En el 2020 cuando se estaba realizando el juicio oral para los acusados, la misma Corte Suprema de Justicia, de la cual es miembro Carolina Llanes audita la causa de los “coquitos de oro” y se pudieron identificar el rosario de chicanas que fueron planteándose a los largo de más de una década.

El 14 de abril de 2020 el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, imputó al secretario de Emergencia Nacional Camilo Soares por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos y la medida alcanzó también al director de la Unidad de Contrataciones de la SEN Alfredo Guachiré.

El 21 de julio de 2010 la fiscala Soledad Machuca, rectificó un pedido de sobreseimiento a favor de los acusados y presentó acusación solicitando la elevación a juicio oral contra Soares y Guachiré.

El 20 de septiembre de 2011, se llamó por primera vez a la audiencia preliminar para los acusados, pero la diligencia se suspendió ya que la abogada de Guachiré no se presentó.

El 5 de julio de 2012 Alfredo Guachiré, recusó a la fiscala Victoria Acuña y no se puedo hacer la audiencia preliminar.

El 12 de diciembre de 2013 se suspendió la preliminar debido a que Camilo Soares apeló una resolución contra la admisibilidad de un recurso de apelación general.

El 12 de marzo de 2014 se volvió a suspender la preliminar porque el abogado Álvaro Arias y Camilo Soares tenían un incidente por resolver. Pero ese día el entonces juez penal de Garantías Pedro Mayor Martínez, dispuso sancionar a Arias y Soares por ejercicio abusivo del derecho. Soares fue sancionado con 25 días, multa, unos G. 8.750.000. El magistrado en el 2014 ya había dicho que había un abuso de chicanas, pero eso en el 2021 no fue tomado en cuenta por Carolina Llanes.

El 10 de abril de 2014, otra vez Camilo Soares suspende la audiencia preliminar planteando un recurso de apelación general.

El 18 de noviembre de 2014, sencillamente los acusados no llegaron hora para la preliminar y se volvió a fijar la audiencia para el 2 de diciembre de ese año.

El 2 de diciembre de 2014 se inició la audiencia preliminar, pero se suspendió debido a que había un pedido de sobreseimiento definitivo que planteó en el 2011 el exfiscal Eduardo Cazenave y que no estaba firme según Camilo Soares, pese a que la fiscala Soledad Machuca ya había rectificado ese pedido con su acusación en el 2011.

El 21 de marzo de 2015 se suspendió la preliminar ya que el juez Pedro Mayor, se vio obligado a hacer una consulta constitucional a la Corte sobre la causa.

El 25 de agosto de 2015 se suspendió la preliminar debido a que el abogado Álvaro Arias, presentó una apelación general en representación de Camilo Soares.

El 11 de diciembre de 2015 Camilo Soares suspendió una vez más la audiencia preliminar debido a que planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y no se resolvió.

El 21 de abril de 2016, el juez penal de Garantías Paulino Escobar, finalmente elevó el caso a juicio oral.

Sin embargo pasaron cuatro años para que se realice el juicio, en este tiempo se siguieron presentando dilaciones. En el 2018 cuando el Tribunal de Sentencia estaba por iniciar el juicio oral y las partes ya estaban en la sala, la ministra de la Corte Miryam Peña, solicitó el expediente y suspendió el inicio del juzgamiento. La entonces ministra tuvo dos largos años el expediente en su poder favoreciendo a los acusados a que ganen tiempo y solo en febrero de 2020 reenvió el expediente para que se haga el juicio que culminó con la condena de Camilo Soares y Alfredo Guachiré al ser encontrados culpables de un millonario desfalco a las arcas del Estado. También en medio del juicio se sancionó a Soares y Guachiré por chicaneros.

Pero todo este peregrinar judicial no sirvió de nada ya que la ministra Carolina Llanes, de un plumazo dejó impune el hecho. La ministra no tuvo en cuenta, en este caso, las dilaciones que la misma Corte encontró a través de una auditoría que le hizo al proceso de los “coquitos de oro”.

