La defensa de las procesadas presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la fecha de audiencia de imposición de medidas.

Los abogados alegaron no tener acceso a la carpeta fiscal.

Sin embargo, la magistrada no hizo lugar a la reposición y remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones.

La jueza dijo que, en su momento, los abogados de las imputadas solicitaron el acceso de la carpeta y que esta no la fue entregada, por lo que sería una causal de indefensión.

“Sin embargo, tal situación no afecta al proveído dictado por el juzgado en el sentido de que la admisión de la imputación se basa exclusivamente en que se han cumplido los requisitos procesales”, explicó Sánchez.

La magistrada agregó que hay un marco penal sobre el cual gira la investigación.

“Entonces, eso me dice que mi providencia no está desajustada a derecho, al contrario, se ha dado cumplimiento”, aclaró.

El expediente sube a un Tribunal de Apelaciones. Hasta tanto no se resuelva la apelación, no se podrá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 19 de junio.

El Ministerio Público, el pasado 10 de junio, imputó a directivos de la empresa Imedic y a un despachante de Aduanas por el caso de la provisión de medicamentos falsos. El fiscal Marcelo Pecci solicitó prisión preventiva para los investigados.

Se trata de la presidenta de Insumos Médicos SA, Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, y la directora de la misma firma, Nidia Godoy Ojeda. El despachante de Aduanas es Néstor Domingo Ramírez.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Prosigue búsqueda de supuesta “monja” acusada de explotar a menores

Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

Te puede interesar: Inician sumarios administrativos por muerte de niña en Hospital de Caacupé

Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

Leé también: No la atendieron por carecer de cédula: investigan muerte de bebé en el hospital de Minga Guazú

La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.