En el año 2015 se decretó su arresto domiciliario de Nicolas Leoz en Paraguay, mientras la justicia analizaba su extradición a pedido de los Estados Unidos, donde se enfrentaba a cargos por soborno y asociación criminal.

OPERACIÓN LAVADO ATLAS-LEOZ: Cronología de la operación y cómo se blindó dinero sucio.

Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leoz #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/m2A2bG5ySm

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) August 4, 2021

En el 2016, Leoz logró concretar beneficiosos acuerdos con el banco Atlas, con el principal objetivo de blindar el dinero y evitar que sean objeto de embargo. Los negocios con el banco Atlas se dieron mientras Leoz se encontraba procesado judicialmente.

El 18 de mayo pasado, La Caja Negra reveló el resultado de una auditoría de carácter confidencial y documentos que demuestran el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para lavar parte del dinero desviado por Nicolas Leoz.

El banco Atlas recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía un pedido de extradición y un proceso penal abierto en su contra, más de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sean objeto de embargo.

En fecha 11 de febrero del 2016, Nicolás Leoz negoció dos contratos de fideicomiso con Nicolás Leoz. Ambos fueron celebrados apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “FifaGate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 millones. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales.

En noviembre del 2020 las hijas de Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia.

El 4 de febrero del año 2021 el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana.

Posteriormente, en fecha 7 de junio del año 2021, el superintendente Hernán Colmán Rojas, respondieron que no podían entregar la información que había solicitado el Ministerio Público sobre ls operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz.

El 12 de julio pasado, ante la negativa de la Superintendencia, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento a la dependencia del BCP por parte del juez Humberto Otazú. El magistrado argumentó de que la postura del alto funcionario del BCP, Hernán Colmán Rojas, en nada contribuía al examen que Paraguay está rindiendo ante el Grupo de Acción Financiara de Latinoamérica (Gafilat) referente a la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

A la fecha, la Fiscalía paraguaya avanza en la investigación por supuesto lavado de dinero contra los directivos del banco Atlas, propiedad de familia Zuccolillo.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.

La Dinavisa emitió una nueva alerta sanitaria tras recibir reportes de otras agencias internacionales, en este caso puntual, de la Anvisa de Brasil y de la FDA de Estados Unidos.

La advertencia guarda relación sobre casos de falsificación de toxina botulínica Botox 100U (toxina botulínica A), utilizado en el ámbito de la cirugía estética.

Te puede interesar: Dinavisa emite alerta ante venta de medicamentos y suplementos dietarios sin autorización

Desde el año pasado hasta la fecha, se han identificado unidades adulteradas o falsificadas de los lotes: C7746C3 (val. 04/2025); C7211C4 (val. 08/2026); C3709C3 (val.05/2025); C6835C3 (val. 10/2024 y 12/2024); y C7654C3F.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) logró detectar versiones falsificadas e inseguras de Botox en varios estados y que llegaron a ser administradas a varias personas con fines cosméticos.

Leé también: Dinavisa clausura laboratorio por vender productos sin registro sanitario

Los síntomas en caso de recibir este tipo de productos adulterados incluyen visión borrosa o doble, dificultad para tragar, boca seca, estreñimiento, incontinencia, dificultad para respirar, debilidad y dificultad para levantar la cabeza después de la inyección, entre otros.

Dinavisa confirmó que, hasta el momento, no cuenta con registros sanitarios vigentes para la marca del mencionado producto, aunque de igual manera decide emitir esta alerta para poner en conocimiento a la población, principalmente a médicos cirujanos y pacientes.