Mediante un comunicado, la Capeco considera oportuna y valiosa la decisión del BCP de establecer como medida transitoria hasta el 30 de junio de 2016, la utilización de herramientas técnicas para atender las necesidades de refinanciación de los productores agrícolas que cayeron en mora debido a la fuerte devaluación de los precios internacionales de los commodities en las últimas campañas.

Sostiene que esta medida ayudará a los productores a extender los plazos para el pago de sus créditos sin caer en estado de descalificación. La determinación, según el gremio, será de gran impacto porque beneficiará a todos los sectores formales dentro de la cartera agrícola, afectando principalmente a productores de soja, trigo y maíz.

Resalta el trabajo en conjunto con la Unión de Gremios de la Producción (UGP) lograr el “OK” de la banca matriz. Además destaca el interés de las autoridades ligadas a las políticas monetarias del país para disponer de una herramienta legal que salvaguardará los intereses de los productores de alimentos.

“La producción agrícola es responsable de la tercera parte del movimiento económico nacional, por lo tanto, las medidas a favor del sector, promoverán bienestar en las fincas de los agricultores que seguirán con voluntad y dedicación el trabajo diario de producir alimentos para los consumidores”, finaliza el escrito.

El proyecto contempla la construcción de 82.000 m² de nuevas calles asfaltadas, distribuidas en 12 barrios de la capital, según el relevamiento técnico realizado. Incluye la rehabilitación de tramos empedrados y la creación de nuevas interconexiones viales, con el objetivo de brindar un tránsito más ágil y seguro.

“Una gran parte de esta inversión estará en el barrio San Pablo, porque nuestro corazón está aquí y porque era verdaderamente necesario. Las calles que más lo requieran serán asfaltadas y los empedrados más deteriorados serán mejorados, para elevar la calidad de vida de los vecinos de San Pablo y de toda Asunción”, afirmó el jefe comunal.

Bello destacó que esta iniciativa es parte de un plan de intervención más amplio que beneficiará a 12 barrios de la ciudad, en el marco del proyecto nacional impulsado por Itaipú, que prevé la construcción de 1.000 kilómetros de pavimento en todo el país. “Este trabajo en San Pablo marca el inicio de un proceso que superará las 100 cuadras asfaltadas en Asunción. Nuestro objetivo es claro: transformar los barrios, ordenar la ciudad y mejorar la vida de los vecinos con obras que perduren”, expresó.

Este primer módulo beneficiará directamente a más de 22.000 habitantes, proporcionando una infraestructura vial más cómoda y segura.

El intendente agradeció al presidente de la República, Santiago Peña, y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, por el apoyo brindado para la concreción de este proyecto. “Hoy esto comienza en San Pablo, pero se va a extender por toda Asunción. Además, con recursos propios seguiremos asfaltando y mejorando distintas calles de la ciudad”, concluyó.

La ingeniera Mirtha Acha destacó que el plan forma parte de uno de los ejes prioritarios que ha fijado la gestión del intendente Luis Bello. “Los rubros que se van a ejecutar son: remoción y reposición del empedrado existente, corrección primero de todo lo que es el empedrado. Colocación de cordones donde falta, a los costados, por supuesto. Tenemos algunos badenes de hormigón hidráulico en los lugares en donde se necesita encauzar las aguas, por la baja pendiente que tiene para el escurrimiento de aguas superficiales”, explicó la directora general de Obras.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con uno de sus ejes prioritarios: el mejoramiento y la actualización de la infraestructura vial, promoviendo obras que impulsen el desarrollo sostenible de Asunción y el bienestar de sus habitantes.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó en una entrevista con GEN que los trabajadores que emiten facturas pueden tener derecho al aguinaldo si cumplen con ciertas características que configuran una relación laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Laboral, unos 1.900.000 trabajadores deben percibir el aguinaldo antes del 31 de diciembre, tanto del sector formal como informal, público y privado.

Segovia indicó que la determinación se basa en el cumplimiento de horario, subordinación, exclusividad y continuidad en la relación laboral. “Cuando se dan estas condiciones, la relación es laboral y el trabajador tiene derecho al pago del aguinaldo, y la patronal tiene la obligación de cumplirlo”, sostuvo.

Por otro lado, aclaró que profesionales independientes que facturan sus servicios a varias empresas y no cumplen horarios ni exclusividad, como algunos abogados, contadores o asesores externos, no están obligados a recibir aguinaldo, ya que no configuran un vínculo laboral según la normativa vigente.

El viceministro recordó que estas interpretaciones ya fueron ratificadas por el Tribunal Laboral, tras resoluciones previas del Ministerio. Asimismo, destacó la necesidad de modernizar el Código Laboral de 1993, para contemplar nuevas formas de empleo, plataformas digitales y multiempleo, que actualmente no están reguladas.

Segovia informó que en enero de este año, a raíz de denuncias sobre incumplimientos, se recibieron 276 denuncias que afectaron a 232 empresas, de las cuales un 35% regularizó la situación, mientras que el resto pasó a fiscalización y multas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y la Facultad de Arquitectura de la UNA presentaron el informe realizado en las 138 comisarías de Central y, según revelan, existen graves déficit de habitabilidad.

El relevamiento se realizó entre julio y noviembre, y combinó evaluación arquitectónica, mediciones técnicas y un enfoque de derechos humanos. Las conclusiones del informe indican un riesgo estructural generalizado en la mayoría de las comisarías.

De las 138 comisarías, 70 no cuenta con una sola celda, solo 68 tiene una o más, pero que ni siquiera están adaptadas para albergar a una persona.

El 52,7% de las celdas individuales no alcanza los 6 m² mínimos exigidos, y varias presentan superficies menores a 4 m².

La falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos también son problemas y constituye una vulneración directa a la dignidad humana.

El 42,4% de las personas entrevistadas llevaba más de 72 horas detenidas.

El informe formula recomendaciones a instituciones clave del sistema de seguridad y justicia como, clausura inmediata de celdas menores a 6 m², atención médica independiente, registros adecuados y espacios para entrevistas privadas. Además. control estricto del límite de 72 horas de detención.