Tras la elección presidencial se pasó a la etapa de la transición, un tiempo de importancia estratégica tanto para el gobierno saliente como el entrante. En el caso del equipo que deja la conducción del país, se da la tradicional práctica de impulsar licitaciones a las apuradas, muchas veces sin considerar las implicancias que estas podrían tener en la siguiente administración.

Recategorizaciones y dudosos pagos.

📌Essap comenzó a recategorizar a funcionarios de plana mayor antes del cambio de Gobierno.

📌MOPC realiza dudosos pagos a los proveedores, advierte el equipo de transición.#LCNPy📺 pic.twitter.com/yVqjw1jOiO

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) May 24, 2023

Una muestra del carnaval de licitaciones es lo que ocurre en el MADES, cuya autoridad pretende comprometer la suma total de 16.890.563.270 guaraníes (2.342.629 dólares al cambio actual) en las compras que están en la fase de la planificación y que están previstas a lanzarse entre los próximos meses.

De acuerdo con el Programa Anual de Contrataciones (PAC) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, aprobado a finales de febrero por el ministro Ariel Oviedo, son 21 las licitaciones que se realizarán entre los meses de mayo y septiembre, por la mencionada suma de dinero.

En el documento se incluyen los rubros de pasajes, mantenimiento de maquinarias, de muebles, de equipos de transporte, reparaciones de edificios, servicios de limpieza, de fumigación, digitalización de documentos, soporte técnico de data center, seguro médico, seguridad privada, entre otros.

Para avanzar con estos procesos licitatorios, la unidad operativa de contrataciones de la institución ya remitió algunos pliegos de bases y condiciones para la aprobación de la máxima autoridad del Mades, tal como el ID 426.163 para la extensión de soporte de fabricante de equipos críticos y soporte técnico del data center, cuyo programa inicial sufrió modificaciones, pasando de los G 2.124.144.000 que estaban estipulados a los G 2.300.000.000, registrando así un aumento de casi G 180 millones.

Así también entre los pliegos de bases y condiciones remitidos para su aprobación se encuentra el ID 426.160 para el mantenimiento de vehículos, con un monto presupuestado de G 800.000.000.

En la actualidad no existen herramientas legales que permitan parar las actuales compras públicas que realizan las instituciones del Estado de manera apurada. La carencia de una normativa que regule este proceso hace que esta práctica se repita en cada transición de Gobierno, según reconoció Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, cuya institución solo puede intervenir en caso de detectar irregularidades en estas licitaciones.

Si bien el país no puede parar durante la transición, todo lo que se realice en este periodo debe hacerse mediante un acuerdo político con el equipo entrante, de modo a garantizar que todo se realice en el marco de la ley y que no repercuta negativamente en los proyectos y presupuestos del siguiente gobierno que ingresará en agosto próximo.

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El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.