Mediante un comunicado, la Capeco considera oportuna y valiosa la decisión del BCP de establecer como medida transitoria hasta el 30 de junio de 2016, la utilización de herramientas técnicas para atender las necesidades de refinanciación de los productores agrícolas que cayeron en mora debido a la fuerte devaluación de los precios internacionales de los commodities en las últimas campañas.

Sostiene que esta medida ayudará a los productores a extender los plazos para el pago de sus créditos sin caer en estado de descalificación. La determinación, según el gremio, será de gran impacto porque beneficiará a todos los sectores formales dentro de la cartera agrícola, afectando principalmente a productores de soja, trigo y maíz.

Resalta el trabajo en conjunto con la Unión de Gremios de la Producción (UGP) lograr el “OK” de la banca matriz. Además destaca el interés de las autoridades ligadas a las políticas monetarias del país para disponer de una herramienta legal que salvaguardará los intereses de los productores de alimentos.

“La producción agrícola es responsable de la tercera parte del movimiento económico nacional, por lo tanto, las medidas a favor del sector, promoverán bienestar en las fincas de los agricultores que seguirán con voluntad y dedicación el trabajo diario de producir alimentos para los consumidores”, finaliza el escrito.

Se trata del proyecto de Ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La normativa establece actualmente un máximo de 8 años de medida privativa de libertad para adolescentes infractores. Sin embargo, la iniciativa aprobada en el Senado plantea elevar el máximo a 15 años.

La propuesta busca aumentar la duración de la medida privativa de libertad en casos en los que el hecho cometido por el adolescente sea considerado crimen según el derecho penal ordinario.

El proyectista, Javier Zacarías Irún, argumentó que esta modificación responde al crecimiento sostenido de casos de adolescentes infractores, según lo evidencian las estadísticas judiciales, lo cual también derivó en situaciones que generaron conmoción social, como los recientes casos de María Fernanda y el joven repartidor (delivery) asesinado.

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El senador Javier Zacarías aseguró que el proyecto no vulnera preceptos constitucionales ni compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo. “Existen antecedentes en países como Argentina o Costa Rica, donde las penas para adolescentes alcanzan hasta 20 años. En nuestro caso, se propone llevar la sanción a 15 años, cuando el máximo para adultos es de 30 años según el Código Penal”, acotó.

Para la elaboración del proyecto se mantuvieron reuniones con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con quienes se evaluaron alternativas para endurecer las penas y abordar integralmente la problemática.

La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Las acciones jurídicas lograron obtener la declaración de caducidad en una demanda caratulada “José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte c/ Alfredo Ramón López Ruggeri, Luis Alberto Ferriol, Rolando Isaac López y Entidad Binacional Yacyretá, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual”.

El expediente fue tramitado en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno, Asunción. Por parte de la EBY, intervinieron los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla, bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez.

Según los datos, el 19 de abril de 2022, José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, iniciaron un juicio contra la EBY, reclamando indemnización por un supuesto ataque perpetrado por parte de guardias de seguridad de la empresa, cuando los mismos se encontraban pescando en el río Paraná.

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Posteriormente, la EBY solicitó la intervención y contestó la demanda. Tras eso, se admitieron las pruebas, sin embargo, esta providencia fue recurrida por Yacyretá por considerar que las pruebas ofrecidas por la parte actora fueron realizadas en forma extemporánea.

El pasado 5 de mayo de 2025, el juzgado declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora. La sentencia se encuentra firme.

Don Leo fue hallado en zona de Marina de Asunción, entre unas barcazas en el río Paraguay.

Su familia recibió información de que una persona con las características del hombre ingresó al parque Carlos Antonio López, y de allí a la Marina, donde se habría lanzado al río.

Estaba desaparecido desde el domingo, Día del Padre, cuando salió de su vivienda ubicada en el Barrio Obrero.

Su familia inició una búsqueda desesperada debido a que el hombre de 73 años padecía Alzheimer, diabetes e hipertensión.

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