Ante el incumplimiento legal del superintendente Hernán Colmán Rojas, el juez Humberto Otazú dio vía libre a los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera a allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, organismo dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP) que se negó a proporcionar información referente a una investigación de supuesto lavado de dinero de Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

En entrevista con canal GEN, el juez Otazú explicó que correspondía el allanamiento en virtud a las normas vigentes. En ese sentido citó que la Ley N. 5787/16 de Modernización y Fortalecimiento de las Normas que Regulan el Funcionamiento del Sistema Financiero Paraguayo, la cual modifica la Ley N. 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”, prevé expresamente al Ministerio Público dentro de las excepciones al secreto bancario.

Por ello no correspondía la negativa, en dos oportunidades, del superintendente Hernán Colmán Rojas a proporcionar la información requerida por el Ministerio Público alegando el secreto bancario, ya que el deber de secreto no rige cuando la información es requerida por la Fiscalía General del Estado y los agentes fiscales que conforman el Ministerio Público, en el marco de las atribuciones que le son legalmente conferidas por la legislación.

“Cuando el secreto bancario está levantado por ley, se debe dar cumplimiento, y no admite que alguna institución (como el BCP en este caso) pueda interpretar los alcances o no de la norma, ya que eso lo hace el Poder Judicial por mandato constitucional. En este caso el Ministerio Público lleva adelante una investigación y tuvo algún informe de que pudo haber ocurrido una irregularidad, entonces debe recabar información, pero cuando una autoridad financiera se niega en contrasentido a una ley, entonces recurre al juzgado”, comentó al respecto.

Por otra parte dijo que tomó como válido el argumento de la Fiscalía referente a que esta negativa afectaría la evaluación de Gafilat, al considerarlo como un fundamento de razonamiento lógico, jurídico y hasta político. “Estamos a puertas de una evaluación, yo formo parte de algunas mesas de trabajo referente a este tema, y me sorprendió un poco porque el trabajo que se viene haciendo con la Seprelad, el BCP y la Superintendencia es muy bueno; no sé qué circunstancias se dieron (para la negativa), es todo lo contrario a lo que venimos haciendo, me sorprendió un poco, pero también considero que pudo haber existido un mal asesoramiento de lo que dice la ley”, agregó.

Consultado sobre si el alto funcionario del BCP se expone a una investigación penal por haberse negado a colaborar con la ley, el magistrado respondió que “al estar al servicio de la ciudadanía, tiene obligaciones que cumplir. (…) Si existió algún tipo de perjuicio o retraso en la investigación, sí podría darse algún tipo penal, pero para ello primero debe analizarse toda la circunstancia de lo que se dio en esta solicitud de pedido de informe. Toda acción del Ministerio Público conlleva consigo una responsabilidad, ya sea civil o penal o administrativa”.

En su resolución, el magistrado ordenó realizar el allanamiento en las dependencias de la Superintendencia y de sus oficinas administrativas, ubicadas en la sede del Banco Central del Paraguay, a los efectos de verificar e incautar los siguientes documentos:

1- La copia autenticada de la nota de la Superintendencia de Bancos número 01600/2016, así como la respuesta brindada a la misma por parte del banco Atlas.

Este documento tiene relación con los informes solicitados por la Superintendencia de Bancos en el año 2016 sobre la constitución de los fideicomisos entre el Sr Leoz y el Banco Atlas.

2- La copia autenticada de notas y documentos remitidos por el banco Atlas referidos a la información sobre el origen de los fondos relacionados a Nicolás Leoz.

La solicitud de esta documentación guarda relación con la inspección “extra situ” realizada por la Superintendencia de Bancos en el año 2015 en relación a las operaciones entre el Sr. Leoz y el Banco Atlas. La inspección se realizó por el perfil de “alto riesgo” que en ese momento representaban las operaciones comerciales de Leoz con el Banco Atlas.

3- Las copias autenticadas y comunicaciones remitidas por el área de Supervisión en materia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo al banco Atlas, con relación a Nicolás Leoz, y las respuestas del banco Atlas.

Mediante este aval judicial, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público procedió a allanar el martes de la semana pasada las oficinas de la Superintendencia de Bancos e incautar información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

El expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, lamentó la semana anterior que la dependencia del BCP se haya negado a cooperar con la Justicia desde un principio y que ello derivara en el bochornoso allanamiento a la banca matriz.

Las fuertes precipitaciones provocaron grandes raudales en varios puntos de la ciudad, especialmente, en la zona del arroyo San Juan donde hoy murieron dos mujeres arrastradas por el agua.

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Esta situación motivó a los ediles luqueños a declarar la ciudad en emergencia y determinar qué acciones tomar para ayudar a los pobladores afectados y prever que otra situación similar, no vuelva a ocurrir.

Para buscar una salida a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias, la concejala Belén Maldonado planteó como primera medida, crear un Comité de Emergencia, lo cual fue aprobado por los demás miembros de la Junta.

Este comité estará conformado por dos representantes liberales y dos representantes colorados, quienes serán los encargados de determinar qué acciones tomar ante una crisis.

Luque fue golpeada este miércoles luego de que Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19) murieron tras ser arrastradas por un raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

En conferencia de prensa tras reunión entre representantes de gobernadores, intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo, se dio anuncio de la reglamentación de la ley «Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo)”.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que la reglamentación establece el delineamiento general de la implementación de la alimentación escolar, aspectos legales y la intervención de las autoridades competentes.

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“Con esto arranca el gran desafío de llevar adelante esto. El objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, sostuvo el ministro Rojas.

Señaló además que en una primera fase, la provisión se hará en 75 distritos de 7 departamentos con mayor prioridad, conforme a los indicadores de mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Anunció también que el llamado a licitación se estaría dando entre el 6 y 10 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó que el objetivo es llegar con alimentos los 280 días de actividad escolar. “Es un día de mucha alegría para la educación paraguaya, para las escuelas y sobre todo para nuestras familias. Aquí hay un trabajo en conjunto en beneficio de nuestros niños”, indicó

“Sin alimentación, no puede haber aprendizaje. Hoy los que estamos en educación tenemos que estar muy felices. Es un día de celebración para todos”, subrayó Ramírez.

La muerte súbita se produjo sobre Tavyterã casi Avda. Fernando de la Mora, del barrio San Pablo de Asunción.

Al respecto, el agente fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía Barrial 1, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre.

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Tras las diligencias de la representación fiscal y de acuerdo al informe dactiloscópico, se trata de Lorenzo Samaniego Olivera, de 37 años, oriundo de la localidad de Ypané, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial.

Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos (021) 550 – 649 / 550 – 810 / 550 – 640, o bien al +595 981 507598, perteneciente a la morgue.