La instalación de las casetas de guardias de seguridad privada, las ubicadas en las paradas de taxis y los baños portátiles en la vía pública deben contar con permiso municipal y a través de una pedido de informe desde la Junta Municipal se solicitó además que sean retiradas si no cuentan con al autorización correspondiente.

El pedido fue hecho a través de una minuta presentada por la concejala Elena Alfonsi y responde a que estas instalaciones ocupan veredas y paseos centrales de al ciudad y que corresponde como espacio para el desplazamiento peatonal.

“Esta situación que además de ser totalmente irregular en la gran mayoría de los casos, representa un peligro para el transeúnte, que se ve obligado a bajar de la vereda y caminar por la calzada como consecuencia de la instalación de las mismas en un espacio que está expresamente destinado al uso exclusivo de peatones”, menciona el documento.

Señala que todos los comercios privados, centros comerciales, bancos, propietarios de viviendas, paradas de taxis que tengan instaladas casetas o baños privados ya sea con fines de seguridad privada o no sin contar con el previo permiso municipal se encuentran en contravención a la Ordenanza 217/12 en el capítulo V, a la Ordenanza 479/10, Reglamento General de Tránsito en su capítulo I, y la Ley Nº5016 de Tránsito.

Coacción grave, apología del delito y frustración de la persecución y ejecución penal son los hechos punibles atribuidos al intendente de Maracaná, imputado por la fiscal Inés Marcell Estigarribia Recalde.

El caso data del 4 de julio del 2019, ocasión en la que José Florencio Brítez denunció que varias personas invadieron su propiedad en el distrito de Maracaná.

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Según su versión, el intendente de Maracaná fue quien organizó y promovió esta ocupación ilícita. La vía utilizada para la instigación habría sido el sistema de mensajería instantánea Whatsapp.

El denunciante también lo sindica como responsable de instigar a la resistencia al cumplimiento de la orden judicial de desalojo.

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El asesor jurídico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, comisario principal León Almirón, explicó que el caso de María Concepción Cáceres, quien denunció la existencia de una cédula paralela con su identidad, corresponde a un error que ya está siendo subsanado.

“Este tipo de situaciones se daba frecuentemente antes del 2015. Desde la implementación del sistema AFIS en 2017, cualquier intento de renovación genera una alerta si hay duplicidad”, afirmó en entrevista con el canal GEN.

Según detalló, en el caso específico de Cáceres —quien realizó su trámite en la oficina regional de Caaguazú—, se detectó que una mujer fallecida llamada María Auxiliadora Cáceres poseía una cédula con datos similares, lo que generó la confusión. “La señora fallecida tenía la doble cédula, no así María Concepción. Hoy mismo se va a adjudicar el número correcto que le corresponde legalmente”, aclaró.

El comisario indicó que las dobles cédulas pueden surgir por diversas causas, como por ejemplo la doble inscripción en el Registro Civil, cuando un niño es registrado por separado por cada progenitor en distintos momentos; la homonimia perfecta, es decir, personas con nombre, apellido y fecha de nacimiento idénticos, y los errores previos al 2015, cuando una persona solicitaba su documento en distintas oficinas (ante la tardanza de su primera solicitud, iba a otra sede a volver a hacer el trámite, por lo que le salían dos cédulas con dos documentos).

“En el pasado, si uno sacaba la cédula en una ciudad y tardaba, podía ir a otra oficina, y ahí le emitían otro número. Todo eso fue corregido desde el 2015”, sostuvo.

En los casos en que se detecta doble inscripción en el Registro Civil, debe realizarse un juicio de cancelación de instrumento público, lo cual suele tardar entre dos y tres meses. Sin embargo, en el caso de Cáceres, no fue necesario acudir a la vía judicial, al ser un trámite administrativo.

La resolución emitida por la ANTSV aprueba los valores impositivos de vehículos que regirán para este año y que serán utilizados para calcular lo que un conductor debe abonar por su habilitación en la Municipalidad, de acuerdo a la ley 7459/25.

El listado incluye motos, autos, camionetas, camiones, entre otros, y se puede verificar el año, procedencia, modelo y el valor imponible en este enlace.

Según la nueva ley que fija estos costos, el costo de la habilitación se calcula sobre el 0,3% del valor imponible del vehículo. Esta disposición rige para todas las municipalidades, incluida la ciudad de Asunción.

El cálculo se realiza de la siguiente manera: el valor del vehículo que aparece en la lista debe multiplicarse por 0,3, y el resultado dividir por 100. Ese monto es lo que corresponde a la patente del rodado.

La ley también establece la reducción anual del 5% en el valor de vehículos durante los primeros 10 años de antigüedad, es decir, si el auto es modelo 2016, irá reduciéndose cada año hasta el 2026, allí quedará el último valor fijo.

La Organización Paraguay de Cooperación Intermunicipal (Opaci) tiene disponible en su sitio web una pestaña de consulta donde se puede seleccionar fácilmente la marca y modelo del vehículo para determinar el valor imponible y el monto a abonar en concepto de patente municipal.