Carolina Llanes, quien en otros expedientes sí tuvo en cuenta la dilaciones y plazos muertos, a la hora de beneficiar a Soares y Guachiré, optó por matar el proceso y dejar impune un perjuicio de G. 1.200 millones al Estado.

Se trata de Julio Antonio Ramírez, quien es sindicado de haber cometido varios robos en torneos de ex alumnos. La última denuncia fue por un hecho en un complejo deportivo en San Lorenzo.

Según informó Radio Ñandutí, el hombre de 45 años de edad, con antecedentes por apropiación, hurto y orden de captura por estos hechos, fue detenido en el barrio San Pablo de Asunción.

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El último hecho ocurrió el sábado pasado cuando el delincuente ingresó al local deportivo, llegó a la cantina y pidió una gaseosa. En un descuido, se acercó donde los participantes del encuentro habían dejado sus pertenencias y sustrajo un celular de una de las mochilas.

Esta persona ya fue detenida en noviembre del año pasado por los mismos hechos.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, indicó que dos o tres semanas aproximadamente, la cosecha ya irá impactando de a poco en la oferta de nuestro país y los precios se reducirán.

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Sostuvo que la variación del precio del tomate en gran medida se debe a la falta de cosecha en nuestro país y también al comportamiento en el vecino país, ya que nuestro mayor proveedor suele ser Argentina.

“Los precios de las hortalizas deberían oscilar entre los 6.000 a 7.000 guaraníes en finca y tendría que haber llegado a Asunción entre 10.000 y 12.000 guaraníes por kilo”, refirió.

Para el titular del MAG, es cuestión de coordinar con las organizaciones y productores que puedan ofrecer y brindar una oportunidad para que la gente comercialice sus productos de manera atractiva para todos.

“Venta de hortalizas nunca fue fácil en Paraguay, por el tema de contrabando que genera resistencia en la adopción de tecnología. Nadie quiere invertir para producción de hortalizas, porque siempre se vende a mal precio y no era atractivo. Actualmente, eso prácticamente fue desactivado”, puntualizó.

“Ahora va iniciarse la segunda fase de la registración; en septiembre van a venir los aviones y en diciembre están previstos los primeros vuelos”, informó el gobernador Bergen, en entrevista con medios.

“Desde el año pasado estamos con una empresa, con ex dueños de Aerolíneas Amazonas, que se vendió después a Paranair. Ellos ahora quieren formar una línea aérea nacional en Paraguay, y esto incluye también los vuelos hacia el Chaco”, puntualizó.

El gobernador destacó que los empresarios contarán con aviones con capacidad para 76 pasajeros y que los vuelos tendrán como destino a varios puntos del país.

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“Ellos traerán algunos aviones con capacidad para 76 pasajeros, y van a realizar vuelos de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y al Chaco – a Loma Plata y Mariscal Estigarribia- y el plan es realizar viajes cuatro veces por semana al Chaco”, remarcó en la entrevista difundida por el portal estatal IP.

AEROPUERTOS EN EL CHACO

El jefe departamental también afirmó que los aeropuertos de Mariscal Estigarribia y Loma Plata cumplen con los requisitos para operar con aviones.

“El aeropuerto de Mariscal Estigarribia es grande y no tiene ningún inconveniente; en tanto que el de Loma Plata tiene torre de control, tiene combustible, luces y todo lo que se necesita. Aunque la pista es de tierra, pero es seco y cualquier modelo de aviones puede aterrizar sin inconvenientes”, subrayó.

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Destacó igualmente que ya se iniciaron los trámites con la Dinac, para la concesión del permiso para los vuelos comerciales.

“Ya contactamos con directivos y dueña del aeródromo de Loma Plata, ya se firmó la carta de interés y se está trabajando con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) para los trámites de permiso, para la concesión de los vuelos comerciales”, informó.