Este caso se inició en el 2016 cuando el cura de la parroquia San José de Limpio, fue denunciado por haber manoseado a una joven que ayudaba en la iglesia. Desde entonces el hecho fue conocido como el caso Alexia, haciendo referencia a la menor que fue víctima del suceso.

Tras superar muchos incidentes finalmente en agosto de 2020 se inició el juicio oral para Olmedo, quien fue absuelto al final del mismo, pese a que se presentaron todas las pruebas en su contra y hasta la declaración de la víctima.

Pero los miembros del Tribunal de Sentencia integrado por Dina Marchuk, Hugo Segovia y Leticia De Gásperi lo absolvieron de culpa y pena con el voto a favor de los dos primeros y en disidencia de la última.

Marchuk y Segovia argumentaron que no se cometió el delito de acoso sexual, ya que había una relación de jerarquía entre el sacerdote y la joven, por lo que decidieron absolver al acusado.

El caso fue apelado y en diciembre de 2020 la Cámara de Apelación integrada por Lourdes Cardozo, María Eugenia Giménez y Fabriciano Villalba, anuló la sentencia de primera instancia ordenando un nuevo juicio, pero esta vez la defensa del sacerdote fue la que recurrió a la Corte para atacar lo dispuesto por el Tribunal de Alzada.

En mayo pasado la Sala Penal de la Corte integrada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, rechazó el planteamiento de la defensa del sacerdote y confirmó la realización de un nuevo juicio.

Ahora tras sortearse al nuevo Tribunal de Sentencia, sus miembros ya fijaron el inicio del nuevo juicio para el próximo 23 de setiembre, donde el sacerdote Silvestre Olmedo deberá afrontar el cargo de acoso sexual.

Las autoridades afirman que los carritos de comida ubicados en la zona del Panteón, fueron notificados hace tres meses de que debían tener sus papeles al día. Al no pagar impuestos, no tienen permisos para aprovechar esta zona. También advirtieron que los carritos operaban sin ningún control sanitario, ni de seguridad y con conexiones clandestinas.

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El director de Vigilancia de la Municipalidad, Miguel Stampf, explicó que el retiro de carritos gastronómicos responde a una falta administrativa relacionada con la ausencia de autorización municipal.

Autoridades retiran carritos gastronómicos del Centro de Asunción. Vía: GENTILEZA

La Policía Nacional ya retiró algunos carros y fueron llevados al corralón. Las autoridades lamentaron que no se hayan hecho los procedimientos adecuados, ya que los trámites para los permisos son gratuitos.

Si querés la habilitación, primero tenés que entregar tus antecedentes judiciales y policiales, los certificados médicos y aclarar bien qué vas a vender. Después, te queda esperar la inspección de la Municipalidad, que revisa la seguridad y la higiene para darte el visto bueno para vender comida en la vía pública.

El artículo 1 del decreto establece un incremento del 5 % en relación al salario mínimo actual. El artículo 2 estipula que a partir del 1 de julio del 2026, el nuevo salario será de G. 3.044.000 y el jornal mínimo, G. 117.077,

En el considerando, el documento menciona el acta final de Consam, que habla de elementos que justificarían un ajuste superior al resultante de la variación del IPC, debido a factores como:

Costo de vida, evolución económica y otros indicadores considerados relevantes por el sector. Incluso habla de la posibilidad de que los pagos podrían ser fraccionados o por etapas.

“Las evidencias analizadas reflejan un comportamiento desigual en la evolución de los ingresos reales entre los distintos sectores económicos, así como una afectación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben”, expresa el acta.

Con esto, queda desechada la esperanza que guardaban hasta anoche los industriales, quienes esperaban que el anuncio no fuera la última palabra y que tuvieran una posibilidad de discusión.

Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dijo sentirse enojado y triste con la decisión del Poder Ejecutivo, luego de tanto esfuerzo por la formalidad y el trabajo y por competir, rodeados de dos grandes economías como Argentina y Brasil.

Cuestionó la legalidad del reajuste, pues, desde el 2016, con la modificación del artículo 255, se acordó y se estableció que la fijación se daría con base al IPC acumulado de mayo a mayo. Recordó que fue una regla consensuada y que rigió todo este tiempo.

“No estamos cuestionando si el valor es mucho o poco, es lo que dice la ley”, recalcó Duarte, en una entrevista con Abc Tv.

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El presidente de la República, Santiago Peña, comunicó ayer que el salario mínimo aumentará el 5 % desde el 1 de julio. En su breve alusión a la decisión, explicó que el IPC del 2,4 %, equivalente a 69.000 guaraníes, resulta insuficiente, por tanto, decidió duplicar ese porcentaje. Argumentó que los G.144.950 le parecen un monto equilibrado y que no perjudicará la macroeconomía.

Con la suba de G. 144.952,el salario mínimo, que hoy es deG.2.899.048, pasa a G. 3.044.006.