En conferencia de prensa, el presidente del Banco Central del Paraguay fue consultado sobre la negativa de la Superintendencia de Bancos de proveer información al Ministerio Público, invocando el secreto bancario. Esto en el marco de la investigación sobre supuesto lavado de dinero que salpica a Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

En ese sentido mencionó que todo el actuar técnico del BCP está en línea con el marco legal. “El banco central, a través de la Superintendencia de Bancos, actuó dentro del marco legal y creemos que esa es la línea institucional que siempre el Banco Central ha trazado. La información fue dada por el mecanismo legal (allanamiento vía judicial)”, agregó.

Alegó que la banca matriz trabaja a favor de la transparencia y cooperación con las demás instituciones, pero siempre dentro del marco legal. En ese sentido resaltó que no figura la Fiscalía entre los exceptuados a recibir información resguardada bajo el deber del secreto bancario.

“El país ha trabajado de manera muy rigurosa para posicionarnos en esta evaluación, creemos que todas las instituciones pusieron de lo suyo. El BCP trabajó rigurosamente para estar a la altura de este desafío y su actuación se enmarca dentro del entendimiento legal, eso es lo mejor que se puede hacer”, dijo sobre cómo afectará esta negativa de la Superintendencia en la evaluación de Gafilat.

José Cantero además destacó que en los últimos cinco años el sistema bancario avanzó bastante en el fortalecimiento de los procesos de control y de gobernanza, para hacer frente al flagelo que tanto afecta a la economía, que es el lavado de dinero.

“A través de los conductos legales, el BCP va a estar entregado toda la información a cualquier tipo de institución, porque pretendemos que todas las investigaciones y análisis se hagan con mucha rigurosidad. Las investigaciones y análisis que hace el banco central cuentan con esa orientación. Creemos que las otras instituciones también. Así es que, el hecho de proveer información es vital y proveerlo en la forma y marco legal es el canal que tenemos que llevar adelante. Creo que todo el accionar que estamos describiendo está en línea de un fortalecimiento de nuestro país ante situaciones como la que tendremos en breve”, dijo.

Consultado sobre si la imagen del BCP fue afectada con el allanamiento de la Fiscalía, respondió nuevamente que el Ministerio Público o cualquier institución puede solicitar vía judicial información resguardada por el deber del secreto.

“Nosotros pretendemos que las investigaciones se realicen con toda la rigurosidad en el ámbito que sea. El BCP va a estar proveyendo siempre toda la información con mucha transparencia, rigurosidad, respetando el marco legal. No puede haber un proceso de fortalecimiento institucional sin trazar una línea de respeto a las leyes. El BCP, a lo largo de su trayectoria, marcó una conducta muy respetuosa hacia las leyes, y con ánimos de apoyar a las instituciones públicas y privadas para ir a un proceso de fortalecimiento”, puntualizó.

BCP NO CUMPLE CON NORMAS DE GAFI

El Banco Central con la negativa de proveer información al Ministerio Publico sobre un presunto caso de lavado de dinero no cumple con recomendaciones de carácter internacional a las que Paraguay debe someterse para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales.

Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones, aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero.

Las Recomendaciones del GAFI establecen un marco integral y consistente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Una de las recomendaciones establece la necesidad de cooperación y coordinación nacional entre instituciones:

“Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

Expertos en materia de prevención de lavado de dinero aseguran que con esa actitud se pone en riesgo la evaluación de Gafilat al Paraguay. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista.

No pasar la prueba impactaría negativa y directamente en muchos aspectos, por ejemplo reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizando el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

El procedimiento fue realizado por técnicos de la institución con acompañamiento del Ministerio Público y en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos del Paraguay.

Durante la inspección, los fiscalizadores verificaron intervenciones dentro de la franja de protección hídrica de la laguna, entre ellas la remoción de suelo para adecuar áreas recreativas y modificaciones del terreno para la construcción de isletas. Según el MADES, estas obras no estaban contempladas en los instrumentos ambientales aprobados.

Además, se detectó una disposición inadecuada de residuos sólidos, como botellas de vidrio, latas y materiales plásticos, depositados en fosas a cielo abierto dentro de sectores con vegetación, lo que representa un potencial riesgo para el ecosistema.

El Ministerio informó que continuará con las diligencias administrativas para determinar las eventuales responsabilidades y aplicar las medidas previstas en la legislación ambiental vigente.

La institución señaló que este tipo de intervenciones busca fortalecer las tareas de fiscalización y garantizar la protección de los recursos naturales mediante el cumplimiento de las normas ambientales.

Inicialmente, el Consorcio Palma había solicitado autorización para retirar 34 ejemplares en el marco del proyecto de revitalización del espacio público. Sin embargo, tras las inspecciones, la Comuna aprobó la remoción de solo 17 árboles dentro de la plaza y otros cinco en sus alrededores.

Según la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), la decisión responde a que los ejemplares presentan un avanzado deterioro que compromete la seguridad de las personas o corresponden a especies exóticas invasoras.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, señaló que cada árbol fue evaluado de manera individual y aseguró que la prioridad es preservar el patrimonio arbóreo sin descuidar la seguridad de quienes utilizan diariamente la plaza.

Entre los ejemplares autorizados para su remoción figuran cipreses secos, ficus con problemas estructurales y leucaenas, consideradas especies invasoras.

La Comuna recordó que la Plaza Uruguaya cuenta actualmente con 401 árboles y confirmó que todos los ejemplares retirados serán compensados con la plantación de especies nativas, como tarumá, guaviyú, agua’í, ñandypa y araticú, entre otras.

Las nuevas plantaciones se realizarán en la propia Plaza Uruguaya y, una vez cubierta su capacidad, continuarán en otros espacios públicos cercanos, como la Costanera Norte y plazas de la zona.

Los asegurados interesados en utilizar este servicio ya pueden acceder a la plataforma a través del sitio web oficial de la institución, www.portal.ips.gov.py, o remitir sus consultas al correo electrónico institucional habilitado para soporte técnico: subsidiosreposos@ips.gov.py.

El sistema guía al usuario paso a paso durante la carga de la solicitud, facilitando la presentación de los documentos requeridos según la particularidad de cada caso médico y disminuyendo los márgenes de error durante el proceso.

Entre las principales mejoras técnicas se destaca la generación inmediata de un número de trámite, el cual permite al asegurado realizar el seguimiento de su expediente en tiempo real con solo ingresar su número de cédula.

En caso de que la documentación presente algún error o requiera observaciones, el portal detalla de manera específica qué aspectos deben corregirse, lo que evita que el beneficiario tenga que reiniciar todo el trámite desde cero.

Con esta modernización, la previsional apunta a transparentar la gestión de los subsidios económicos y optimizar la respuesta administrativa para este beneficio de la seguridad social.