Este caso se inició en el 2016 cuando el cura de la parroquia San José de Limpio, fue denunciado por haber manoseado a una joven que ayudaba en la iglesia. Desde entonces el hecho fue conocido como el caso Alexia, haciendo referencia a la menor que fue víctima del suceso.

Tras superar muchos incidentes finalmente en agosto de 2020 se inició el juicio oral para Olmedo, quien fue absuelto al final del mismo, pese a que se presentaron todas las pruebas en su contra y hasta la declaración de la víctima.

Pero los miembros del Tribunal de Sentencia integrado por Dina Marchuk, Hugo Segovia y Leticia De Gásperi lo absolvieron de culpa y pena con el voto a favor de los dos primeros y en disidencia de la última.

Marchuk y Segovia argumentaron que no se cometió el delito de acoso sexual, ya que había una relación de jerarquía entre el sacerdote y la joven, por lo que decidieron absolver al acusado.

El caso fue apelado y en diciembre de 2020 la Cámara de Apelación integrada por Lourdes Cardozo, María Eugenia Giménez y Fabriciano Villalba, anuló la sentencia de primera instancia ordenando un nuevo juicio, pero esta vez la defensa del sacerdote fue la que recurrió a la Corte para atacar lo dispuesto por el Tribunal de Alzada.

En mayo pasado la Sala Penal de la Corte integrada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, rechazó el planteamiento de la defensa del sacerdote y confirmó la realización de un nuevo juicio.

Ahora tras sortearse al nuevo Tribunal de Sentencia, sus miembros ya fijaron el inicio del nuevo juicio para el próximo 23 de setiembre, donde el sacerdote Silvestre Olmedo deberá afrontar el cargo de acoso sexual.

La senadora Lizarella Valiente, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que este tipo de encuentros permite fortalecer las propuestas legislativas y garantizar que sean viables en la práctica. “Este proyecto de Ley, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece la obligatoriedad de conservar datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y otros delitos conexos”, señaló.

Durante el debate, se propuso modificar el título del proyecto para reflejar mejor la realidad actual, marcada por una era digital en la que las plataformas y redes sociales facilitan la comisión de diversos delitos, algunos ya tipificados en el Código Penal. “Buscamos ampliar el alcance de esta ley sin desviar su objetivo principal”, explicó la legisladora.

Asimismo, subrayó que la normativa pretende obligar a las empresas proveedoras de servicios a conservar los datos de tráfico durante seis meses, con el fin de facilitar el acceso a información clave en el inicio de investigaciones judiciales.

Finalmente, anunció que se recomendará la aprobación del proyecto con modificaciones consensuadas con todas las partes involucradas, incluyendo proveedores de internet y el Ministerio Público. “Esta ley será una herramienta fundamental para las investigaciones de hechos punibles”, concluyó.

Cabe mencionar que la reunión contó con la participación de representantes de empresas proveedoras de servicios de internet; la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Ministerio Público y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, además de directores de las comisiones de Derechos Humanos y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud.

Ambas intervenciones buscan mejorar la capacidad vial y la seguridad en los accesos a la capital y en la conexión con la ciudad de Luque.

Uno de los principales avances consiste en la presentación de los resultados de los estudios de tráfico realizados y que abarcan la avenida General Elizardo Aquino desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la avenida Ñu Guasú y la calle Leonismo Luqueño. También se incluyó un análisis detallado de las intersecciones de la ruta D025, abarcando los accesos al parque Ñu Guasú y la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, se completaron los estudios de campo de la D025, incluyendo los levantamientos topográficos y el conteo de tránsito. A su vez, se encuentran en desarrollo los estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos, así como el diseño final de ingeniería.

En este diagnóstico se evaluaron las condiciones actuales de circulación en ambas vías, identificando los puntos críticos en ambas arterias. A partir de estos datos, se propusieron soluciones de intervención vial con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar la circulación y garantizar condiciones seguras para peatones y conductores.

La duplicación de la avenida General Elizardo Aquino abarcará 4,4 kilómetros, desde el monumento de Las Residentas hasta la intersección con la autopista Silvio Pettirossi. Entretanto, la ruta D025 será intervenida en un tramo de 6 kilómetros, incluyendo la adecuación de intersecciones clave y la construcción de mejoras para optimizar el tránsito en la zona.

El proyecto prevé la construcción de dos puentes, un viaducto y un intercambiador frente al acceso N.º 2 del parque Ñu Guasú. Estas mejoras permitirán agilizar el tránsito y aumentar la seguridad vial en esta zona clave del departamento Central.

La ruta D025 cuenta con una inversión de G. 167.063.677.052, mientras que la duplicación de la avenida General Aquino demandará G. 133.573.887.296. Ambas obras son financiadas por Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY).

Ayer, un robo de insumos destinados a la merienda escolar fue denunciado en la Escuela Básica N° 2089 Vicente Ovelar Lamas, ubicada en la comunidad de Rincón-i. Los alimentos sustraídos forman parte del programa Hambre Cero.

Según el informe policial, el hecho habría ocurrido en la noche del sábado pasado, donde personas desconocidas se llevaron dos cajas de leche de 12 unidades cada una, dos paquetes de turrón de maní y galletitas de avena, sin dejar rastros evidentes de forzamiento en puertas o ventanas.

La denuncia fue presentada por Cinthia Delrosario Ortiz Bael, encargada de la cocina, quien al llegar a la institución en la mañana del domingo notó la falta de los alimentos.

Ortiz Bael explicó que no se encontraron signos de ingreso violento y que los responsables podrían haber utilizado un objeto largo para extraer los productos.

Efectivos policiales acudieron al lugar para realizar el relevamiento correspondiente, pero la investigación enfrenta dificultades debido a la falta de cámaras de seguridad o guardias en la institución. El caso fue remitido al Ministerio Público para su análisis.