Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz, habían presentado el requerimiento conclusivo en el caso que afrontan el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial Superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles Frustración de la Persecución y Ejecución Penal, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y por Alteración de Datos relevantes para la prueba. Ahora, el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, elevó el caso a Juicio Oral y Público, tras el pedido de la representación fiscal. La agente fiscal Alma Zayas representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar donde se elevó la causa a Juicio Oral y Público.

Los sindicados serían responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición a Brasil. El caso se deriva tras la investigación del atentado en el que murieron dos personas, durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de 2022. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio N° 4, de fecha 27 de diciembre de 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías n.° 9 de Asunción, Abg. Elio Roben Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

En consecuencia, en fecha 4 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a causa, el dato de: “detención con fines de extradición”; y, en el campo correspondiente a estado, el dato de: “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero de 2020, el suboficial Superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía Nacional, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018” a “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019”; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

Seguidamente, en fecha 20 de mayo de 2020, este mismo usuario “ayalaf”, ingresó nuevamente a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente además, en el campo de sentencia, consignó: “AI 1185”.

Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020, el mismo suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la misma ficha, modificándolo y volviendo a los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.

En fecha 23 de abril de 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021”; la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644”; la situ: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006”; y el estado: “antecedentes”.

Asimismo, en la misma fecha, 23 de abril de 2021, este mismo operador “vargasr”, modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a: “N” (que significa nulidad).

Por último, en fecha 31 de enero de 2022, día siguiente del atentado, el suboficial inspector con el usuario “vargasr”, ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; causa n.° 546-2018; juez: Elio Rubén Ovelar; causa: Incumplimiento del Deber Legal Alimentario (mantuvo carga anterior); estado: detención preventiva con fines de extradición”.

En la misma fecha, 31 de enero de 2022, el operador “vargasr”, ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de: “incumplimiento del deber legal alimentario” a: “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

El suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de Homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino, de notoriedad pública, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.

El presidente del Senave, Pastor Soria, informó durante una entrevista en la radio 650 AM que el motivo principal del encarecimiento es la dificultad de Paraguay para importar el producto, a causa de fenómenos como la sequía o inundación a nivel regional.

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Refirió que tanto en nuestro país como en Brasil y Argentina, las temperaturas superaron lo 40°C, lo cual impidió el tomate pueda seguir su proceso.

“Este año tuvimos temperaturas de más de 45°C y eso hace prácticamente perder un ciclo de cultivo, y lo mismo pasó en Argentina, Brasil, eso hace que hoy no se consiga el volumen requerido”, expresó Soria.

Aumentó, no solamente el precio del tomate que está entre 22.000 y 25.000 guaraníes por kilo, sino prácticamente de todos los rubros frutihortícolas. Esto se debe a que nuestro mercado depende exclusivamente de lo que se tenga en Argentina y Brasil, y de lo que el productor pueda conseguir, según el titular del Senave.

“Lastimosamente, desde esta semana se disparó el precio. Hasta la semana pasada, estaba dentro de la norma, manejamos un precio de 140, 120, pero esta semana llegó a 300.000, ese es un tema histórico para nosotros. No recordamos este precio de 300.000 por caja de 20kg”, agregó.

Las declaraciones del mandatario fueron en el marco de su jornada castrense en el Comando de Artillería, con sede en la ciudad de Paraguarí, donde aprovechó la ocasión para presenciar, junto al ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, el cierre del entrenamiento intensivo de 6 semanas de 124 nuevos agentes penitenciarios que se desarrolló en esa unidad.

El entrenamiento es con miras al Nuevo Modelo Penitenciario que tiene como componente nociones de orden y disciplina, así como conocimientos jurídicos y de DDHH.

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El plan de estudios está diseñado para abordar desafíos del sistema penitenciario y también desechar la corrupción y las viejas prácticas de complicidad con los clanes criminales.

Al respecto, el presidente Peña agradeció la predisposición de las autoridades de las FFAA, que adiestraron a los nuevos agentes penitenciarios sin pertenecer a las filas militares, lo que el mandatario calificó como un hecho histórico.

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“La seguridad nacional es un concepto innegociable; en el Paraguay no habrá desarrollo, ni progreso si en el país no hay seguridad”, dijo Peña.

El presidente también agradeció al ministro Barchini y a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia por el trabajo que se está realizando para restituir el orden y el control en los centros penitenciarios.

“Es una cantidad importante de personas que están afectadas a este problema. Hay un plan que está en marcha para hacerle frente, a pes de que los recursos que se tiene”, dijo Gutiérrez en conversación con la 1020 AM.

Subrayó que el proceso para el abordaje, consta de pone a los afectados en programas de desintoxicación, por un lado, y luego un tratamiento para darle seguimiento para su inserción. Eso -apuntó- requiere de ingentes medios, desde la perspectiva de abordaje oficial.

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El ministro Gutiérrez puso de ejemplo el caso del chico de 14 años, adicto, que robó 19 computadoras de la Universidad Católica, requiere un período para desintoxicarle de su adicción (al crack) que después necesariamente implicará seguir el acompañamiento, para evitar su reincidencia en el consumo.

Cabe indicar que el gobierno lanzó un programa interinstitucional, para hacer frente a la epidemia de adicción a las drogas, principalmente el crack.