Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz, habían presentado el requerimiento conclusivo en el caso que afrontan el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial Superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles Frustración de la Persecución y Ejecución Penal, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y por Alteración de Datos relevantes para la prueba. Ahora, el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, elevó el caso a Juicio Oral y Público, tras el pedido de la representación fiscal. La agente fiscal Alma Zayas representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar donde se elevó la causa a Juicio Oral y Público.

Los sindicados serían responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición a Brasil. El caso se deriva tras la investigación del atentado en el que murieron dos personas, durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de 2022. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio N° 4, de fecha 27 de diciembre de 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías n.° 9 de Asunción, Abg. Elio Roben Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

En consecuencia, en fecha 4 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a causa, el dato de: “detención con fines de extradición”; y, en el campo correspondiente a estado, el dato de: “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero de 2020, el suboficial Superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía Nacional, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018” a “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019”; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

Seguidamente, en fecha 20 de mayo de 2020, este mismo usuario “ayalaf”, ingresó nuevamente a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente además, en el campo de sentencia, consignó: “AI 1185”.

Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020, el mismo suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la misma ficha, modificándolo y volviendo a los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.

En fecha 23 de abril de 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021”; la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644”; la situ: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006”; y el estado: “antecedentes”.

Asimismo, en la misma fecha, 23 de abril de 2021, este mismo operador “vargasr”, modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a: “N” (que significa nulidad).

Por último, en fecha 31 de enero de 2022, día siguiente del atentado, el suboficial inspector con el usuario “vargasr”, ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; causa n.° 546-2018; juez: Elio Rubén Ovelar; causa: Incumplimiento del Deber Legal Alimentario (mantuvo carga anterior); estado: detención preventiva con fines de extradición”.

En la misma fecha, 31 de enero de 2022, el operador “vargasr”, ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de: “incumplimiento del deber legal alimentario” a: “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

El suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de Homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino, de notoriedad pública, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.

Diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, fueron beneficiadas este martes con cirugías gratuitas de cataratas en el Hospital Regional de Concepción, con lo que la cifra de pacientes intervenidos asciende a 114 desde el inicio del programa, el pasado 13 de abril.

Las intervenciones son realizadas todos los martes, con un promedio de entre ocho y diez cirugías por jornada, mediante un servicio especializado y sin costo para los pacientes.

El programa es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la I Región Sanitaria, y busca ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos para personas que necesitan recuperar su capacidad visual.

Durante la jornada, el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y la gobernadora de Concepción, Liz Meza, visitaron el Hospital Regional para conocer el funcionamiento del servicio y dialogar con pacientes y profesionales.

¿Cómo acceder a una cirugía gratuita de cataratas?

Las personas interesadas deben acudir de lunes a viernes al Hospital Regional de Concepción. El agendamiento se realiza en el día, a partir de las 06:00.

Posteriormente, los pacientes pasan por una evaluación en el Consultorio de Oftalmología, donde se realizan la consulta médica, los estudios prequirúrgicos y la valoración para determinar si requieren la intervención.

Los beneficiarios provienen de diferentes zonas del país, entre ellas Pedro Juan Caballero, San Pedro, Puerto Casado, Horqueta y varios distritos del departamento de Concepción.

Una cirugía de rápida recuperación

Las operaciones se realizan mediante facoemulsificación, una técnica considerada estándar para el tratamiento de las cataratas.

El procedimiento consiste en fragmentar mediante ultrasonido el cristalino que perdió su transparencia, a través de una pequeña incisión, para luego reemplazarlo por un lente intraocular plegable.

Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que permite una recuperación rápida y una importante mejoría de la visión.

Desde el inicio del programa, los pacientes intervenidos han recibido el alta médica con evolución favorable, permitiéndoles recuperar su capacidad visual y mejorar su calidad de vida.

Con estas jornadas, Salud Pública busca descentralizar la atención oftalmológica y acercar cirugías especializadas, gratuitas y de calidad a pacientes que necesitan recuperar la visión.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.