El abogado Álvaro Arias apeló la resolución del juez Julián López, quien decretó que Carlos Granada guarde prisión preventiva en el penal de Tacumbú.

La defensa de Granada pide al Tribunal de Apelación revocar el fallo de primera instancia y conceder al procesado medidas alternativas a la prisión.

Como argumento, Arias alega que su cliente estuvo en todo momento pendiente de la investigación a través de su defensa técnica.

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Un Tribunal de Alzada deberá analizar si ratifica la resolución del magistrado Julián López o si admite la acción de la defensa.

Granada está imputado por los hechos punibles de coacción sexual y violación, acoso sexual y coacción.

El viernes último, Granada finalmente se presentó ante el Juzgado, luego de una convocatoria pendiente desde agosto. En la ocasión, se realizó la audiencia de imposición de medidas, en la que se resolvió la prisión del imputado.

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El ministro de Justicia, Daniel Benítez, confirmó esta mañana que Granada aun no ingresó al penal, y que, recién esta tarde se definiría dónde guardará reclusión.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.