En mayo de 2018, el diario LA NACIÓN publicó parte de los informes generados tras el escándalo de los Panamá Papers, en los que se reveló cómo las empresas de Vierci eran usadas para cerrar contratos millonarios por los derechos televisivos de los partidos de la selección paraguaya.

Los documentos confidenciales revelaron que A. J. Vierci, tenía varias empresas de portafolio, como por ejemplo Ciffart Sport SA y Juampa Trading Corp., esta última creada en julio de 1996 en Bahamas. Estas empresas tienen en común que fueron gestionadas por el mismo estudio jurídico.

A pesar de haber negado cualquier vínculo con estas empresas, finalmente, cuando se filtró la información, se confirmó que Vierci era accionista de las citadas firmas “de escritorio”, que fueron creadas para hacerse con los derechos de televisación de los partidos de la selección paraguaya y también tenía negocios con al menos una de las empresas acusadas de sobornar a dirigentes del fútbol sudamericano.

CREADA EN PANAMÁ

Según los documentos, Ciffart Sport SA fue creada en Panamá a través de Mossack Fonseca por el Grupo Vierci, apenas unas semanas después de que Juan Ángel Napout -actualmente preso y condenado en EEUU- asumiera como presidente de la APF. Dos meses después consiguió los derechos de televisación de los partidos de la Albirroja. Para ello presentó una oferta de casi US$ 6.000.000, cuando tenía capital declarado de apenas US$ 10.000.

Ciffart Sport SA también aparece vinculada a Datisa, una de las empresas acusadas por la justicia estadounidense de haber pagado sobornos a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para adjudicarse los derechos de transmisión de todas las competencias organizadas por esta última.

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Hasta la aparición de Ciffart, los derechos de televisación de los partidos de la Albirroja eran manejados por TRAFFIC (Ciffart es Traffic al revés), cuyo dueño, el empresario brasileño José Hawilla, confesó haber pagado millonarios sobornos a dirigentes de la FIFA. Llamativamente, una empresa con un capital declarado de apenas US$ 10.000 realizó una oferta de casi US$ 6.000.000 para obtener estos derechos. Cuatro años más tarde, en 2011, la firma habría pagado unos US$ 20 millones por los derechos de televisación de los partidos de la Copa América a nivel local.

El 4 de octubre de 2011 se selló la continuidad de la relación entre Ciffart y la APF, con la firma de un nuevo contrato de cesión de derechos, esta vez por las eliminatorias de Brasil 2014 y Rusia 2018. Como representante de Ciffart se presentó Pablo Troche, quien firmó el contrato.

A cambio de la cesión de derechos, Ciffart le pagó 7 millones de dólares por los partidos de las eliminatorias del 2014 y US$ 8 millones por las Eliminatorias del 2018.

En junio del 2015, a pocas horas del inicio de la Copa América de Chile y siendo centro de un sinnúmero de cuestionamientos por las negociaciones para la cesión de los derechos de transmisión a las radios paraguayas, que debían pagar una cifra exorbitante por las transmisiones, Ciffart Sport pagó un espacio reservado en los medios de prensa escrita en el que aseguraba no tener ni haber tenido nunca relación alguna con las empresas Traffic o Datisa.

Sin embargo, poco después se dio a conocer un contrato por el cual Datisa le cedía los derechos de transmisión radial de los partidos de la Copa América de Chile a Ciffart y esta a su vez a la firma Servicios Digitales SA, otra empresa del Grupo Vierci, que se encargaba de las negociaciones con las diferentes emisoras interesadas en poder transmitir los partidos de la competencia. Los precios de los derechos para las radios oscilaron entre los US$ 20.000 y US$ 5.000. Las negociaciones fueron realizadas por Alejandro Peralta Vierci, director de medios del Grupo Vierci y sobrino de A.J.

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EVASIÓN DE IMPUESTOS

La offshore Ciffart Sport S.A., creada por el Grupo Vierci, dejó de pagar sumas millonarias en concepto de impuestos en el país. La citada firma de portafolios fue instituida en Panamá, y tenía contrato vigente hasta octubre de 2018 para las transmisiones de los partidos por eliminatorias de la Selección Paraguaya, y comercializa los derechos de transmisión de los encuentros de la Albirroja de local a los países sudamericanos. Pese a tener un movimiento de millones de dólares, nunca tributó en Paraguay.

El representante legal de la empresa, con sede en un paraíso fiscal, era Pablo Troche, quien fue asesor jurídico de TV Acción (Telefuturo y Radio Monumental) y está casado con Gisela Peralta Vierci, sobrina de Antonio J. Vierci.

Nicolás Maduro compareció este miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión duró pocos minutos y definió el futuro procesal del exmandatario y su esposa, Cilia Flores. El juez Alvin Hellerstein anunció el 1 de junio de 2027 como el día formal para el inicio del juicio oral.

El acusado enfrenta cuatro cargos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína hacia Estados Unidos. Maduro ingresó a la sala con un uniforme carcelario de color beige y escuchó la traducción mediante auriculares.

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Esta comparecencia constituye su tercera aparición ante la justicia neoyorquina desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.

La defensa técnica, encabezada por el abogado Barry Pollack, busca la desestimación total del expediente. El equipo legal de Maduro presentará una moción de inmunidad soberana el próximo 17 de noviembre. En esa jornada, los defensores argumentarán que Maduro posee protección jurídica por su antiguo cargo de jefe de Estado.

Por su parte, la fiscalía entregará el grueso de las pruebas clasificadas también en noviembre de 2026. El cronograma incluye una segunda ronda de mociones para el 11 de enero de 2027. Mientras el proceso avanza, Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.

Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.

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En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.

Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.

Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.

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Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.

De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.

La iniciativa, presentada por el diputado José Domingo Adorno, fue respaldada por unanimidad durante la reunión de la comisión presidida por el senador Javier Zacarías Irún.

De acuerdo con la exposición de motivos, las precipitaciones provocaron una situación crítica que compromete el acceso de la población a servicios esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos, además de afectar el desarrollo económico y social del departamento.

El proyecto busca dotar al Estado de herramientas para responder a la emergencia y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

En la misma reunión, la comisión también resolvió acompañar la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre el ejercicio profesional de la radiología, al considerar que algunos artículos presentan incompatibilidades con disposiciones de la reforma de la Caja Fiscal.

Asimismo, los senadores respaldaron el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley marco sobre el derecho humano a la alimentación adecuada, al concluir que los argumentos expuestos por el Gobierno son suficientes para sostener la objeción.