En conferencia de prensa, el presidente del Banco Central del Paraguay fue consultado sobre la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de dinero que salpica a Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

En ese sentido mencionó que todo el actuar técnico del BCP está en línea con el marco legal. “El banco central, a través de la Superintendencia de Bancos, actuó dentro del marco legal y creemos que esa es la línea institucional que siempre el Banco Central ha trazado. La información fue dada por el mecanismo legal (allanamiento vía judicial)”, agregó.

Alegó que la banca matriz trabaja a favor de la transparencia y cooperación con las demás instituciones, pero siempre dentro del marco legal. En ese sentido resaltó que no figura la Fiscalía entre los exceptuados a recibir información resguardada bajo el deber del secreto bancario.

“El país ha trabajado de manera muy rigurosa para posicionarnos en esta evaluación, creemos que todas las instituciones pusieron de lo suyo. El BCP trabajó rigurosamente para estar a la altura de este desafío y su actuación se enmarca dentro del entendimiento legal, eso es lo mejor que se puede hacer”, dijo sobre cómo afectará esta negativa de la Superintendencia en la evaluación de Gafilat.

José Cantero además destacó que en los últimos cinco años el sistema bancario avanzó bastante en el fortalecimiento de los procesos de control y de gobernanza, para hacer frente al flagelo que tanto afecta a la economía, que es el lavado de dinero.

“A través de los conductos legales, el BCP va a estar entregado toda la información a cualquier tipo de institución, porque pretendemos que todas las investigaciones y análisis se hagan con mucha rigurosidad. Las investigaciones y análisis que hace el banco central cuentan con esa orientación. Creemos que las otras instituciones también. Así es que, el hecho de proveer información es vital y proveerlo en la forma y marco legal es el canal que tenemos que llevar adelante. Creo que todo el accionar que estamos describiendo está en línea de un fortalecimiento de nuestro país ante situaciones como la que tendremos en breve”, dijo.

Consultado sobre si la imagen del BCP fue afectada con el allanamiento de la Fiscalía, respondió nuevamente que el Ministerio Público o cualquier institución puede solicitar vía judicial información resguardada por el deber del secreto.

“Nosotros pretendemos que las investigaciones se realicen con toda la rigurosidad en el ámbito que sea. El BCP va a estar proveyendo siempre toda la información con mucha transparencia, rigurosidad, respetando el marco legal. No puede haber un proceso de fortalecimiento institucional sin trazar una línea de respeto a las leyes. El BCP, a lo largo de su trayectoria, marcó una conducta muy respetuosa hacia las leyes, y con ánimos de apoyar a las instituciones públicas y privadas para ir a un proceso de fortalecimiento”, puntualizó.

BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI

El Banco Central con la negativa de proveer información al Ministerio Publico sobre un presunto caso de lavado de dinero no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales.

Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones:

“Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista.

No pasar la prueba impactaría negativa y directamente en muchos aspectos, por ejemplo reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizando el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

José Ocampos, actual titular de Capasa, explicó que el pasado jueves realizaron un inesperado arqueo en caja para constatar en físico un dinero que figuraba en el balance.

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Grande fue la sorpresa cuando exigieron a los responsables del área de Tesorería la llave de la caja fuerte y estos manifestaron que no la tenían en la oficina, sino en sus casas, por lo que, se retiraron para ir a buscarla.

Ante la llamativa demora de los funcionarios, se convocó a una escribana pública, auditoria, un cerrajero y a la propia Policía.

Ocampos comentó a la radio 1020 AM que, finalmente, en horas de la tardecita su pudo abrir la caja y descubrieron la inexistencia de 325 millones de guaraníes, solo encontraron 23.500 guaraníes. El hecho fue denunciado inmediatamente ante el Ministerio Público.

“Una sola persona era el encargado directo. Como se trata de un delito de acción penal pública, fruto de esto las investigaciones van a llegar a lo que todos presumimos y sabemos, que una sola persona no pudo ser participe de todo esto, confiamos en que todo se va a dilucidar”, expresó el titular de Capasa quien, además, agregó que hoy se devolvió el 60% del dinero.

Unos 200 millones de guaraníes fueron devueltos por un abogado, representante del encargado de Tesorería. Según expresó José Ocampos, se comprometieron, a través de una escritura pública, a devolver el resto del dinero la próxima semana.

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El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Sede 1 de Asunción, a cargo de la investigación, informó que el hombre hallado muerto, el pasado domingo 14 de abril; fue identificado como Luis Estigarribia Duarte, de 29 años.

El mismo es oriundo de la localidad Mbaracayú (Departamento de Alto Paraná), según reportes de la Policía Nacional.

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La representación fiscal, solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a sus familiares y proceder a la entrega del cuerpo que permanece en la Morgue Judicial.

La vocera del Gobierno, Paula Carro, informó acerca de la primera reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) e indicó que el plan Hambre Cero es la máxima prioridad del presidente de la República.

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Adelantó que el proyecto pretende ser implementado en muchos distritos del país tras el receso de invierno, es decir, a partir de julio aproximadamente.

Actualmente, están ajustando todos los detalles para que pueda ser ejecutado tal como indica el plan en las instituciones públicas de los 22 municipios seleccionados por ser los más vulnerables del país.

En la reunión de hoy del CONAE, el Ejecutivo pidió acelerar la reglamentación de la Ley 7.264/24, que crea el programa “Hambre Cero en las Escuelas” y para la semana que viene está prevista una nueva reunión donde serán invitados los gobernadores.

La vocera Carro reiteró que los programas ejecutados con recursos del fondo ahora derogado no quedarán desfinanciados. Entre ellos se encuentran el de Arancel Cero, el fondo de Salud y recursos para proyectos de investigación y educación.

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