La Itaipú Binacional realiza un concurso para incorporar a 220 personas en su plantel de trabajadores por vía del Proceso Selectivo Externo (PSE). Esta cifra representa el 40% del total de empleados que forman parte de la central hidroeléctrica. Lo que comenzó como una buena iniciativa para dar trabajo a la ciudadanía, terminó siendo blanco de muchos cuestionamientos por el aparente direccionamiento que se estaría efectuando, ya que los requisitos para ciertos cargos coinciden a la perfección con los conocimientos y formaciones de algunas personas ligadas a la entidad y a sus autoridades.

Cargos en Itaipú para hurreros: Requisitos direccionados y proceso alterado.

📌Rifada de cargos en itaipú, último episodio del Carnaval de Abdo antes de su salida.#LCNPy📺 pic.twitter.com/jwFofRapXO

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) May 17, 2023

Además de los dudosos requisitos de los cargos en concurso, aparentemente preparados para los amigos de la casa, se suma que el Reglamento General de Proceso Selectivo Externo de Recursos Humanos fue modificado por la Itaipú el 28 de febrero de 2023.

En el nuevo reglamento se eliminó la posibilidad de que aprendices o pasantes de Itaipú puedan participar del proceso de selección, como así también a los empleados de la entidad que pretendían concursar a un cargo que implique cambio de carrera.

Lo trascendental de esta disposición indebidamente eliminada, era dar cumplimiento a lo previsto en el Plan de Carrera y Remuneración por Competencias – PCR, el cual fue aprobado en 2013 y está vigente para los empleados de carrera de la Itaipú desde el 2014. Allí se establece que el cambio de carrera de un empleado solo es posible mediante un Proceso Selectivo Externo.

El objetivo por detrás de esta maniobra de eliminación de la norma sería tratar de forzar que algunos empleados con “padrinos” accedan indebidamente a un cambio de carrera (por ejemplo pasar de Asistente Administrativo a algún cargo de Profesional Universitario) sin participar del Proceso Selectivo Externo como exige el Plan de Carrera. Para este efecto, a finales del 2022, de manera unilateral el director paraguayo de Itaipú modificó este Plan para que los empleados profesionales encuadrados en los niveles de soporte puedan pasar a ocupar otros cargos, sin contar con el acuerdo del lado brasileño, tal como estipulaba la norma.

Otra modificación hecha para este concurso de Itaipú fue que prácticamente quede sin efecto el puntaje mínimo de 70 puntos de 100 del examen de conocimiento, para ser habilitado a la siguiente etapa del proceso selectivo. Se dispuso que si ninguno llega al mínimo, se considerarán los tres mejores puntuados. Con esta alteración, si los mejores puntajes fueran 30, 35 y 40 puntos, que representan un aplazo en la universidad, de igual manera estos postulantes podrán pasar a la siguiente fase de la evaluación.

También resulta llamativo que entre los cambios introducidos figura la incorporación en la mesa de evaluación para la entrevista profesional de un representante de la Asesoría de Compliance (dependiente del Directorio), que en la práctica tendría como finalidad blanquear las eventuales decisiones que sean adoptadas por los evaluadores de Recursos Humanos, en atención a que este proceso de por sí ya es auditado por un representante de la Auditoría Interna, por lo que no requiere de la presencia de otro delegado del director de la binacional.

Cambio hecho a las reglas en Itaipú.

Asimismo se incluyó en el nuevo reglamento que los órganos de control interno de Itaipú supervisen, fiscalicen y acompañen el proceso de elaboración, aplicación y corrección de los exámenes de conocimientos generales y específicos, que está a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Esto resulta peligroso, ya que la presencia de funcionarios de la binacional puede ocasionar la fuga de información de los exámenes e influir en la corrección de los mismos para favorecer a sus allegados que se postulan.

También a estos órganos de control se les facultó la posibilidad de decisión sobre los aspectos que no están previstos en el reglamento, potestad que anteriormente solo recaía sobre la figura del Director Administrativo Ejecutivo, por lo que existe la fuerte sospecha de que esta ampliación sería también para blanquear las decisiones que se adopten durante el concurso.

Otra inclusión al proceso de selección es la posibilidad de que un postulante no sea eliminado cuando justifique con certificado médico su ausencia en los exámenes, lo cual se prestaría a maniobras de fraude en el proceso de selección.

Modificación del plan de carrera de Itaipú.

MALESTAR EN EL GOBIERNO ELECTO

A raíz de los cuestionamientos que existen por la aparente cocinada en Itaipú, existiría un malestar en el Gobierno electo, ya que, según trascendió, las autoridades que asumirán en agosto próximo hicieron reclamos a las actuales, pero estas se negaron a rever el proceso cuyo principal articulador es el cues­tionado director de Respon­sabilidad Social Empresarial de Itaipú, Gerardo Soria.

Mientras el concurso se realiza en Paraguay bajo hermetismo excusándose en la binacionalidad de la institución, en el lado brasileño se acostumbra a hacer los exámenes a nivel federal, con amplia competencia, mostrando las etapas del proceso y los puntajes de los postulantes.

Ante esto, el nuevo equipo electo debe sentarse a trabajar de manera urgente para evitar que se aseste un último golpe, y el Gobierno saliente debe tener cordura y frenar este festival de cargos aparentemente a la medida.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.