La fiscal Lorena Ledesma encabezó este miércoles una serie de procedimientos realizados en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Dichas tareas se efectuaron en prosecución al caso que involucra a cuatro funcionarios de la DINAC detenidos ayer luego de haber sido acusados de formar parte de un esquema internacional de tráfico de drogas.

En ese sentido, se procedió a una inspección técnica en el techo de uno de los sanitarios que habría sido violentado, según información proveniente de la dirección del aeropuerto.

La tarea consistió en una prueba de color y un aspirado para ver si la carga de cocaína pudo ser guardada eventualmente en dicho lugar.

Según explicó Ledesma, una de las hipótesis que se manejan es que allí se pudieron haber escondido los paquetes de droga antes de ser metidos dentro de las maletas de los pasajeros.

Lo que llama la atención en este caso es que fue abierta una parte del cielorraso de un sanitario que tiene acceso directo al sector donde desembarcan las maletas, pudiendo evadir cualquier tipo de control.

Se prevé que el Ministerio Público continúe con más diligencias en el marco de esta investigación que tiene a cuatro funcionarios de la DINAC como principales acusados: Juan Ángel Martinez (46), Edgar Agustín González Giménez (48), Juan Carlos Arguello (41) y Luis Enrique Zayas Garay (23).

La iniciativa dispone el uso —de carácter voluntario— de un emblema con diseño de ñandutí, en colores verde y naranja, para identificar a personas de 65 años o más al volante, con el objetivo de fomentar el respeto, la paciencia y la seguridad vial en el tránsito.

El diputado Saúl González (ANR-Central), uno de los proyectistas, explicó que la propuesta busca fortalecer la seguridad vial y, al mismo tiempo, revalorizar una de las artesanías más representativas del país.

Asimismo, señaló que el planteamiento se encuentra en línea con la Ley Nº 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial, que establece la obligatoriedad de evaluaciones psíquico-físicas anuales para los conductores mayores de 65 años.

El legislador también indicó que la iniciativa recoge experiencias implementadas en otros países con altos estándares en materia de seguridad vial.

El proyecto fue modificado en la Cámara de Senadores, que introdujo como principal cambio el carácter voluntario del distintivo, criterio que fue aceptado por Diputados. “No causa agravio a quienes deseen utilizarlo ni a quienes no”, expresó González durante el tratamiento.

Desde la Comisión de Legislación y Codificación, su titular, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), recomendó acompañar la versión del Senado, postura que también fue respaldada por el diputado Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú), presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones.

El texto establece que el símbolo deberá colocarse de forma visible en la parte delantera y trasera del vehículo, aunque no podrá ubicarse en el parabrisas ni en las ventanillas. Deberá ir adherido a la carrocería, a una altura de entre 40 y 120 centímetros desde el suelo, y tendrá un diámetro máximo de 15 centímetros.

Además, se dispone que el diseño oficial será definido, registrado y difundido por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a fin de garantizar su uniformidad en todo el país.

La normativa también insta a los demás conductores a extremar la precaución y la cortesía al interactuar con vehículos que porten este distintivo.

Con la sanción de Diputados, el proyecto queda remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual objeción.

Tras la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo este martes, a las 6 personas aficionadas del club Cerro Porteño se les impuso la prisión preventiva, medida que había sido solicitada por la Fiscalía.

Se trata de Marcos Antonio López Duarte, Junior Ariel Alcaraz Vera, Martín Insfrán Insfrán, William Gabriel Santacruz, Pedro Pablo Benítez Sánchez y Maximiliano Sebastián Servín Vaesquen.

Estas personas estarán recluidas durante 10 días en el Departamento de Judiciales de la Policía, y luego deberán ser remitidas a otras penitenciarías.

A uno de los barrabrava se lo sindica como responsable de arrojar un cascote de gran tamaño dentro del estadio.

En cuanto a las otras cinco personas, todas están procesadas por perturbación de la paz pública, pero fuera del estadio, no en las gradas.

Estas habrían arrojado piedras y otros objetos a buses que transportaban hinchas y a Policías que se encontraban en la zona.

El posicionamiento surge en un contexto marcado por acciones como la difundida por ABC Color, donde indígenas paraguayos pidieron en Italia frenar la compra de cuero vinculado a zonas deforestadas.

Desde la industria, sin embargo, rechazan esas acusaciones y apuntan a ONG como Earthsight y Global Witness como responsables de una ofensiva sostenida contra el sector.

El presidente de la Cámara del Cuero, Emilio Bedoya, afirmó a Universo 970 AM, que los ataques se remontan a varios años atrás y denunció incluso operaciones encubiertas.

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“Desde 2018 empezaron los ataques por parte de ONG con sede en Londres. Enviaron supuestos clientes que en realidad eran agentes encubiertos, recorrieron curtiembres, frigoríficos y campos, y montaron una campaña sucia con imágenes fuera de contexto”, sostuvo.

Bedoya también acusó presiones directas sobre compradores europeos. “Estamos peleando con un fantasma que publica en Europa y chantajea a los clientes. Visitaron a nuestras principales industrias compradoras y lograron que una de las mayores empresas de tapicería automotriz firme un compromiso de no comprar más cuero paraguayo”, señaló.

Según explicó, esto provocó un fuerte impacto en el posicionamiento del producto nacional. “Ahí prácticamente se terminó el negocio con Europa. Pasamos de un cuero de primera línea a uno de tercera”, afirmó.

Pese a este escenario, el sector sostiene que la producción paraguaya cumple con estándares ambientales y sociales internacionales, y destaca los avances en sistemas de trazabilidad para garantizar el origen sostenible del cuero.