuesta arma homicida.

“No fui yo el que disparó. Casi un mes y 15 días que planearon esto los tipos”, dijo respecto a dos hermanos conocidos por realizar abigeato en el Chaco (uno de ellos de nombre José). “(El cabecilla) me dijo: vamos a vender los animales, pero le dije que no porque le tenía ahí a mi familia. Después me amenazaron y entre dos se quedaron ahí varios días”, añadió.

Contó que inicialmente los propietarios no estaban en el establecimiento, porque su patrón iba constantemente a Asunción por salud, pero que el lunes le avisó que volvería con sus nietos a la estancia. Alegó que no podía advertirle sobre el plan que se estaba orquestando allí, al recibir amenazas por parte de los sujetos.

Cuando las víctimas llegaron al sitio, uno de los hermanos agarró la escopeta y les disparó a todos, de acuerdo con el capataz. “El niño intentó huir cuando vio que mataron a su hermana y abuelos. Entonces corrió y uno de los hombres le disparó”, relató.

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— Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) 15 de julio de 2019

“Me dieron muy poco”, dijo sobre el dinero recibido por parte de los criminales. “No podía hacer nada”, reiteró sobre el motivo por el cual no dio aviso a las autoridades.

Cuando el crimen ocurría, su esposa y sus tres hijos menores estaban en el chiquero, según contó el capataz, ya que olió que algo malo iba a ocurrir y los mandó lejos. Es por ello que deslindó responsabilidad de su esposa, además de los conductores que transportaron el ganado robado y del comprador que lo adquirió.

El hombre además contó que tras el crimen vino en colectivo hasta Fernando de la Mora, donde cayó preso junto con su esposa, y que la escopeta y otros elementos de la estancia fueron enviados en un automóvil desde el Chaco hasta ese lugar. En todo momento reiteró que no podía denunciar lo ocurrido porque estaba amenazado.

Por su parte, Elizabeth Duarte -sollozando- coincidió que fueron tomados de rehenes. Aseguró que los dos hermanos la llegaron a violar y que quisieron hacer lo mismo a su hija, pero que les rogó no hacerlo. “Le presionaron a mi marido, nosotros somos víctimas. No podíamos hacer nada porque nos tenían amenazados”, aseguró.

En medio de su terrible testimonio, la mujer indicó que estando en la chanchería no escuchó los disparos por el ruido del motor del agua.

La Fiscalía ahora se abocará a ordenar la inspección médica de la mujer para corroborar su versión y además de detener a los hermanos, quienes ya están plenamente identificados.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.